Un avance en materia de seguridad vial

La futura instauración de un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), en virtud de una reforma legal que tomó cerca de una década de tramitación, supone un avance relevante para efectos de elevar los estándares en materia de seguridad vial, un área donde el país registra indicadores no especialmente alentadores, particularmente por la alta prevalencia del exceso de velocidad en los accidentes de tránsito.

En lo medular, el nuevo sistema constará de una red de dispositivos debidamente señalizados en zonas de control que definirá la autoridad, mediante los cuales se detectará a aquellos vehículos que vayan a exceso de velocidad, transiten en un área urbana con restricción por razones de contaminación ambiental, no respeten la luz roja de un semáforo y cometan infracciones a las normas de transporte terrestre. El sistema identificará a los infractores en línea y notificará de la correspondiente multa por vía electrónica o presencial, existiendo instancias de apelación definidas en la norma.

Un sistema de esta naturaleza tiene una serie de ventajas respecto del sistema de fotorradares, los que en su momento fueron cuestionados porque en general la ciudadanía percibía que éstos se utilizaban más como “cazabobos” antes que como mecanismos de prevención de accidentes. El hecho de que la norma exija ahora que los dispositivos estén debidamente informados disminuye los riesgos de discrecionalidad, y será un sistema más transparente. Asimismo, gracias a estas tecnologías será posible liberar a personal policial en el control de infracciones al tránsito y poder destinarlos a labores que hoy son especialmente necesarias, como el control del orden público y la prevención del delito. Para el Estado y la ciudadanía contar con mecanismos electrónicos para notificaciones y pago también debería suponer importantes ahorros de tiempo y recursos.

La evidencia internacional muestra que la introducción de este tipo de dispositivos en general ha mostrado buenos resultados para disminuir el número de accidentes y con ello las personas lesionadas o fallecidas. En algunos casos se ha podido detectar que los fallecimientos cayeron hasta en 40%, mientras que en el caso de atropellos y heridos en siniestros viales la caída llegó al 49%.

En el caso de Chile, las cifras muestran que el exceso de velocidad es una infracción especialmente frecuente. Estudios realizados por Conaset han mostrado que cinco de cada diez conductores exceden la velocidad permitida en zonas interurbanas, y cuatro de cada diez en zonas urbanas. Las estadísticas también revelan que del total de personas que anualmente fallecen en accidentes de tránsito, cerca del 30% está relacionado con el exceso de velocidad.

A la luz de estas cifras, es acertado que se haya introducido una política pública que busque prevenir conductas que ponen en peligro la seguridad de conductores y peatones, acercándonos a lo que deberían ser estándares propios de países desarrollados. Normativas de este tipo también deberían contribuir a generar mejores hábitos de conducción en el largo plazo, lo que debe ser complementado con una robusta educación vial, que debería partir desde la etapa escolar.