Territorios sin Estado, una realidad inaceptable

Las investigaciones derivadas del secuestro y asesinato del ex teniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda llevaron a descubrir su cuerpo sepultado en una toma de Maipú. Un hecho que volvió a poner en evidencia la existencia de sectores de nuestro país y de nuestras ciudades donde la ausencia de la acción del Estado genera las condiciones favorables para que con el tiempo la coacción o el amedrentamiento de bandas criminales se impongan y las actividades delictivas o su encubrimiento se vuelvan habituales. Un panorama especialmente complejo si se toman en cuenta las declaraciones del alcalde de Maipú, que señalaba hace unos días las dificultades y agresiones que enfrentan los funcionarios municipales que intentan intervenir precisamente en el sector de la comuna donde fue encontrado el cadáver del refugiado venezolano.

El caso de la comuna de Maipú, sin embargo, está lejos de ser excepcional. Esta semana, por ejemplo, volvió a concentrar la atención otro territorio que se ha transformado en emblemático en la Región Metropolitana, la toma Nuevo Amanecer en la comuna de Cerrillos, que se emplaza en los terrenos donde estuvo el vertedero Lo Errázuriz hasta 1995. Hoy, con más de 14.000 personas viviendo en el lugar, es la más grande toma de la región, con construcciones sólidas, iglesias, negocios comerciales y discotecas, y verdaderos barrios según nacionalidad de origen. Ha sido la propia autoridad municipal la que ha denunciado la grave situación que se vive allí. Esta semana la alcaldesa (s), insistió que si bien una parte de sus habitantes son gente trabajadora, hay otro sector “de delincuencia, narcotráfico y prostitución”, donde hay “casinos de juegos, discotecas y un matadero clandestino”. Incluso aseguró que se comentaba la existencia de un cementerio ilegal, cuya verificación no ha sido posible. Una afirmación recogida por el Ministerio Público que iniciará una investigación de oficio para confirmar o desechar dicha información.

Lo anterior grafica la magnitud y gravedad de una situación que se replica no solo en la Región Metropolitana sino también en otras zonas del país y da cuenta de las dificultades que enfrentan las distintas administraciones comunales para hacerse cargo del tema y lograr una respuesta efectiva. “Lo que necesitamos es seguridad, ya estoy aburrida de las mesas de trabajo con el gobierno y Serviú, porque esto ya se escapó de las manos”, apuntaba hace un tiempo la alcaldesa de Cerrillos, y sus palabras fueron reforzadas esta semana por la edil subrogante al señalar que “lo que pedimos es que por favor vengan y nos hacemos parte en conjunto, porque el municipio solo no puede”. El fenómeno, además, ha crecido en forma acelerada a partir de la pandemia, ante la necesidad de vivienda de quienes no podían seguir arrendando y del flujo desordenado de migrantes.

Más allá de apuntar a las responsabilidades de quienes han permitido que esta situación se haya ido consolidando y a las acusaciones cruzadas desatadas en el último tiempo, el hecho es que no es aceptable que dentro del territorio nacional existan territorios como la toma Nuevo Amanecer donde hay una ausencia total de la acción del Estado, favoreciendo espacios de impunidad. La evidencia muestra aquí y en otras ciudades del continente -como por ejemplo en las favelas de Brasil-, que si el Estado no cumple con sus deberes de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que los ciudadanos ejerzan adecuadamente sus derechos, la actividad delictiva y las organizaciones criminales van copando los espacios e imponiendo sus propias reglas. Una realidad que el narcotráfico va agravando y cuya solución se torna cada vez más compleja de abordar y erradicar.

La situación ha llegado a un punto crítico si se quieren evitar derivas más peligrosas. Por ello, es necesario imponer un sentido de urgencia, que exige el acuerdo de todos los sectores para enfrentar el problema, abandonando ideologismos y trincheras. Un mejor control policial, un reforzamiento de la inteligencia y una mayor coordinación de las autoridades para ir generando soluciones, es fundamental. Como han apuntado los alcaldes, el tema no puede quedar exclusivamente en manos del municipio y requiere un enfoque más amplio e integral. Sólo así será posible recuperar el control del territorio y permitir que quienes viven en barrios cercanos puedan volver a gozar de una mejor calidad de vida, afectada por externalidades negativas, incivilidades y mayor inseguridad. Pero también que quienes permanecen en las tomas mientras estas no sean erradicadas, se liberen del condicionamiento que imponen las bandas y no sufran las limitaciones y los riesgos de la marginalidad.