Una crisis políticamente mal gestionada

La coalición de gobierno atraviesa por uno de sus momentos más complejos en lo que lleva de mandato, a raíz del caso que implica al exsubsecretario Monsalve. Lejos de ir amainando, la trama de este episodio se va haciendo cada vez más compleja -además de ser investigado por violación, se ha reunido preocupante evidencia de que Monsalve habría orquestado una operación de inteligencia, que incluso habría llegado al punto de movilizar policías para intentar contactar a la propia denunciante, a lo que se suma que ella habría recibido amenazas de muerte-, sin que La Moneda haya logrado despejar los cuestionamientos de que ha sido objeto por la errática forma en que ha manejado este caso.

No se han entregado aún explicaciones satisfactorias de por qué Monsalve pudo ir a exponer al Congreso casi 48 horas después de que La Moneda ya estaba al tanto de la denuncia; surgieron discrepancias entre el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto del uso de un avión institucional por parte de Monsalve -algo que Orellana calificó desde un primer momento como irregular-, mientras que la remoción de la jefa de inteligencia de la PDI por atribuciones indebidas en el marco de la Ley de Inteligencia cuestionan el respaldo inicial que gobierno brindó al actuar de esta unidad de la PDI, asegurando que todo estuvo dentro de la legalidad.

Cuando ya ha transcurrido más de una semana desde que se conoció la denuncia contra Monsalve, resulta muy complejo que el propio gobierno todavía esté siendo sorprendido por informaciones contradictorias, y que sus intentos por sacar el caso desde el corazón de La Moneda y circunscribirlo a Monsalve no hayan rendido frutos. El cuadro es aún más desgastante cuando la propia ministra del Interior ha sido objeto de fuertes cuestionamientos incluso desde sectores del propio oficialismo, entre otras razones porque, tal como reconoció en su primera conferencia de prensa, apenas fue alertada por la PDI de la denuncia contra Monsalve le informó de ello inmediatamente al Presidente, dejándolo expuesto. Tampoco previó las implicancias de que Monsalve se reuniera con el propio Mandatario y que en dicha reunión le comentara que tuvo acceso a cámaras de seguridad en un caso que lo implicaba directamente, algo que ahora podría llevar a que tanto Tohá como el Mandatario sean citados a declarar en calidad de testigos. Dentro del propio comité político resienten el hermetismo con que Tohá manejó el caso, lo que ha llevado a que la ministra de la Mujer declarara que le habría gustado “saber antes”, en tanto que desde el PS reprochan que entre los cargos clave de Interior ya no se cuente con personeros de esta tienda.

En una crisis de esta envergadura, lo esperable habría sido no sólo que la propia Moneda tuviera un manejo mucho más profesional, sino que todas las fuerzas de la coalición se ordenaran para intentar proteger al gobierno y brindar una salida eficaz, buscando contener los efectos políticos de una situación tan compleja como ésta. En cambio, pareciera que se ha desatado una suerte de guerra civil entre sectores del Frente Amplio (FA) y del Socialismo Democrático (SD), los que se han recriminado en duros términos por el manejo de este caso, a ratos resultando especialmente bochornoso.

Dentro del oficialismo hay sectores que ahora buscan activar un “pacto de no agresión”, conscientes de los graves efectos que una pugna de este tipo trae para la coalición y para el propio gobierno. Esta guerrilla de declaraciones ciertamente no ayuda a prestigiar la actividad política, pero de fondo trasluce un problema político de mayor alcance, pues está desnudando las serias dificultades que tiene la coalición para funcionar articuladamente y eventualmente poder proyectarse más allá de este gobierno. Es un hecho que las divergencias entre AD y el SD comenzaron a manifestarse tempranamente en una serie de ámbitos, pero con el paso del tiempo éstas se han ido amplificando, sin que se observe mayor ánimo de revertirlo, como ha quedado claro por estos días.

Es posible que el clima electoral haya potenciado el ánimo de algunos por acentuar estas diferencias y con ello sacar réditos electorales; después de todo, desde el SD ha habido voces que recalcan que gracias a su presencia el gobierno ha logrado cierta estabilidad, reprochando una y otra vez las incongruencias de la superioridad moral de los jóvenes frenteamplistas. Que ahora sean figuras del SD las que aparezcan protagonizando un escándalo político quizás haya sido vista como una oportunidad para “pasar cuentas”. Como quiera que sea, el costo de estas reyertas y desorganización inevitablemente lo termina pagando el país, pues las pugnas políticas sólo enardecen el ambiente y dificultan concentrarse en los problemas más acuciantes.

En ese orden de cosas, las implicancias que reviste el caso Monsalve exigen tanto del gobierno como de la coalición ordenarse y tratar sus diferencias de una forma más disciplinada, porque las crisis también deben ser políticamente manejadas y eso es algo que claramente no está ocurriendo, transmitiendo una sensación de desorden y falta de manejo que, además de complicar la gestión gubernamental, en nada ayuda a generar la necesaria confianza en las instituciones.