TVN y el rol que debe jugar un canal público

La designación de Francisco Vidal (PPD) como presidente del directorio de TVN ha desatado una fuerte controversia, pues sectores de oposición cuestionan que el Presidente de la República haya optado por una figura de marcado perfil político.

El contexto de su nombramiento ocurrió apenas días después de que el Mandatario se quejara de que los canales de televisión abierta no estaban cubriendo una actividad en la que él estaba participando. Las primeras declaraciones de Vidal apenas nombrado contribuyeron a alimentar las suspicacias. “Mi criterio, sea presidente de izquierda, centro, derecha, que por definición la televisión pública debe cubrir ni más ni menos que al jefe de Estado (…) Para mí, la voz del Presidente, la voz del presidente del Senado, la voz del presidente de la Cámara, la voz del presidente de la Corte Suprema, la voz del contralor, la voz del fiscal, son voces institucionales y la televisión pública debe cubrirlas”.

La señal que el gobierno ha enviado con esta designación es preocupante, porque más allá de que la voluntad del presidente del directorio no baste para imponer su voluntad -pues debe contar con el concurso del resto del directorio-, al optar por un perfil marcadamente político abre serias interrogantes respecto de cómo el Ejecutivo entiende el rol de la televisión pública, cuya primera característica debería ser mantener una sana e indispensable independencia del gobierno de turno y apuntar a la difusión de contenidos que promuevan bienes públicos.

La designación de Vidal y sus polémicos dichos vuelven a reflotar la pregunta de para qué se necesita un canal público, debate que en el país sigue como un asunto que no acaba de zanjarse. Hay varias razones que podrían justificar la existencia de un canal de este tipo. Desde luego, por el interés social de que todos los rincones del país cuenten con una señal de televisión; hay otros bienes públicos que vale la pena tener en cuenta, porque señales de este tipo deberían ser plataformas privilegiadas para poder difundir información plural, así como contenidos culturales que no siempre tienen cabida en la televisión comercial. En un mundo cada vez más influido por la vorágine de las redes sociales y expuesto como nunca antes al peligro de la desinformación, una señal que pueda brindar altos estándares de confiabilidad e imparcialidad constituye en sí un bien social que valdría la pena apoyar.

Aunque estas definiciones son ya parte del rol que se supone está llamado a cumplir TVN, conforme la ley que le dio origen, en la medida que los gobiernos insistan en politizar sus principales cargos o enviar señales muy equívocas del papel que el canal debe jugar se alejan de estos objetivos y traslucen una total falta de comprensión acerca del sentido de lo público.

Si el país considera importante contar con un canal público, es ineludible no solo asegurar que su gobernanza quede lo más aislada posible de la captura política, sino también velar por el adecuado financiamiento para que este rol se pueda cumplir apropiadamente. Puesto que la ley de TVN obliga a que el canal se autofinancie -y en todos estos años el Estado ha capitalizado con montos no demasiado significativos-, el canal ha sido obligado en buena medida a recurrir al mismo tipo de parrilla que los canales comerciales, una fórmula que si bien le permitió generar importantes ingresos, hoy no solo está en entredicho -pues desde hace algunos años transita entre las pérdidas y ganancias-, sino que además lo desvía de sus objetivos programáticos más esenciales.