Un peligroso cambio de criterio en las reglas electorales

No había precedente -al menos desde el retorno de la democracia- que un gobierno, en la antesala de una elección, decidiera introducir cambios profundos en las reglas electorales con el evidente propósito de favorecer a su sector político. Esto luego de que el Ejecutivo anunciara su intención de que en las elecciones comunales y regionales de octubre solo a los ciudadanos chilenos se les aplique una multa por no concurrir a votar -ello en virtud del sufragio obligatorio al que están afectos todos los electores-, no así a los extranjeros, con lo cual en este último caso la decisión de concurrir a votar sería voluntaria.

La batahola política que se ha producido tras este anuncio resulta comprensible, pues la oposición en bloque ha rechazado el criterio del Ejecutivo, que hasta aquí no ha logrado entregar razones contundentes que justifiquen un cambio de último minuto, y cuyas implicancias son profundas.

Todo esto se ha generado a partir del proyecto de ley que envió el Ejecutivo -a instancias del Servel- para que los próximos comicios se lleven a cabo en dos días. Además de esta modificación, el gobierno también introdujo una multa para los electores que no voten, y buscó rebajar la asignación por voto que reciben los partidos y candidatos. El proyecto comenzó a enredarse tanto en el Senado como en la Cámara -incluso se llegó al despropósito de suprimir las multas para todos los electores-, lo que obligó a conformar una comisión mixta. Esta resolvió reponer las multas y disminuir la asignación, y solo recién en dicha instancia -de manera verbal, no por medio de indicaciones- el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, manifestó que se debería fijar el criterio de que la multa solo fuese para los ciudadanos chilenos. La comisión mixta no acogió esa propuesta, y el Senado -con votos oficialistas-, rechazó el informe.

El Ejecutivo entonces anunció el envío de un veto para reponer todos estos puntos, pero además fijó el criterio de que la multa solo correrá para los ciudadanos chilenos, pues según su predicamento el voto en el caso de los extranjeros tiene el carácter de voluntario, de acuerdo con el sentido de las normas constitucionales.

Aun cuando es válido que se busquen armonizar las normas del texto constitucional, toda vez que incluso entre los propios expertos se ha producido un debate sobre la obligatoriedad del voto en el caso de los extranjeros -respecto de ellos la Carta Fundamental señala que estos podrán ejercer su derecho a sufragio, pero la norma sobre voto obligatorio la hace extensiva a todos los electores, sin distingo-, desde luego ya resulta cuestionable que un asunto de esta envergadura se plantee a último minuto, pero además resulta llamativo que este punto se levante con tal intensidad justo ahora, en circunstancias que no fue objeto de reparos que en la elección de consejeros constitucionales y el plebiscito del año pasado los extranjeros con derecho a voto fueron obligados a sufragar, y multados en caso de no hacerlo.

El ministro Elizalde argumentó que la voluntariedad del voto para los extranjeros fue el criterio aplicado mientras hubo voto obligatorio en el país, pero fue la vocera de gobierno la que explicitó que, si bien “el derecho a voto existe para las personas migrantes o extranjeras, no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país”, una declaración ciertamente sorprendente, porque trasunta un claro y súbito ánimo de excluir a los extranjeros. El hecho de que dos parlamentarios del PS presentaran un proyecto de ley para que los extranjeros solo puedan votar en las elecciones municipales -iniciativa abiertamente discriminatoria-, no hizo más que reforzar la noción de que el oficialismo está en realidad orquestando maniobras electorales de último minuto, y el supuesto interés en armonizar normas constitucionales solo se está utilizando como pretexto.

En todo esto salta a la vista una contradicción enorme, pues si los extranjeros pudieron votar sin problemas para definir una nueva Constitución, es decir, la norma fundamental del país, levantar estas objeciones para unas elecciones de alcance local parece un total contrasentido. Además, el propio texto constitucional entiende que los extranjeros avecindados por más de cinco años están en condiciones de sufragar, porque se asume que transcurrido ese tiempo ya se han involucrado con la realidad del país y deben empezar gradualmente a asumir las responsabilidades que ello implica, donde votar es una de ellas. No existiendo entonces razones objetivas o de peso que justifiquen este repentino cambio de criterio sobre los extranjeros, resulta evidente que la motivación descansa en evitar que en determinadas comunas estratégicas para el oficialismo, y donde los extranjeros representan un porcentaje relevante del padrón -tal es el caso de Santiago, Independencia, o Estación Central-, estos concurran a votar masivamente.

El cambio de las reglas electorales en la antesala de una elección implica un derrotero peligroso para nuestra democracia. Es un modo de actuar que resulta completamente ajeno a nuestra tradición, y que responde a las peores prácticas que hemos visto en otros países de la región, donde las leyes se empiezan a manipular para favorecer los intereses de determinados sectores. Sorprende aún más que esto lo esté encabezando el propio ministro Elizalde, quien fue ministro, parlamentario por largos años e incluso ocupó la presidencia del Senado; alguien como él debería ser especialmente consciente sobre la importancia crucial de cuidar las instituciones y detentar los cargos de Estado con suma responsabilidad. Su rol ministerial, como puente entre el gobierno y el Congreso, queda además gravemente cuestionado al poner en riesgo una relación fluida con la oposición.

No cabe duda que en estas circunstancias el Ejecutivo debe echar pie atrás en los términos que pretende plantear el veto aditivo, y volver al espíritu original de lo que fue su propio proyecto de ley, que en todo momento habló de “electores”, y dejar para un debate posterior lo relativo a una mejor armonización de las actuales normas constitucionales. Dar curso a una maniobra electoral ciertamente sentaría graves precedentes, lo que debe ser evitado.