Tope de sueldos en el gobierno: una señal positiva

Hace algunos días, La Tercera dio cuenta de dos instructivos que estaba preparando el nuevo gobierno para la contratación de personal en las distintas reparticiones, específicamente cuando se trata de personas de exclusiva confianza, contratadas bajo el régimen de honorarios. Un tema especialmente contingente considerando el proceso de instalación de una nueva administración. Uno de ellos establecería para estas contrataciones un tope de los sueldos en relación a la remuneración del subsecretario de la cartera. Dependiendo del grado académico y experiencia laboral, ésta debería representar entre 50% y 65% del ingreso de referencia.

La medida, que responde a que debe haber “reglas de austeridad, probidad y transparencia para la contratación de personal a honorarios (...)”, es una buena señal, que, sumado a las restricciones para la contratación de parientes, avanza en la dirección correcta. Es de esperar que se aplique según las definiciones hechas, porque es un paso importante que permite dejar claro que existe una realidad en el país que demanda racionalidad en el uso de los recursos, acortar las brechas con la realidad del resto de la población y elevar los estándares en la administración pública.

El país inició ese camino en 2020, cuando entró en vigencia -tras seis años de debate- la reforma constitucional que permitió rebajar en 25% los sueldos de parlamentarios, ministros y otros funcionarios públicos -y en un rango menor otras autoridades-, tras una propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública. La misma reforma estableció la creación de una comisión que cada cuatro años -con una anticipación de 18 meses- fijaría las remuneraciones de altas autoridades, incluido el Presidente de la República, funcionarios de exclusiva confianza del jefe de Estado y de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades de gobierno.

De igual manera, el ingreso de un proyecto de ley al Congreso por parte del Ministerio de Hacienda la semana pasada, que apunta a la modernización del empleo público en relación al gobierno central -ministerios y servicios públicos-, y que había sido sometido a consulta pública hace un año, abre también un espacio para la discusión de otros aspectos relevantes a la hora de definir los parámetros que permitan una mejor condición y desarrollo del sector, como también un mejor estándar en la selección de quienes postulen a desempeñarse en reparticiones del Estado. Algo que redundará necesariamente en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía y la marcha del país.

Sin perjuicio de ello, estos cambios son solo un aspecto de la modernización del Estado, que debe hacer de éste una entidad eficaz, pero a la vez eficiente, con una adecuada y transparente administración de los recursos de que se dispone. La población debe contar con una atención oportuna y coordinada de sus necesidades, en forma descentralizada y sin ningún tipo de discriminación. Se trata, por ello, de una agenda permanente, que va más allá del gobierno de turno, y que la nueva administración debería hacer suya.