Una luz de alerta sobre el proceso constituyente

A una semana de que tengan lugar las elecciones de consejeros constitucionales, cuyo rol será esencial en el proceso constituyente, la discusión sobre materias propiamente constitucionales pareciera no existir, contrastando fuertemente con el fervor que se observaba al inicio del anterior proceso constituyente. Un estudio publicado por Criteria a comienzos de este mes mostraba que el interés en el proceso apenas alcanzaba al 30%, contra el 60% que se observaba en 2021. Datos de la encuesta Cadem de la última semana de marzo arrojaban que el 88% desconocía los nombres de los candidatos de su región, y una mayoría del 44% se mostraba inclinada a votar rechazo respecto de la nueva Constitución.

Esta desaprensión con el proceso se ha reflejado en el tipo de contenidos de la franja electoral, donde las discusiones programáticas de orden constitucional prácticamente han sido desplazadas por los temas más candentes de la coyuntura, encabezados por la inseguridad ciudadana, un tema al que han apelado casi todas las candidaturas del oficialismo como de la oposición, sin explicar cómo pretenden hacerse cargo de este flagelo a través de la Constitución. Sexto retiro, pensiones dignas, soluciones habitaciones, inmigración fuera de control son otras temáticas que también se han repetido en estas semanas de franja electoral, rememorando más a una campaña presidencial o parlamentaria.

Los partidos políticos, por su parte, antes que preocupados de encauzar este proceso hacia aquellas materias propiamente constitucionales, parecen haber centrado su preocupación en qué fuerzas serán las que terminen dominando dentro de la oposición y el oficialismo, un asunto que si bien tiene importantes implicancias para el devenir político del país, al ser convertido en un asunto medular al final alimenta la idea de que estas elecciones tienen que ver más con la conquista de cuotas de poder, o de evaluar la gestión del gobierno.

A la luz de estas consideraciones hay un riesgo de que esta elección termine distorsionándose en su espíritu, y finalmente se termine votando por cuestiones muy diversas, pero con escasa o nula relación con lo que interesa para una nueva Constitución. Si esto termina confirmándose, sería un claro retroceso. Al examinar las razones de por qué existe el riesgo de que esto pueda ocurrir, parece claro que en ello han incidido una serie de factores. Por de pronto, se advierten escasos esfuerzos por llevar a cabo campañas de información respecto de las propuestas que hasta aquí ha evacuado la Comisión Experta, donde la discusión se ha encapsulado en círculos académicos y políticos, a pesar de que ya existe un primer borrador y respecto del cual los comisionados han presentado más de 900 indicaciones. Si bien se han alcanzado importantes consensos, en estas últimas semanas también se han traslucido fuertes diferencias en ámbitos como los derechos sociales y el rol que allí juegan los privados y el Estado, un asunto de primer orden pero que aun así no está presente en el debate cotidiano.

Asimismo, parece evidente que hay abundancia de candidaturas débiles, carentes de propuestas de peso, pero en cambio bien dispuestas a buscar la conquista de votos mediante el discurso estridente o de corte populista. Hay aquí una falla evidente de los partidos, que han renunciado a una conducción más activa del proceso -como sí ocurrió en la etapa de su diseño- y que con una selección poco prolija en numerosos casos dejaron abierta la puerta para que eventualmente lleguen al Consejo voces que pueden hacer más difícil alcanzar consensos o deliberar sobre propuestas sensatas, lo que exigirá del electorado un esfuerzo mucho más consciente a la hora de emitir su voto.

Tal parece que aún no se ha calibrado la importancia para el país de que este proceso constituyente llegue a buen puerto. Queda claro que la aprobación del nuevo texto no está asegurada, y para que ello ocurra resulta fundamental que este proceso sea validado por la ciudadanía, lo que hasta aquí -considerando los niveles de desafección- no es claro que esté ocurriendo. A pesar de que los temas urgentes que hoy agobian a la sociedad, sumado a la inevitable fatiga luego del fracaso del extenso proceso anterior, hacen objetivamente difícil mantener el interés puesto sobre la deliberación constitucional, es imprescindible que las fuerzas políticas sepan encontrar la forma de no desperdiciar la oportunidad histórica que se ha abierto para cerrar exitosamente este capítulo.