Un pacto fiscal pro crecimiento

Después del rechazo de la reforma tributaria por parte del Congreso, el Ministerio de Hacienda inició a fines de marzo los diálogos por un pacto tributario, con diversos representantes de la sociedad civil. La pregunta que surge es si esta iniciativa será un nuevo intento de reforma tributaria, o bien si el ministro de Hacienda aprovechará la oportunidad para avanzar en un pacto fiscal pro crecimiento de largo plazo con los representantes del mundo político, técnico y la sociedad civil.

Es claro que un pacto fiscal de largo plazo no se puede limitar a discutir solo los temas tributarios y estos tampoco se deben transformar en un fin en sí mismo. Para esto, en primer lugar, es importante que el acuerdo logre un amplio consenso de que cualesquiera sean los instrumentos, estos promuevan el crecimiento, la inversión y el empleo. La principal fuente de recaudación de ingresos permanentes es el crecimiento económico; al respecto, cabe tener presente que un punto más de crecimiento permite allegar US$ 800 millones por año a las arcas fiscales para financiar gastos permanentes. Por el contrario, una reforma tributaria que no elija bien los instrumentos puede terminar recaudando menos, afectando al crecimiento económico. Así ocurrió con la reforma del 2014, donde la recaudación terminó siendo la mitad de los tres puntos del PIB que se habían previsto.

En segundo lugar, un pacto fiscal no puede inhibirse o autolimitarse en mejorar la eficiencia y focalización del gasto público. Ninguna empresa o familia se podría negar a revisar cómo gastar mejor su presupuesto, menos lo podría hacer el Estado con los recursos aportados por todos los chilenos; hay que perseverar en ello aun cuando se trate de gastos que estén definidos en leyes permanentes o en programas mal evaluados con restricciones políticas. Por ejemplo, si en un horizonte de cuatro años se planteara la meta de buscar eficiencias en el 5% del presupuesto (US$ 4.100 millones), es decir, buscar eficiencias a razón de US$ 1.000 millones por año, el Fisco podría contar a inicios del quinto año con un espacio fiscal adicional para destinarlo a las urgencias sociales.

En tercer lugar, un pacto debe apuntar al aumento de los ingresos fiscales. Es importante que el Ejecutivo puede zanjar cuántos de los US$ 5.000 millones provenientes de los contratos de litio el 2022, se podrían proyectar como ingresos permanentes. Por ejemplo, si fuera solo un tercio (0,5 puntos del PIB), serían recursos suficientes para financiar los mayores gastos permanentes para la seguridad. Y respecto de los impuestos, avanzar en equidad horizontal, con una decidida lucha contra la evasión y elusión respetando los derechos de los contribuyentes, como también seguir avanzando en la eliminación de exenciones, como se hizo para financiar la creación de la PGU. Un royalty a la minería que promueva la competitividad -y no lo contrario, como hace la iniciativa actual-, en conjunto con los impuestos correctivos, son elementos que podrían ser parte del pacto.

Alcanzar un pacto fiscal no es tarea fácil, y por tanto requiere que el gobierno se dé el tiempo necesario para que concurra lo mejor de la sociedad civil, el mundo político y técnico. En ese sentido, se abre una oportunidad para transformar la reforma tributaria rechazada en un pacto fiscal integral que promueva el crecimiento económico, entregue certezas a la inversión, a los emprendedores y permita al mismo tiempo el financiamiento permanente de las urgencias sociales.