Tres semanas de crisis en Colombia
El caso colombiano es una señal de alerta para la región ante los desafíos que enfrentará producto de la imperiosa necesidad de contener el déficit fiscal que está dejando la pandemia.
Las protestas en Colombia cumplen ya tres semanas sin visos de solución, pese a la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno y el comité del paro, que reúne a diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y movimientos sociales que han estado detrás de la convocatoria de las manifestaciones. Las protestas se iniciaron en rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno para buscar responder a la crisis fiscal generada, entre otras cosas, por más de un año de pandemia. Sin embargo, pese a que el gobierno de Iván Duque retiró el proyecto para intentar contener la violencia y los reclamos de parte de la ciudadanía, removió a su ministro de Hacienda -artífice de la iniciativa tributaria-, e incluso ha hecho otras concesiones, las protestas ciudadanas no solo no han cesado, sino que suman nuevos reclamos.
El estallido colombiano motivó inevitables paralelos con lo sucedido en Chile en 2019. Pese a que en esa ocasión Colombia también vivió una ola de protestas, contenidas luego por el Presidente Duque, la prolongación de las actuales manifestaciones ha revivido las comparaciones. Al igual que en nuestro país, el actuar de las fuerzas de seguridad está siendo cuestionado por organismos de defensa de derechos humanos y los jóvenes han sido un motor activo de las manifestaciones, reclamando por los elevados niveles de desigualdad que exhibe la sociedad colombiana. Sin embargo, también es un hecho que la condena a la violencia fue mucho más transversal que la observada en Chile y, al contrario de nuestro país, Colombia ya cuenta con una Constitución que consagra derechos sociales, lo que no ha atenuado la conflictividad social.
Por ello, más allá de esos paralelos, lo que evidencia la crisis colombiana son los problemas que enfrentan varios países de la región ante el alto costo fiscal que ha dejado más de un año de pandemia y los riesgos de incrementar aún más los compromisos fiscales a futuro. Si bien tras la firma de los acuerdos de paz, Colombia mostró positivas señales de dinamismo económico, el país arrastra problemas estructurales acrecentados durante el último año. No solo tiene a un 42% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza -cifra que creció poco más de 10 puntos durante la pandemia- y un desempleo que bordea el 17%, sino que además el país incrementó su déficit fiscal hasta un 8% del producto y su deuda pública supera el 60% del PIB. Frente a ese escenario, enfrenta el imperioso desafío de equilibrar sus cuentas fiscales para no ahondar aún más la crisis.
Ese objetivo era el que buscaba la reforma fiscal del gobierno de Duque, denominada precisamente Ley de Sostenibilidad Fiscal. Sin embargo, errores políticos del gobierno en la gestación de la norma -que no solo era cuestionada por la oposición sino también por sectores aliados- y una equivocada percepción de los efectos que, por ejemplo, un aumento de la base imponible y un alza de IVA podría tener en una población ya golpeada por la pandemia, agravó el panorama. Así, la situación colombiana aparece como una señal de alerta en la región, cuyo desafío por equilibrar las cuentas y reducir la deuda fiscal tras las inevitables demandas planteadas por la crisis sanitaria es un reto urgente que enfrentan varios países.
