Traspié de Chile Vamos en fallida acusación constitucional

La acusación constitucional en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila -acción impulsada por parlamentarios de Chile Vamos y otros grupos- fue desestimada en la Cámara por 78 votos en contra y 69 a favor, un hecho que el oficialismo celebró como un triunfo, no así la oposición, que salió evidentemente dividida -pues parte de los diputados de Evópoli se desmarcaron, y otros parlamentarios independientes, pero lejanos al gobierno, tampoco se sumaron-, revelando una serie de falencias en la estrategia seguida.

Desde luego, llama la atención que el bloque opositor haya emprendido esta acción sin al menos reunir el consenso de todas sus bancadas, pues desde un punto de vista político cuando menos era importante dar una señal de unidad. Lejos de ello, terminaron con duras acusaciones cruzadas, constituyendo uno de los mayores traspiés que ha experimentado el bloque en este periodo. También resultó particularmente desafortunado el tono con que algunos diputados del bloque justificaron su voto a favor, haciendo ver o deslizando consideraciones relativas a la orientación sexual del ministro, lo que además de resultar cuestionable en sí, fue aprovechado por el gobierno y sus partidos para tachar a esta acusación de “homofóbica”, lo que previsiblemente ahuyentó a parlamentarios que en algún momento consideraron votar a favor.

Pero ciertamente el mayor error político ha sido insistir en el camino de la acusación constitucional cuando los hechos que se le imputaban al ministro -resumidos en siete capítulos- guardan más bien relación con graves falencias en la gestión, pero dudosamente se encuadraban dentro de las causales que establece la Constitución para dar mérito a una acusación. Con ello lamentablemente se está persistiendo en el mismo camino que siguió la entonces oposición, que bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera llegó al extremo de presentar once acusaciones, siete de las cuales fueron contra ministros de Estado, logrando la destitución del titular de Interior.

Desde que se inició el gobierno del Presidente Boric, parlamentarios opositores han presentado un total de cuatro acusaciones constitucionales -además del ministro de Educación, se cuenta la exministra del Interior Izkia Siches, el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y la exministra de Justicia Marcela Ríos-, dos de las cuales fueron impulsadas por el Partido Republicano. Justamente la mayor queja en contra de la anterior oposición es que abusó irresponsablemente de esta herramienta, como una forma incesante de asestar daño al gobierno. Algo de eso parece estar ocurriendo ahora, cuando se insiste en invocar un mecanismo que, si bien es una herramienta privativa del Congreso, debe reservarse para casos en que resulta evidente que se ha infringido la Constitución o las leyes.

Si lo que se busca es hacer un punto político o pedir cuentas por la gestión de una autoridad ministerial, para eso existe el mecanismo de la interpelación, que es lo que se debió haber hecho para exponer las evidentes debilidades del ministro de Educación y clarificar, por ejemplo, cuál es el enfoque del gobierno en materia de programas de educación sexual, o la polémica que se ha suscitado por los injustificados pagos en que habría incurrido la Junaeb.