Un necesario Plan Nacional de Búsqueda

En el marco del reciente Te Deum de Fiestas Patrias, el arzobispo de Santiago exhortó en su homilía a que quienes tengan información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos la puedan entregar, ofreciendo a la Iglesia Católica como intermediadora para recibir esos datos y entregarlos en forma anónima. Por su parte, con motivo de la Parada Militar, el comandante en jefe del Ejército señaló que “a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado, como lo ha hecho, y cooperar a la justicia en todo cuanto se nos exija”.

Han sido dos declaraciones destacables no solo por la serenidad con que fueron expresadas, sino porque además revelan una disposición muy valiosa para lograr que el Plan Nacional de Búsqueda -iniciativa que el gobierno institucionalizó a fines de agosto, y entre cuyos ejes figura poder conocer el destino de todas aquellas personas que fueron hechas desaparecer forzadamente por la acción de organismos del Estado durante el régimen militar- pueda rendir sus frutos.

Si bien es un hecho que el plan trazado por el gobierno para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado estuvo lejos de ser el tipo de iniciativa que uniera a los chilenos y ayudara a una reflexión que permitiera apaciguar los ánimos -por el contrario, desató una polarización política que costará mucho tiempo revertir-, el Plan Nacional de Búsqueda es una iniciativa concreta que a la vez de hacer un acto de reparación elemental con las víctimas y sus familias, ha tenido la virtud de despertar una adhesión prácticamente unánime tanto en el mundo político como en la sociedad misma. En ese sentido, cabe lamentar que esta iniciativa no haya logrado tener el realce que merecía al haber sido anunciada justo en días especialmente álgidos, pero ahora que empieza a quedar atrás el 11 de septiembre es momento de concentrarse en ella y resaltar sus virtudes.

De acuerdo con los registros oficiales, del orden de 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el período 1973-1990; 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1.092 corresponde a personas detenidas desaparecidas, en tanto que hay 377 personas ejecutadas sin entrega de cuerpos. Se trata de una dolorosa realidad que si bien ha buscado ser abordada por distintos gobiernos mediante distintos gestos reparatorios, hasta la fecha no existía una política pública específicamente estructurada para que esta búsqueda pasara a constituir una política de Estado, permanente en el tiempo, como sí la tienen otros países de la región que han pasado por traumas similares.

Es un deber moral y jurídico que el país en su conjunto se empeñe en conocer el destino de quienes desaparecieron y conseguir hasta donde sea posible que sus restos puedan ser entregados a sus familiares, porque de esa forma al menos será posible hacer el duelo y entregar un mínimo de justicia a las víctimas.

Es importante que esta etapa que se inicia sea cuidada por todos los sectores, evitando inconducentes actitudes recriminatorias que exacerben los ánimos. Todavía quedan aspectos de este plan que deben ser afinados, como por ejemplo la forma en que se pretende levantar el secreto sobre los testimonios recogidos en el informe de la Comisión Valech, en la medida que algunos de dichos testimonios permitan avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Pero las declaraciones del arzobispo, el comandante en jefe del Ejército así como las positivas declaraciones de varios dirigentes políticos son un buen comienzo.