Una nueva crisis política en Ecuador

Hace dos años, en su tercer intento, Guillermo Lasso lograba asumir la Presidencia de Ecuador tras sobreponerse a los resultados de la primera vuelta y derrotar al representante del correísmo, Andrés Arauz, dando término a un ciclo de gobiernos de izquierda. El país enfrentaba importantes desafíos impuestos por la pandemia, un estresado sistema de salud y una extrema pobreza que había pasado de 7,6% a 12,8%, según cifras de la Cepal. El PIB había retrocedido un 7,8% el año anterior y el Mandatario, junto con ofrecer un “nuevo siglo de republicanismo que estamos a punto de arrancar”, aseguraba que los “ecuatorianos con su voto expresan la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos”.

Sin embargo, el miércoles pasado, el Presidente invocó la llamada “muerte cruzada”, un mecanismo consagrado en la Constitución de 2008 que le permite al Mandatario, argumentando una grave crisis política y conmoción interna, dentro de otras causales, disolver la Asamblea Nacional. A más tardar el 24 de mayo el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones presidenciales y parlamentarias, para que quienes resulten elegidos concluyan el mandato actual. La decisión fue la respuesta ante la posibilidad de ser destituido por la misma Asamblea en un juicio político por malversación de fondos -de fundamentos discutibles-, y donde sus detractores contaban con una muy amplia mayoría.

Lo ocurrido es un nuevo capítulo de un Mandatario que no pudo gobernar con una asamblea de oposición que no colaboró ni logró generar los acuerdos para sacar adelante su programa. Aun cuando el país presenta algunas cifras de recuperación en materia económica -un Índice de Precios al Consumidor que en el mes de abril alcanzó 2,4% interanual, un PIB que creció 2,9% en 2022 y proyecciones similares de crecimiento para este año-, enfrenta una importante crisis social y política. El gobierno cuenta con menos de un 20% de apoyo ciudadano y en febrero último perdió el referéndum sobre las reformas que pretendía hacer, al igual que las elecciones de alcaldes y prefectos, donde el correísmo fue el gran triunfador. Una situación a la que se suma la inseguridad y una violencia creciente -donde incide la instalación en el país de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico- que no encuentran respuesta por parte de las autoridades.

En ese contexto, y si bien es una salida constitucional, comienza un periodo que no estará ajeno a tensiones -partiendo por la intención de algunos sectores de invalidar la decisión que adoptó Lasso-, en el cual el Mandatario gobernará vía decretos que serán validados por la Corte Constitucional y referidos a materias económicas, restringiendo el ámbito de su accionar. Ello otorgará un mínimo de gobernabilidad por los próximos meses, hasta que asuman las nuevas autoridades. Sin embargo, las demandas sociales persistirán y el accionar de movimientos como Pachakutik, convocante de las protestas el año pasado, puede retomarse.

Es lamentable que nuevamente en la región la actividad política no pueda canalizar adecuadamente las diferencias entre los distintos sectores para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, y se terminen activando mecanismos de excepción, que si bien es conveniente que existan para situaciones muy complejas, grafican la debilidad democrática del país cuando se recurre a ellos.