Un nuevo comienzo

Uno de los titulares del día después del plebiscito por la reforma a la Constitución, decía: “Los mercados se declaran prácticamente inmunes al resultado del plebiscito”. El país no estaba ni polarizado ni dividido; casi el 80% se pronunció por desechar la Constitución de 1980 y no ocurrió ninguno de los desastres pronosticados, lo cual es una buena señal y un refuerzo a nuestra imagen de país estable y seguro.

El hecho de que no hubiera disturbios en los mercados no significa que no haya habido un remezón institucional detrás de esta maciza votación. Evidentemente, este es un nuevo comienzo. No hay que olvidar que este plebiscito fue resultado del estallido social que en cierto modo, fue “arrancado” al sistema político como salida a la crisis que se instaló ante protestas, por lo que la ciudadanía consideraba como una “acumulación de años de abuso”, tanto del sistema público como del mundo privado.

Esa sensación ha tenido que ver muchas veces con la distribución del poder y con la percepción de corrupción, definida por Transparencia Internacional -en términos generales- como “el abuso de poder en beneficio propio”. Pero si pensamos en la corrupción como el mero abuso de poder, entonces las raíces de la crisis y del estallido social están repartidas en muchas conductas corporativas -y personales- que bien pudieron haberse evitado con adecuados mecanismos de control, equilibrio en la rendición de cuentas, balance en la distribución del poder, atribuciones y mucha, mucha transparencia de los actos de algunos organismos y empresas que afectan la vida de las personas.

La reforma a la Constitución y la Convención Constitucional son dos hechos que van a ocurrir porque el 80% de la población así lo eligió. Tendremos la oportunidad de corregir estos desequilibrios y rediseñar la existencia, designación, composición, atribuciones, mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sanciones a las malas prácticas respecto de una multiplicidad de instituciones, desde las administrativas hasta las relacionadas con la administración de la justicia, pasando por el Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia y muchos otros.

Las estructuras del poder son una tentación permanente al abuso, a la utilización torcida de las reglas generales para beneficio de algunos que encontraron fisuras al sistema por donde saltarse los controles o por donde aprovechar ventajas que para el resto no aplican. Todas las instituciones están obligadas a cumplir con mínimos en materia de rendición de cuentas, integridad y principios básicos si queremos que el sistema vuelva a tener equilibrio y continúe caminando por una vereda recta. De lo contrario, la indignación volverá.

-La autora es Socia KPMG Forensic & Sustainability