Una estrategia que significa un claro retroceso en el desarrollo del litio

 Plantas procesadoras del Litio en Salar de Atacama

Es improbable que ante la fuerte desconfianza que esta estrategia trasluce hacia el sector privado el país pueda desarrollar una vigorosa industria del litio.



El esperado anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, presentada el jueves pasado por el Presidente Gabriel Boric, fue un balde agua fría para todos aquellos que esperaban una verdadera participación mixta en el desarrollo del mineral. La idea de que en todos los proyectos el Estado tendrá una participación mayoritaria, llevó a que connotados medios extranjeros, como el Financial Times, se refirieran a la “nacionalización del litio”, al tiempo que en los mercados las empresas del rubro -SQM y Albemarle- tuvieron un desplome histórico en los precios de sus acciones tanto en Chile como en Estados Unidos.

Se trata, sin duda, de un tema que inquieta profundamente, no solo por el valor estratégico del litio, sino también por la marcada desconfianza hacia el sector privado que refleja la mencionada estrategia, algo que desnuda el sentir más profundo del actual gobierno al respecto y de su excesiva confianza en el Estado como ente productor de bienes. Esto no solo se refleja en las medidas anunciadas, sino también en el tono que utiliza el Mandatario al hacer los anuncios. Sus referencias a la chilenización del cobre que impulsó Eduardo Frei y la posterior nacionalización que concretó Salvador Allende sugieren lo que el Presidente podría estar pensando para el litio.

Otro punto de preocupación es la pretensión de renegociar los contratos de las dos empresas que hoy explotan el Salar de Atacama -SQM y Albemarle-, para la incorporación de Codelco en dicha operación. Si bien se aseguró que todo esto se hará en un marco de respeto a los contratos vigentes y que se buscará un acuerdo con las citadas empresas, es bastante claro que se trata de una medida que puede ser muy abusiva, considerando el poder de negociación que tiene el Estado, y los problemas que puede llegar a tener una compañía privada que está en contra de los deseos del gobierno. En esto, se hubiera esperado un enfoque más cuidadoso por parte de la actual administración, considerando que ambas empresas tienen capitales extranjeros, lo que puede conducir a muchos desincentivos para invertir en el país. El derrumbe accionario de SQM y Albemarle da una señal de alerta al respecto.

Todo esto es justo lo contrario de lo que se espera de una verdadera colaboración público-privada. El Presidente perfectamente pudo haber optado a través de la Empresa Nacional del Litio -otra de las propuestas contenidas en la estrategia- para apostar por un modelo como la industria del cobre, donde coexisten empresas privadas junto a Codelco. No se entiende por qué no se consideró haber incentivado la participación minoritaria o en las utilidades de los nuevos proyectos, pero en cambio se quiso ir más allá, pretendiendo la mayoría estatal incluso en los proyectos que están funcionando.

Nada de esto hace sentido. Primero, porque en el modelo actual, donde el Estado no tiene propiedad, pero sí participación en las utilidades, hizo que el Fisco recibiera el año pasado sobre US$ 5 mil millones, más del doble de lo que entregó Codelco en el mismo período. Segundo, y tan importante como lo anterior, esta política puede significar un freno a la inversión en el litio, que es lo que necesita el país en forma urgente, considerando el precio histórico que ha alcanzado el mineral.

Todo esto pone en entredicho la capacidad que tiene el país de abastecer la creciente demanda por litio que existe en el mundo, y que resulta vital para el avance de la electromovilidad. Hace un tiempo, otro reconocido medio, The Wall Street Journal, cuestionaba si Chile estaba a la altura del desafío, considerando que ya perdimos el liderazgo en la producción mundial frente a Australia. Hoy las dudas se acrecientan.

Este es, por cierto, un debate que recién comienza, pero lo que es claro es que la política anunciada significará dedicar un tiempo muy grande a ponernos de acuerdo como país para el desarrollo de una riqueza que hoy resulta fundamental. Porque en vez de concentrar los esfuerzos en cerrar nuevos contratos, la atención estará puesta en revisar los actuales y cómo participará el Estado en los que vengan a futuro. En vez de contar con una política clara para atraer inversión, hay una alta probabilidad de que implique un retroceso en aquello. Con esto no se genera ni mayor valor agregado ni mayor riqueza.

Desde un punto de vista político, ciertamente desconcierta ver al Presidente en un mismo día pronunciar dos discursos tan disímiles. En la mañana del jueves, en Enade, llamó a las empresas a dejar las desconfianzas y trabajar en grandes acuerdos, donde la colaboración público-privada es fundamental, dijo, mientras que en la noche del mismo día anunció una política que se aleja totalmente de aquello, creando una confusión que no favorece al país.

Hay otras implicancias que también se avizoran. No es claro aún qué cantidad de recursos públicos se necesitarán para desarrollar empresas de litio, y es evidente que políticas tan ideologizadas no favorecen un clima de acuerdos, pudiendo entrabar las negociaciones para alcanzar un nuevo pacto tributario en el Congreso.

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