Una nueva realidad delictual

La nueva ola de asesinatos que afectó a la Región Metropolitana (RM) -dejando un saldo de ocho fallecidos, la mayoría por acción de armas de fuego- ha generado profunda preocupación en la ciudadanía, pero ha tenido además inusuales repercusiones en el ámbito político, puesto que desde el propio oficialismo se han dejado sentir críticas ante el fenómeno delictual. La presidenta del PS señaló que “la propuesta no es que el Presidente (Boric) encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones, de reuniones estamos todos cansados”. Impresiones que fueron compartidas por otros dirigentes del oficialismo. El propio Presidente de la República tuvo que salir a responder las críticas, señalando que “acá no hay espacio para la improvisación, ni para la última cuña, sino que esto se trata de una política de Estado en donde tenemos que estar unidos”.

Naturalmente que frente a la gravedad de lo que está sucediendo, resulta casi irónico que el delegado presidencial de la RM haya propuesto la conformación de mesas jurídico-policiales, con lo cual sencillamente no se está brindando ninguna respuesta de fondo, denotando que a nivel de gobierno tampoco hay un plan verdaderamente consistente para abordar esta situación. De hecho, el Ejecutivo ya había conformado mesas especiales frente a la anterior ola de homicidios en julio -que dejó un saldo de 17 fallecidos en la RM-, desplegándose además una batería de medidas que hasta aquí no parecen estar marcando ninguna diferencia.

Como forma de salida a esta crisis se multiplican las voces que solicitan dictar nuevas leyes o endurecer las actuales, además de activar el camino de las consabidas querellas. En estas mismas páginas ya se ha hecho ver que ante todo cabe asumir el diagnóstico en que nos encontramos, donde las soluciones han de estar acordes a dicha realidad. Es claro que lo que está afectando al país no es solo la delincuencia común; el mayor problema parece estar en el enorme poder que está adquiriendo el crimen organizado, el cual cuenta con un potente poder de fuego, actúa a través de despiadados métodos de acción -que no eran usuales entre nosotros-, extiende los tentáculos de la corrupción de instituciones y despliega un activo control territorial, lo que está llevando a descarnados enfrentamientos entre quienes disputan dichos territorios.

De allí que frente a este dramático fenómeno las respuestas desde el gobierno no pueden continuar siendo las tradicionales, como seguir conformando mesas que en realidad no están apuntando a nada concreto, o apostar a que el contar con nuevas leyes -por importantes que estas sean- de suyo ayudarán a contener este flagelo. Asumir esta nueva realidad delictual implica que el Estado debe desplegar capacidades extraordinarias y a gran escala, partiendo por el hecho de que no cabe aceptar que existan zonas controladas por bandas narco, donde el Estado de Derecho queda simplemente al margen.

Clave resulta en este contexto reforzar la presencia policial, las capacidades de la Fiscalía y desde luego contar con un sistema de inteligencia mucho más robusto, lo cual sigue siendo una deuda pendiente pese a los años que lleva debatiéndose este tema. Cabe esperar que a partir de la incomodidad que se observa dentro del propio oficialismo la agenda de seguridad encuentre la prioridad que esta exige, como algo permanente.