Un punto de inflexión en la educación pública

Más de 50 días de paro llevan ya 46 establecimientos pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama. Los motivos denunciados por docentes y funcionarios serían la mala gestión de las autoridades locales -las que constan en una auditoría reciente-, así como la insuficiente respuesta del Ministerio de Educación frente a las malas condiciones de infraestructura y la falta de insumos para la correcta realización de las clases. El resultado es que se podría hipotecar el año escolar de los 30 mil estudiantes matriculados en estos establecimientos, quienes ya sufrieron la pérdida de clases debido a la pandemia y ahora nuevamente son víctimas de circunstancias que no les atañen.

El caso del SLEP de Atacama se ha transformado en un escándalo no sólo por el gravísimo perjuicio en la comunidad estudiantil, sino también porque ha permitido visibilizar las falencias del sistema, cuyas principales promesas se están viendo fuertemente cuestionadas. El propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha señalado que en el caso de Atacama se advierten visos de corrupción; asimismo, se reveló que una serie de cargos en el SLEP respondieron a nominaciones políticas, lo que incluso está desatando pugnas dentro del propio oficialismo. El nuevo Sistema de Educación Pública se creó precisamente con la expectativa de profesionalizar la gestión de la educación, desanclándola del ciclo político propio de los municipios, y de favorecer una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. En los hechos, sin embargo, hemos visto que nada de ello ha ocurrido, y es dudoso atribuir los problemas a la falta de recursos, considerando que los SLEP reciben al menos un 30% más de recursos que los sostenedores particulares subvencionados.

A la luz de estos antecedentes, el caso del SLEP de Atacama debiera marcar un punto de inflexión respecto a la instalación del nuevo sistema. Ante la posibilidad de que otras regiones también comiencen a enfrentar problemas similares, y con ello se ponga en riesgo a un universo mayor de alumnos, se debiera considerar seriamente la posibilidad de frenar el traspaso de más colegios a dicho sistema hasta que no exista certeza de que se han adoptado las acciones necesarias para asegurar que la nueva institucionalidad es capaz de hacerse cargo correctamente de la educación pública. En el marco de la discusión presupuestaria para la cartera de Educación distintos parlamentarios ya están planteando esta posibilidad, lo que es una señal acertada. La autoridad también debería pronunciarse con prontitud acerca de esta alternativa.

Esta discusión de largo plazo en modo alguno debe desviar la atención sobre las responsabilidades que caben a los distintos actores en esta crisis. Es evidente que el Ministerio de Educación carga con la mayor cuota, pues de esta cartera depende la Dirección de Educación Pública, órgano rector del Sistema de Educación Pública. El ministro Cataldo señaló que aquí lo que ha fallado no ha sido el gobierno, sino que “el que ha fallado ha sido el Estado”, palabras que sugieren cuál es el problema de fondo tras la situación de Atacama, y que tiene que ver con la dilución de las responsabilidades a que lleva la nueva institucionalidad de educación pública, diseñada bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet, pero apoyada firmemente por el actual gobierno y en particular el actual ministro.

Sin perjuicio de los graves problemas detectados, es lamentable que una vez más el Colegio de Profesores recurra a mecanismos de presión que perjudican gravemente el interés superior de los niños y las familias.