Un acuerdo valorable, pero muy tardío

El acuerdo al que llegaron los principales partidos del oficialismo en torno a un paquete de reformas para la propuesta de nueva Constitución, a fin de intentar salvar la opción Apruebo -que sigue muy atrás en la mayoría de los sondeos-, supone una serie de implicancias para el país que van más allá de lo que electoralmente ocurra en el plebiscito del 4 de septiembre.

Ahora que por fin se ha reconocido por parte del propio oficialismo que la propuesta constitucional dista de ser perfecta, y que contiene múltiples disposiciones que requieren enmiendas sustantivas o ser clarificadas en su sentido, se facilita la discusión constitucional, al permitir orientar mejor el debate sobre las reformas que requiere una futura Carta Magna, sea que esta se logre vía Apruebo o Rechazo.

En tal sentido, es valorable que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se hayan abierto a clarificar conceptos de la consulta indígena y se busque acotar el ámbito del consentimiento, diciendo que expresamente las autonomías territoriales deben ser coherentes con el carácter único e indivisible de Chile. También se precisó lo relativo a la justicia indígena: regirá entre miembros de un mismo pueblo, será voluntaria y sin competencia en delitos penales. También dice que explícitamente se protegerá la propiedad de las viviendas, y se repone el estado de emergencia, eliminado en la propuesta de la Convención por razones puramente ideológicas. Asimismo, se recupera el nombre de Poder Judicial, se revisará la composición del Consejo de la Justicia para que tenga mayoría de jueces, se desestima que los diputados puedan proponer mociones que signifiquen gasto público y se elimina la reelección presidencial.

Estas consideraciones, si bien no son suficientes para enmendar todos los desacuerdos que hay en torno a la propuesta de nueva Constitución, constituyen en sí un avance. De ganar el Apruebo, el texto constitucional cuando menos mejoraría respecto de lo propuesto; pero también será de utilidad en caso de que se imponga el Rechazo, ya que serán insumos valiosos para orientar el proceso que se abrirá a partir de entonces. En ese sentido, las reformas comprometidas por el oficialismo han de ser entendidas como un piso, y por tanto no podrá desdecirse de ellas en ninguno de los dos escenarios.

En el ánimo de reducir los niveles de incertidumbre, también se hace referencia a algunos aspectos más bien programáticos, como por ejemplo el modelo mixto en sistema de pensiones, con un componente en capitalización individual; mientras que en salud se indica que la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada; y también señala que se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada. No es desdeñable que la coalición que estará en el gobierno hasta 2026, en donde conviven visiones moderadas y radicalizadas, se establezcan este tipo de consensos programáticos.

Pero el acuerdo sigue teniendo debilidades muy importantes, al no hacerse cargo de materias que son fundamentales. En particular, evitó reformular el sistema político, justamente una de las mayores debilidades de la propuesta de nueva Constitución, pues, tal como está, favorece la inestabilidad política, dañando nuestra democracia. Se insiste en un diseño híbrido: presidencialismo atenuado, con un Congreso de Diputados dotado de amplias atribuciones y un remedo del Senado con menguadas facultades para operar como contrapeso legislativo. El que se haya propuesto revisar el sistema político una vez que ya esté en marcha puede ser tarde para evitar una crisis.

En materia de salud y educación, dos áreas que están demostrando ser de especial sensibilidad para la ciudadanía, se insiste en dejar por establecidos modelos en que, más allá de reconocer al sector privado, su énfasis sigue estando en las entidades estatales, lo que potencialmente puede mermar la libertad de elección de las familias. También es un hecho que convenientemente se prefirió no tocar la noción de “plurinacionalidad”, a pesar de que para la mayoría del país sigue siendo un concepto resistido, incluso para una parte de la población indígena.

El devenir de los acontecimientos demuestra el error de cálculo de este sector político al no haber abordado estas reformas antes de que el texto estuviera listo, siendo evidente la desidia o incapacidad de los partidos oficialistas para conducir eficazmente el proceso constituyente, dejándolo en manos del PC y otros grupos maximalistas. Estos esfuerzos llegan muy a destiempo, cuando la mayor parte de la ciudadanía ya parece haber tomado su decisión, y su incidencia electoral se ve muy limitada; esto, porque a pesar de que el Presidente Boric dio un paso al frente como garante de las reformas, el acuerdo no es del agrado del PC -fue elocuente que su timonel dijera que no se podía asegurar su aprobación-, como tampoco de los exconvencionales que representan a los movimientos sociales y parte de los pueblos originarios.

Tampoco se podría descartar un efecto “boomerang”, pues de algún modo el reconocimiento de que el texto contiene deficiencias y que muchas de las críticas eran plausibles -echando por tierra el manido eslogan de las “fake news”- puede favorecer la idea de que es mejor no aprobar una propuesta con tantas fallas en su diseño.