Tensiones en el oficialismo por presos del estallido

Cuando todavía no han transcurrido dos semanas desde la instalación del nuevo gobierno, ya se avizora lo que aparenta ser la primera fractura política en el oficialismo, a raíz de la decisión del gobierno de colocar suma urgencia al proyecto de ley que entrega un indulto a los llamados “presos del estallido social”, medida que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos sobre todo por parte de senadores socialistas.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, justificó la decisión como una forma de “conseguir la verdad y conseguir justicia respecto a los distintos casos que han ocurrido de violaciones a los derechos humanos”, y desde el propio gobierno se ha hecho hincapié en que hay un especial interés del Ejecutivo por sacar adelante este proyecto, por tratarse de un compromiso de campaña.

La iniciativa, que se originó en una moción de senadores de la entonces oposición -presentada en diciembre de 2020-, no ha logrado ser aprobada en la Cámara Alta, pues no se cuenta con los votos suficientes para conseguir su aprobación, considerando que la centroderecha en bloque ha rechazado este proyecto, en tanto que varios parlamentarios del oficialismo también habían expresado reparos a la redacción original. La Comisión de Constitución del Senado de hecho introdujo modificaciones sustantivas a la iniciativa -por de pronto, ya no se habla de “indulto”, sino de amnistía, que corresponde mejor al objetivo que se busca, al beneficiar tanto a formalizados como condenados-, pero aun así hay serias dudas de que los votos necesarios estén disponibles. Precisamente, los senadores socialistas han reprochado al ministro Jackson el buscar acelerar la aprobación del proyecto sin hacer de por medio un trabajo prelegislativo que asegure su aprobación.

Liberar de responsabilidad penal a quienes enfrentan cargos en la justicia por graves desmanes ocurridos en el marco del llamado estallido social envía una señal muy contradictoria desde el punto de vista del orden público, dejando en total impunidad hechos que significaron una grave destrucción de la propiedad público y privada. A esta señal se suma la decisión del gobierno de retirar todas las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado -también por hechos acontecidos en el marco del estallido-, medida que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, lo que aleja aún más la posibilidad de que votos de este sector estén disponibles en el Senado.

Si bien es legítimo que el gobierno busque la aprobación de una iniciativa que estima fundamental, llama la atención que esté buscando acelerar su tramitación sin haberse asegurado antes de que estén los votos en la Cámara Alta, a fin de no arriesgar un rechazo que impediría seguir adelante con su tramitación. Ello abre la interrogante de si este paso se está dando como algo meramente testimonial -a sabiendas de que se va a perder-, o si en cambio se trata de un improvisado manejo legislativo, algo que en cualquier caso pone en entredicho las capacidades del Ejecutivo para articular acuerdos y ordenar a sus propias filas, sin perjuicio de los negativos efectos que conllevaría para el país aprobar una legislación de esta naturaleza sin el suficiente debate que aborde sus múltiples implicancias.