Un estado de excepción normalizado

Hace poco más de dos años, el gobierno anterior decidió decretar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia con el fin de disponer de herramientas adicionales que permitieran hacer frente a los hechos de violencia que se vivían en La Región de La Araucanía y en la provincia de Arauco. Dichos ataques se vienen extendiendo por más de dos décadas, y en el último tiempo se habían agudizado, con un importante saldo de daños materiales, pero también con personas heridas y asesinadas. La actual administración, apenas asumida, decidió no renovar el estado de excepción, atendiendo a que no era partidaria de su aplicación y que las condiciones de seguridad se lograrían a través de un diálogo con las partes para dar respuestas a las demandas de organizaciones del pueblo mapuche que se arrastraban en el tiempo. Los hechos de violencia, sin embargo, aumentaron y la medida se tuvo que revertir menos de dos meses después, ante una realidad muy diferente a la que anticipaban.

Esta semana, siguiendo el calendario de renovaciones quincenales que se ha mantenido desde ese primer decreto presidencial del Presidente Boric de mayo de 2022, el Congreso, a petición del Ejecutivo, debiera pronunciarse sobre una nueva prórroga -la 36 de la actual administración-, donde previsiblemente seguirán invocándose los efectos positivos que ha tenido la medida en la Macrozona Sur en cuanto a la disminución de hechos delictivos, el aumento de las detenciones, un número creciente de formalizados en prisión preventiva y un aumento de las condenas. Se trata de una secuencia que ha transformado al actual Mandatario en quien más ha mantenido un estado de excepción en democracia, siendo paradójico que como diputado siempre votó en contra cuando lo invocó el expresidente Piñera.

El Estado de Emergencia, por su definición, corresponde ser aplicado en situaciones excepcionales ya que habilita para limitar o restringir el ejercicio de derechos y libertades por causa de una grave alteración al orden público o grave daño a la seguridad de la Nación; sin embargo, en la actual situación, y más allá de los efectos logrados, se ha transformado en una condición permanente, normalizándose el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a funciones más bien de orden interno, sin que se adviertan señales de que ello vaya a terminar pronto, considerando el respaldo que en general concita entre los habitantes de la zona y los propios representantes políticos.

La ministra del Interior ha abordado recientemente el tema, señalando que un eventual término del estado de excepción será gradual o bien pudiera ser una “desescalada parcial”, dependiendo de las condiciones que se presenten, lo que no quedará sujeto a plazos. Es bienvenido que la coalición de gobierno ya no cuestione que en la Macrozona Sur hay hechos de suma gravedad -configurando un cuadro que corresponde a hechos terroristas-, los que no pueden ampararse en el llamado conflicto indígena. Tampoco está ya en cuestión que la zona requiere de protección especial, incluso con militares, pero la pregunta es por cuánto tiempo más será necesario mantener el estado de excepción. El plan del gobierno debe enfocarse en generar lo más pronto posible esas condiciones que, a la vez de liberar a los militares de tareas de orden interno, aseguren de manera permanente las condiciones de seguridad que requieren los habitantes de estas regiones, y que deberían ser provistas por las policías, todo lo cual requerirá de un exhaustivo plan, cuyos lineamientos aún no se conocen.