Un gobierno ausente frente a la crisis educacional

Luego de dos años de pandemia en que se cerraron forzosamente las escuelas, y ante las dificultades no solo prácticas, sino especialmente la resistencia política que hubo que enfrentar para poder reabrirlas, el año 2022 se vislumbraba clave para poder habernos encaminado hacia la normalización de clases y recuperación de aprendizajes. Sin embargo, todo indica que estamos muy lejos de ello, dejando como balance un verdadero “terremoto” en materia educacional, algo en lo que al gobierno le cabe una alta responsabilidad, particularmente por su falta de acción.

El complejo balance que deja este año se refrenda, en primer lugar, en una preocupante alza en la deserción escolar, así como una persistente caída en la asistencia a los colegios. En cuanto a lo primero, el propio Ministerio de Educación había cifrado en más de 50 mil los estudiantes que asistieron o estuvieron matriculados en algún establecimiento educacional en 2021, pero que en 2022 abandonaron sus estudios. Esto significa que en tan solo un año se produjo un aumento de casi un cuarto en los 227 mil niños y jóvenes de entre 5 y 24 años que habían desertado previamente desde 2004. Del mismo modo, la información disponible indica que la asistencia promedio hasta el mes de septiembre se encontraba más de cinco puntos porcentuales por debajo del mismo período de 2019, y que 4 de cada 10 estudiantes presentaban inasistencia crónica, es decir, mayor al 15%.

Pero, paradojalmente, el deterioro educativo se evidencia también en la falta de un diagnóstico objetivo, oportuno y preciso sobre el estado de los aprendizajes de los estudiantes y el efecto que el cierre de las escuelas -y previamente la crisis social que se inició en 2019- tuvo sobre ellos, así como cuáles son las escuelas y estudiantes que más se han visto afectados. En ese sentido, los esfuerzos del gobierno para discontinuar el Simce o cualquier otra evaluación censal de los alumnos -la que fue desestimada a tiempo por el Consejo Nacional de Educación- son señales que apuntan en la dirección opuesta a lo que se esperaría dada la magnitud de la crisis que la educación chilena está viviendo.

Frente a ello, si bien hasta el propio Presidente de la República ha reconocido la magnitud del desafío que recae sobre sus hombros y los de su gobierno, durante el año no se observaron acciones decididas y de la envergadura necesaria para enfrentarlo de manera exitosa. En general se vieron anuncios de planes acotados, que por lo demás no se reflejaron en las prioridades presupuestarias del gobierno. En tal sentido, resulta elocuente que el Ministerio de Educación haya comprometido recursos frescos por $250 mil millones para un plan de recuperación de aprendizajes y combate a la deserción escolar, pero en la ley de presupuestos 2023 no aparece referencia a ningún plan o programa que persiga estos fines. Lo único que se aproxima en cuanto a sus propósitos, pero no en cuanto a sus montos, son $ 9.567 millones para la creación de un Fondo para la Reactivación Educativa, y que solo apunta a la educación pública, vale decir, que comprende solo al 37% de la matrícula escolar.

Se echa de menos la presencia de una autoridad que asuma la responsabilidad sobre la materia, liderando y coordinando las acciones necesarias; muy por el contrario, se ha visto a un ministro de Educación a ratos desconectado de lo urgente, mucho más preocupado de defender ciertas posturas ideológicas que se dejan entrever en el denominado “cambio de paradigma” o políticas que debieran haber quedado en un segundo plano, como es la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Es de esperar que de aquí a marzo se reflexione al respecto y que el gobierno asuma el liderazgo que se requiere en estos momentos, pues urge revertir la negativa trayectoria en que nos hemos sumergido. De lo contrario, las generaciones impactadas irán creciendo y las posibilidades de al menos retomar el rumbo previo se irán haciendo cada vez más escasas.