Un impuesto a la renta encubierto

El ministro de Hacienda, tras enunciar los aspectos claves de la reforma previsional que presentaría a fines del próximo mes, ha estado aclarando que, efectivamente, el 6% de incremento en la tasa de cotización que se postula no dará origen a fondos heredables -en el evento de muerte del cotizante-, porque es la forma en que esos fondos están efectivamente disponibles para redistribución, haciendo así evidente que se trata de un impuesto al trabajo.

Desde su inicio el Sistema Previsional consideró un Pilar Contributivo (acumulación en cuentas individuales de capitalización) junto a un pilar solidario, que contemplaba una pensión mínima garantizada. Con las reformas de la Presidenta Michelle Bachelet, y luego con la pensión garantizada universal (PGU) establecida en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el país ha estado fortaleciendo enormemente el Pilar Solidario del Sistema Previsional.

Curiosamente, la discusión sobre si el aumento de cotizaciones para hacer redistribución corresponde a un mero impuesto al trabajo o a una “evolución del sistema previsional para incorporar más elementos de seguridad social” ha venido a clarificarse desde que se centró en la heredabilidad de los aportes previsionales adicionales: si los aportes al sistema previsional no se heredan, se trata de un impuesto al trabajo para financiar un subsistema estatal de pensiones. Esto es lo que ha venido a ratificar el ministro de Hacienda.

Aunque el gobierno ha intentado presentar esta cotización adicional como una importante beneficio social, convenientemente se ha eludido reconocer en forma abierta que toda vez que no tiene el carácter de heredable, se trata en los hechos de un impuesto a los ingresos laborales, que gravará a toda la población, incluidos los sectores de ingresos medios y bajos, justo aquellos segmentos que el gobierno se ha negado pertinazmente a incluir en cualquier reforma tributaria para evitar los costos políticos que ello conlleva, a pesar de que el estándar OCDE supone una base de contribuyentes mucho más amplia de la que hoy tiene Chile.

Hasta aquí ha contribuido a la confusión en torno al verdadero carácter de la reforma que se propone el que todos quienes se refieren a dicho aumento de cotizaciones -sea que favorezcan que vaya a capitalización en cuentas individuales o a redistribución- enfatizan que será pagado por los empleadores. Pero eso es un aspecto formal, con efectos solamente transitorios. En el nuevo equilibrio, el salario líquido de los trabajadores disminuye en la misma magnitud si las cotizaciones adicionales son pagadas por los trabajadores o por los empleadores, tal que, tratándose de un impuesto, corresponde a un impuesto al trabajo y no a la empresa.

Un impuesto al trabajo formal tiene un inconveniente grave: si algo es movible hacia la informalidad es el trabajo. 30% de los trabajadores se desempeñan hoy en la informalidad. Y si bien estos trabajadores tienen acceso gratuito a alguna forma de pilar solidario, salud y educación, su condición es, en general, altamente precaria. Además, la informalidad es fuente de inequidad, al permitir que algunas personas de ingresos mayores accedan a beneficios estatales sin contribuir a su financiamiento.

Parece así evidente que la recaudación neta de este impuesto al trabajo va a ser negativamente afectada por la fuga de trabajadores a la informalidad tras el impuesto. Y cabe hacer notar que mientras los trabajadores que permanecen en la formalidad aumentarán su contribución en 6% de su remuneración imponible, los trabajadores que abandonen la formalidad dejarán de aportar más de 20% de su remuneración imponible que hoy ahorra gastos al Fisco en vejez, salud, invalidez y sobrevivencia.

Como es obvio, si el 6% de mayores cotizaciones no va a capitalización en cuenta individual sino a redistribución, no hay mayor ahorro en el país, que es la base para tener inversión, empleos y mayores remuneraciones. Por eso el ministro espera reservar la mitad de ese 6% para alguna forma de capitalización. Cuesta sin embargo pensar que esos recursos no vayan a terminar gastados por el Estado si tras la propuesta, en último término y como ha terminado por aflorar, hay la incapacidad de incorporar derechamente a sectores de ingresos medios y bajos a los impuestos a la renta, junto a la intención de aumentar en 8% del PIB el gasto público.