Trabas a desmunicipalización de colegios

En 2017 se promulgó la ley que creó el nuevo Sistema de Educación Pública, que tiene por objeto “otorgar una educación pública, gratuita y de calidad, laica”, para hacer efectivo el derecho a la educación que establece la Constitución Política, a través de una nueva institucionalidad. Esto se haría efectivo por medio de un proceso gradual de traspaso de los establecimientos educacionales dependientes de las municipalidades y de las corporaciones municipales a 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), nuevos órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados, que concluiría en 2025.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de problemas, y durante este año, que es el periodo de evaluación de la primera parte de esta profunda transformación, tres asociaciones de municipios han pedido la suspensión del proceso de desmunicipalización e incluso se han presentado proyectos de ley para extender su gradualidad hasta el 2027. Las razones apuntan a las dificultades en la conformación de los equipos, recursos, el traspaso de la información, entre otras. Sin embargo, el Consejo de Evaluación ha definido reducir el número de SLEP que debieran implementarse el próximo año, manteniendo la fecha original de conclusión de la instalación completa, sin perjuicio de las recomendaciones que ha hecho.

Si bien los motivos planteados por los alcaldes pueden ser atendibles, es razonable la decisión de mantener el camino trazado y no frenar un proceso que busca dar respuestas a muchos años en que la educación pública se fue deteriorando, profundizando la desigualdad y privando de oportunidades de desarrollo a muchos niños en el país. Lo que se debe buscar es precisamente hacer las correcciones y reformas pertinentes para el éxito del proceso, de manera de ofrecer más y mejores opciones a las familias para educar a sus hijos, siendo la educación pública de calidad una de ellas.

Ciertamente el mero cambio de una dependencia y administración no es garantía de que los objetivos se cumplan, por lo que es esencial velar por los estándares en cuanto a los procesos del traspaso y a la calidad de la información que deben entregar los municipios, como asimismo en la conformación y programas de perfeccionamiento de los equipos de los SLEP. Y aun cuando se han considerado nuevas facultades y áreas con mayor flexibilidad, la gestión financiera requiere especial atención debido al cambio de la naturaleza presupuestaria, al ser las nuevas entidades organismos del Estado. Las subvenciones como el PIE, SEP, FAEP se ven limitadas por las normas administrativas que afectan el presupuesto fiscal que impide que saldos sin ejecutarse puedan quedar como saldo inicial para el siguiente periodo, por lo que introducir cambios en ello sería una importante contribución.