Una propuesta para enfrentar el CAE que enreda al oficialismo

El gobierno tiene la intención de concretar una propuesta sobre un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, pero a la par busca entregar algún tipo de solución a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), intentando ir en consonancia con lo que en su momento se planteó en el programa de gobierno, donde se postula una condonación universal de las deudas educativas.

La forma de plantear este debate ha estado lejos de ser satisfactoria, porque seguramente allí donde se pensaba que esto podría ayudar a reverdecer las líneas programáticas del gobierno de Apruebo Dignidad y despertar la cohesión entre las fuerzas de gobierno, el efecto hasta aquí ha sido más bien el contrario, generando confusión respecto de lo que se busca con esta medida, así como tensiones con aquellos grupos que ven con distancia una fórmula de condonación amplia. Voces de la propia centroizquierda han calificado un eventual “perdonazo” como algo “inmoral” -la presidenta del PS lo tildó de “ofertón”-, en tanto que voces expertas han hecho ver que una propuesta que apuntara a una condonación universal es del todo inviable, considerando que el monto actualmente vigente por CAE supera los US$ 11.900 millones, cifra inabordable para el Fisco.

Consciente de esta realidad, es que desde el gobierno se ha intentado abandonar el concepto de “condonación”, para empezar a hablar de “solución”, pero esta salida no está siendo validada por el Partido Comunista, donde varios de sus parlamentarios han planteado explícitamente que se debe volver a la propuesta original del programa, cual es una condonación universal. Para sectores del Frente Amplio, por su parte, la idea de condonar las deudas CAE ha sido una aspiración largamente enarbolada por dicho sector y fue uno de los aspectos en que se basó su demoledora crítica hacia los “30 años”, acusando que en esos años se “mercantilizó” la educación. Pero una vez en el gobierno, la realidad ha venido a demostrar que pretender terminar de golpe con dicho sistema es mucho más complejo de lo que ellos mismos suponían.

Es evidente que el Ejecutivo ha vuelto a tropezar con la piedra de la impericia, ya que precipita un anuncio sin que esté debidamente sensibilizado con las distintas fuerzas del oficialismo -sus detalles, de hecho, están lejos de haberse concretado, esperándose que el proyecto recién se presente en septiembre-, previsiblemente buscando generar un efecto mediático de cara a la cuenta pública del 1 de junio, dando la idea de que el gobierno no ha abandonado sus propuestas programática centrales.

Pero además del lío interno que se genera dentro de la coalición gobernante, para efectos de la discusión legislativa que se avecina es lamentable que una eventual condonación -aun si es parcial- se ate en un solo proyecto con un nuevo sistema de financiamiento. Una estrategia de este tipo puede asemejarse a un chantaje, donde es altamente probable que los desencuentros que surjan entre oficialismo y oposición -sector que ha sido renuente a las fórmulas de condonación- terminen empantanando el debate, perdiendo la oportunidad de evaluar en su debido mérito y sin presiones políticas nuevas formas de financiamiento para la educación superior.

Tampoco puede obviarse que esta estrategia de hacer anuncios vagos y con demasiada antelación no solo alimenta expectativas en la sociedad que luego se pueden ver incumplidas, sino que además encierra un alto riesgo de que la morosidad siga en aumento. Esta se encuentra en sus niveles más altos desde que el sistema debutó en 2006 -el año pasado alcanzó al 60% del total de deudores-, y aunque en ello pueden estar incidiendo factores como la caída de las remuneraciones, inestabilidad laboral o carreras que reditúan menos de lo esperado, no hay duda de que ante las expectativas de condonación el no pago también aumenta. No parece ser casualidad que los mayores índices de morosidad justamente coincidan con el período del actual gobierno.

Los lineamientos que hasta aquí ha entregado la autoridad indican que la propuesta apuntará a “organizar la deuda”, y que estará basado en tres principios: justicia, progresividad y autocontención. Más allá de que resulta atendible analizar casos concretos en que la deuda del CAE puede estar representando una carga difícil de sobrellevar, los datos muestran que para el 77% de las personas con pago activo la cuota promedio es de unos $32 mil. Por ello la necesidad de condonar, aunque sea solo a una parte de los deudores, no aparece justificada, considerando que los actuales deudores también pueden acceder a una serie de facilidades para pagar el crédito.