Triste récord en materia de asesinatos

Las recientes estadísticas que ha dado a conocer la Policía de Investigaciones (PDI) sobre la cantidad de homicidios cometidos en el país durante 2022 confirman un cuadro de violencia que ha venido incrementándose en los últimos años. El balance policial indica que el total de asesinatos alcanzó los 960, un incremento de 32% respecto de lo registrado en 2021. Si bien resta por conocer las cifras que maneja el Ministerio Público -cuyas estadísticas por lo general son más abultadas respecto de los registros que elaboran las policías-, sus indicadores también venían registrando un fuerte incremento en este tipo de delito, por lo que parece un hecho que el año pasado se habrá marcado un nivel récord.

Chile se había caracterizado por ser uno de los países con menores tasas de homicidio en la región -según informes del Banco Mundial, en 2020 el país registraba cinco personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, a mucha distancia de la realidad que se vive en Brasil o México-, pero esta realidad podría estar comenzando a cambiar, lo que ciertamente constituye un potente llamado de atención. La preocupación no radica únicamente en el aumento de los casos -que ya de por sí resulta alarmante-, sino también en las causas que lo estarían explicando.

Hay evidencia de que buena parte de este aumento se explica por la presencia de bandas dedicadas al narcotráfico, donde ya se ha detectado la presencia de algunos de los carteles más peligrosos de la región. Esto ya se refleja en el aumento de uso de armas de fuego para la comisión de los homicidios -cerca del 60% fueron producto de disparos- así como en prácticas especialmente violentas, como el enfrentamiento entre bandas rivales por el control territorial -algo que a diario se observa en las calles de Santiago- o en prácticas propias del sicariato, a lo que se suma el secuestro y la extorsión.

Las estadísticas revelan también el fuerte aumento de extranjeros involucrados en estos hechos -ya sea como víctimas o victimarios-, y el hecho de que decenas de quienes han sido asesinados no hayan logrado ser identificados sugiere que muy probablemente forman parte de grupos que han ingresado ilegalmente al país. El uso intensivo de armas de fuego y el que las motivaciones para el asesinato se den sobre todo en el marco del crimen organizado ha llevado a que la investigación de estos hechos se torne cada vez más compleja, pues en muchos casos hay imputado desconocido.

Tampoco parece ser fortuito que precisamente sea la Macrozona Norte donde se observe el mayor incremento en la cantidad de homicidios, considerando que en dicha zona es donde operan peligrosos carteles y hay una serie de pasos fronterizos clandestinos.

El incremento de los asesinatos y las razones que hay detrás ilustran en toda su magnitud los desafíos que el país enfrenta en materia de seguridad, confirmando por qué el temor ante la delincuencia ha pasado a ser el sentimiento predominante en la población y el flanco más débil del gobierno. La experiencia internacional muestra con elocuencia que cuando el crimen organizado se desborda su reversión resulta cada vez más difícil y es el conjunto de la ciudadanía la que paga los costos, por lo que es evidente que en 2023 la agenda de seguridad ha de ser la prioridad.