Tibia respuesta de Chile ante agravio chavista

Sin exhibir prueba alguna de sus dichos, el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab lanzó graves acusaciones al afirmar que el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda -hecho ocurrido en febrero, tras haber sido secuestrado desde su hogar en la comuna de Independencia- fue cometido por grupos de inteligencia chilenos y extranjeros, operación que tuvo por propósito enturbiar la relación entre ambos países. Cuestionó duramente la investigación que lleva a cabo la fiscalía chilena por este caso, y desestimó que los dos ciudadanos venezolanos contra los que se despachó orden de captura por su presunta vinculación con este crimen vayan a ser extraditados.

Con ello el régimen venezolano ha dejado en claro su nula voluntad con el esclarecimiento de este crimen, confirmando que las señales de cooperación que el propio Nicolás Maduro había ofrecido al Presidente Gabriel Boric con el fin de profundizar la lucha contra el crimen organizado solo fueron maniobras meramente distractivas.

Las relaciones con Venezuela ya venían fuertemente tensionadas luego de que la investigación de la Fiscalía determinara que el crimen de Ojeda fue planificado en el exterior, respondiendo a motivaciones políticas. Dado que Ojeda era perseguido por el régimen venezolano -Chile de hecho le había concedido el estatus de refugiado-, resultó inevitable sospechar que los servicios de inteligencia de Maduro estuvieron detrás del crimen cometido en suelo chileno. Esta posibilidad motivó la solicitud desde diversos sectores para romper relaciones diplomáticas con Venezuela. La situación se vio aún más tensionada cuando el canciller de dicho país negó la existencia del Tren de Aragua, señalando que era una invención de los medios. La Cancillería chilena respondió llamando a consultas a nuestro embajador en Caracas, quien finalmente regresó, pero bajo el entendido de que Venezuela prestaría toda la colaboración del caso para esclarecer el asesinato de Ojeda, lo que no ha ocurrido.

La intempestiva delegación de fiscales venezolanos que Tarek Saab envió a Chile para “coadyudar” en la investigación del caso Ojeda no tuvo ningún resultado -la Fiscalía chilena acertadamente se negó a darles acceso a las carpetas-, alimentando las dudas de que lo único que el régimen buscaba con ello era hacerse de información confidencial o buscar pretextos para entorpecer el proceso, como de hecho sucedió.

Por todo lo anterior sorprende que frente al portazo que la Fiscalía venezolana acaba de dar en relación con el caso Ojeda y el agravio hacia la institucionalidad chilena, el gobierno chileno haya respondido con una tibia nota de protesta, sin expresar una condena enérgica ante un desprecio semejante. La Cancillería ha descartado una ruptura de relaciones diplomáticas a partir de este incidente, recordando que es necesario mantener canales de comunicación vigentes.

Si bien puede haber razones más de fondo que justifiquen no romper relaciones con Venezuela -por de pronto nuestra tradición ha sido siempre contraria a la ruptura de los vínculos diplomáticos-, inexplicablemente se dejó pasar la oportunidad para haber manifestado con más energía nuestro repudio frente al agravio recibido y denunciar con claridad ante la comunidad internacional las prácticas del régimen -el cual ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos, persecución y asesinato de disidentes-, porque es claro que Maduro y su régimen actúan a su antojo, sin que ello conlleve repercusiones.