Una esperanzadora señal de la política

Antes de entrar a su receso de febrero, tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados se encargaron de dejar nombrados al conjunto de expertos que tendrán la delicada tarea de diseñar un anteproyecto de nueva Constitución, y velar porque las doce bases institucionales que habrá de contener el nuevo texto -las cuales fueron definidas por el Congreso en octubre pasado- sean debidamente custodiadas en el texto que se propondrá a la ciudadanía.

Con ello se ha dado cumplimiento al cronograma establecido en la reforma constitucional que habilitó el nuevo proceso constituyente -un diseño con una serie de singularidades en la experiencia internacional-, el cual como punto de partida establecía que diputados y senadores debían elegir a los 24 integrantes de la Comisión Experta, en tanto que los diputados definieron a los 14 juristas que integrarán el Comité Técnico de Admisibilidad, listado que fue ratificado por el Senado. También ambas ramas del Congreso definieron el reglamento que regulará todas las instancias del proceso constituyente, con lo cual no será necesario que los expertos y consejeros electos distraigan tiempo en ello.

El hecho de que se haya podido llegar hasta esta instancia constituye ciertamente un logro particularmente valioso del Congreso y los partidos políticos. A pesar de que su imagen y quehacer se encuentran fuertemente cuestionados por la ciudadanía, estas instancias fueron capaces de darle continuidad al proceso constituyente tras el estrepitoso fracaso de la Convención Constitucional. Tal como ocurrió en los aciagos días de noviembre de 2019, nuevamente fue un amplio acuerdo de la mayor parte de las fuerzas políticas con representación parlamentaria lo que permitió destrabar un cuadro especialmente complejo tras el plebiscito de septiembre pasado y empezar a cerrar los espacios de incertidumbre. El acuerdo alcanzado para definir a los expertos y árbitros del proceso fue otra potente señal.

Los partidos fueron esta vez muy conscientes de que si se embarcaba al país en un nuevo proceso constituyente debían buscarse todos los resguardos necesarios para evitar un nuevo fracaso. Para esto era fundamental asegurar que las visiones maximalistas y radicalizadas no volvieran a tomar el protagonismo, y era también esencial impedir que el proceso volviera a significar un salto al vacío, como ocurrió la vez anterior. El haber establecido tempranamente las doce bases sobre las cuales se edificaría la nueva Constitución -las cuales aseguran nuestra mejor tradición institucional y cultural- trajo sin duda mucha tranquilidad, y el que esta vez se cuente con la contraparte de personas expertas a lo largo de todo el proceso abre muchas más posibilidades de que el nuevo texto goce de la solvencia técnica indispensable y congregue el respaldo mayoritario en el plebiscito de diciembre próximo. Con ello se habrá logrado cerrar un largo capítulo que lleva casi una década de debate, desde que en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se abrió un proceso constituyente.

Es una buena señal que la política haya vuelto a ser la instancia para conducir los grandes acuerdos del país y los cauces institucionales sean la vía para resolver las diferencias en la sociedad, lo que por cierto marca una importante diferencia con el derrotero que peligrosamente se ha visto en la región.