Tramitación ambiental e inversiones

De acuerdo con cifras contenidas en la plataforma de búsqueda de proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el balance hasta el mes de agosto no resulta especialmente alentador, ya que en el período ingresaron a tramitación 386 proyectos, que suman una inversión de US$ 23.960 millones. Respecto del mismo lapso del año anterior, representa caídas de 13% y 30%, respectivamente. En número, los proyectos ingresados y aprobados cayeron a su menor nivel desde 1997.

Aunque este menor ritmo en el ingreso de proyectos se viene advirtiendo desde hace un tiempo, es evidente que estas cifras deben ser motivo de preocupación, porque van confirmando el menor ritmo que muestra la inversión en nuestro país así como las crecientes dificultades para obtener los permisos ambientales.

No hay duda de que frente a una sociedad cada vez más consciente acerca de los efectos del cambio climático y la necesidad de mitigar de mejor forma los impactos sobre las comunidades, la obtención de permisos ambientales se va haciendo cada vez más exigente, especialmente cuando se trata de grandes proyectos. Sin embargo, esto también debe armonizarse con la necesidad de que las inversiones se puedan materializar dentro de plazos razonables y con reglas que ofrezcan un grado aceptable de predictibilidad. Al examinar, por ejemplo, el tiempo promedio que toma la resolución de un estudio de impacto ambiental en nuestro país, se observa que ello demanda más de 1.100 días -siendo el sector minero el que por lejos demanda más tiempo, con un promedio de 1.400 días-, registro que cada año viene empeorando, considerando que hasta 2020 el promedio era inferior a 1.000 días.

Distintas voces han alertado sobre la necesidad imperiosa que tiene nuestra economía de agilizar la obtención de los permisos ambientales; justamente la “permisología” ha sido señalada como una de las grandes trabas para el crecimiento, y este debería ser uno de los objetivos centrales en cualquier estrategia para recuperar la inversión y el crecimiento.

En este sentido, ya se están dando pasos, como el proyecto de ley que prepara el gobierno para modificar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, donde entre otros aspectos se busca reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Uno de los aspectos interesantes de este proyecto -algo que también recoge el Pacto Fiscal al que ha convocado el Ministerio de Hacienda, que busca impulsar una racionalización regulatoria- es enfatizar el carácter técnico, para lo cual se busca avanzar hacia la eliminación del Comité de Ministros y de las comisiones de evaluación ambiental, de modo que los criterios políticos vayan perdiendo cada vez más preponderancia.

En materia minera, la reciente aprobación de la ley de royalty incorporó como uno de los compromisos disminuir en un tercio el tiempo que toma la tramitación ambiental. Esto es algo fundamental si es que se quiere desarrollar en un tiempo razonable una vibrante industria del litio.

Chile ya enfrenta una serie de dificultades que han impactado la inversión, como los erráticos criterios de las cortes, o las indefiniciones que existen en materia tributaria y constitucional. Remover estas dificultades muchas veces requiere de complejos acuerdos políticos, pero facilitar la tramitación ambiental debería ser algo en lo que cabría esperar que exista amplio consenso.