Un importante paso hacia una nueva Constitución

Las cuatro subcomisiones que componen la Comisión Experta alcanzaron esta semana importantes acuerdos respecto de temas muy centrales que deberían ser parte de la nueva Constitución que se propondrá al país. Aun cuando siguen persistiendo divergencias en varios temas, el hecho de que dichos acuerdos abarcaran desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista envían una potente señal respecto a la voluntad que existe en las principales fuerzas políticas para sacar adelante esta tarea.

Era muy importante que en esta instancia ya se forjaran estos primeros acuerdos, pues una de las tareas centrales encomendada a la Comisión Experta es la elaboración de un anteproyecto de texto constitucional, sobre el cual trabajará a continuación el Consejo Constitucional, cuyos miembros acaban de ser electos por la ciudadanía y que se constituirá a partir del 7 de junio. Este ambiente de consensos amplios da un buen pie para la etapa que sigue.

Si bien las subcomisiones habían evacuado un primer anteproyecto por amplio consenso, luego todos los sectores presentaron cientos de indicaciones, algunas de las cuales generaron bastantes divergencias -es el caso de lo relativo a la libertad de elección en salud, donde oficialismo y oposición siguen manteniendo importantes diferencias-, y en algún momento incluso se temió que ciertas materias quedaran “en blanco”. Es por ello que representa un logro muy destacable que finalmente buena parte de las indicaciones se lograran zanjar mediante este acuerdo político. Ahora cabe esperar que el pleno de la Comisión Experta refrende lo acordado en las subcomisiones.

De esta forma, el nuevo texto constitucional empieza a tomar forma, y las señales que hasta aquí se han recibido son alentadoras. Una mirada general a cómo se va dibujando el anteproyecto muestra un texto que en lo medular se apega a la tradición constitucional chilena, alejándose de maximalismos refundacionales, para proporcionar un texto sobrio que, a la vez de preservar las bases fundamentales de nuestra institucionalidad, es capaz de hacerse cargo de aquellas temáticas más álgidas que hoy demanda la sociedad, entre ellas, el reforzamiento de los derechos sociales -sin caer en los excesos en que incurrió la fallida Convención Constitucional-, y promover un rol igualitario de la mujer, donde si bien no prosperó la intención oficialista de introducir una paridad del tipo 50/50, sí se introdujo una fórmula de paridad transitoria para la composición del Congreso.

El país se mantiene como un Estado unitario, se aseguran los derechos de propiedad -un ámbito que en el anterior proceso había quedado gravemente debilitado-, no promueve una educación centrada en lo estatal, mantiene los tres poderes del Estado, conserva la integridad del Poder Judicial, introduce un reconocimiento explícito de los pueblos originarios, así como la tarea del Estado de promoverlos, mientras que en materia de aguas se elevó a rango constitucional la última modificación del Código de Aguas, acordada hace un tiempo en el Congreso por amplio consenso.

Otro de los aspectos novedosos -y que forma parte de las 12 bases institucionales que definió el Congreso- es lo relativo al Estado social y democrático de derecho, en el cual se estableció que Chile se organizará como tal, reconociendo derechos y libertades fundamentales, a la vez de promover el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Es decidor que esta redacción haya sido aprobada por unanimidad, lo que permite encuadrar el debate que luego tendrá lugar en el Consejo Constitucional para terminar de afinar esta y otras bases.

Muy relevante es que la Comisión Experta esté dando pasos concretos para corregir las debilidades de nuestro sistema político -probablemente uno de los problemas más urgentes que enfrenta el país-, estableciendo un umbral del 5% para que los partidos puedan tener representación parlamentaria, salvo que logren elegir a lo menos ocho parlamentarios. Esto parece una fórmula equilibrada, y el umbral transitorio del 4%, a efectos de darle una oportunidad a los “partidos chicos”, descomprime el ambiente y debería ayudar a facilitar las negociaciones en los meses que siguen.

Como han reconocido varios comisionados, la clave para haber destrabado las negociaciones fue que todos los sectores se vieron en la necesidad de ceder algo. Ese es justamente el espíritu que debe impregnar el proceso constituyente, porque de esa forma es como mejor se asegura que el texto constitucional sea lo más representativo posible y se logre su aprobación.