Un escenario económico que exige compromiso

Ha causado sorpresa el Imacec de enero, que mostró un crecimiento en doce meses a tasas bajo los dos dígitos (9%), luego de crecimientos en doce meses sobre el 10%, ininterrumpidos, desde abril de 2021. La cifra de enero reflejó que el nivel de la producción nacional en ese mes decayó en términos absolutos respecto del mes previo y vino a ratificar el grado de dificultad e incertidumbre que marcarán 2022. De hecho, mientras en el Ipom de diciembre de 2021 el Banco Central indicó que la producción crecería entre 1,5% y 2,5% en 2022, tras eventos internos y externos recientes ya hay pronósticos privados más pesimistas.

En materia de inflación el cuadro es igualmente incierto. Así lo muestra el 1,2% de inflación medida en enero, que llevó la variación en doce meses a 7,7%. Frente a una inflación en doce meses (promedio para el año) pronosticada en el último Ipom en 5,8%, también hay pronósticos privados que exceden lo anticipado por el Banco Central. Al igual que en lo tocante al crecimiento, se ha hecho muy difícil precisar una evolución inflacionaria específica. Baste considerar que en Estados Unidos, que ha experimentado epidemia, medidas fiscales y estímulos monetarios comparables a los observados en Chile, mientras la Reserva Federal comienza a tomar distancia de su diagnóstico inicial de una inflación transitoria, y los mercados anticipan alzas en tasas de interés, analistas destacados siguen viendo un fenómeno enteramente distinto a las inflaciones “monetarias” de los años 70 en ese país, lo que requiere un manejo monetario también diferente.

En 2022 el crecimiento estará bajo la tendencia y la inflación sobre las metas tradicionales, pero se pueden acotar los riesgos de desarrollos extremos para evitar que la inestabilidad y estancamiento transitorios se hagan permanentes.

Las expectativas inflacionarias de largo plazo siguen ancladas en Chile al 3% anual. Que eso se mantenga, y la economía retorne a inflaciones bajas, depende del convencimiento ciudadano de que el fisco no llegará a requerir financiamiento inflacionario, por una parte, y de que el Banco Central mantenga su capacidad de evitar que el manejo monetario se subordine a objetivos distintos a la estabilidad financiera y de precios.

En cuanto al crecimiento, lo que se consolide, cree o destruya en materia de protección a la propiedad privada, institucionalidad tributaria, laboral, certeza jurídica y todo aquello que hoy está en manos de la Convención Constitucional, definirá si, más allá de los trastornos derivados del “estallido social” y del Covid, el país va a volver a un progreso sostenido.

El gobierno debe gestionar la economía con cautela y todos quienes detentan algún poder político deben contribuir a que los cambios institucionales en la nueva Constitución sean los adecuados. Ese ejercicio, que deberá desarrollarse en un contexto de limitaciones económicas fuera de lo normal, cuando aún se vive el Covid y una potencia global ha desatado una guerra de sometimiento, será muy exigente, pero es insoslayable.