Una propuesta que debilita la gobernabilidad

Desde hace mucho tiempo las instituciones en el país han venido enfrentando el desprestigio, y dentro de ellas los partidos políticos y el Congreso Nacional no han sido la excepción, mostrando una muy baja apreciación de confiabilidad por parte de la ciudadanía. Y aun cuando se han introducido normas que permitan una mayor representación y un mejor funcionamiento de los partidos políticos, ha aumentado la cantidad de personas que no se identifican con estas instituciones y existe un porcentaje relevante que no participa en las elecciones y decisiones que se someten a su votación –como el último plebiscito para definir si se iniciaba un proceso constitucional, y que, sin embargo, se agrupan para participar en distintas causas.

Ello, es lo que inspiró a la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional a incluir en su primer informe, que se votó ayer en general en el Pleno, la propuesta de consagrar a nivel constitucional a las organizaciones políticas, las cuales podrán constituirse como partidos políticos o bien como movimientos políticosociales, y a las que se les asegurará “la igualdad de condiciones para la competencia electoral”.

Si bien la propuesta inicial establece que quedará asignado a la definición de la ley establecer los requisitos, deberes y derechos de cada tipo de organización política, al plantear en forma genérica que su finalidad “es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado en conformidad a la voluntad política de los pueblos”, se abre un espacio de acción muy amplio, que resulta inconveniente. Esto, porque se crea la posibilidad de que a los partidos políticos se sumen en la competencia por la representación ciudadana entidades instrumentales que persigan intereses particulares o sectoriales por sobre los de la totalidad de la nación, que es lo propio de los partidos.

Por otra parte, al establecer que los movimientos político-sociales se podrán constituir legalmente a cualquier nivel territorial y los partidos solo a nivel regional o nacional, produce diferencias que beneficiarán claramente la constitución de los primeros, generando una asimetría a la hora de concurrir a los actos eleccionarios. De igual manera, al señalar que ambos tendrían registro de afiliados, financiamiento y programa político, no se ve la razón de extender la representación más allá de los partidos en el ámbito político.

El camino propuesto introduce un elemento que debilita la institucionalidad propia de la democracia representativa, que se basa en partidos políticos sólidos, con prácticas transparentes, debidamente regulados, que respondan a la ciudadanía buscando su respaldo en cada elección. Con esta iniciativa se generan incentivos para atomizar esa representación y con el aumento de los actores –que ya en el país por el número de partidos existentes se evidencia-, en la práctica se hace más compleja la posibilidad de llegar a grandes acuerdos. Ese camino hará más difícil que las distintas administraciones puedan avanzar en sus agendas al hacer más complejo obtener mayorías en el Congreso y dar gobernabilidad.

Es importante que existan movimientos que respondan a las necesidades sociales, pero esto debe darse en su ámbito de representación de intereses, ideas y necesidades para que la institucionalidad política las canalice, diseñe las políticas y soluciones y dé las respuestas, tal como lo han hecho en distintas materias. Entrar en un ámbito distinto que finalmente confundirá sus roles, terminará debilitando sus propios fines. Lo que necesita el país y su democracia son partidos políticos robustos, confiables y de gran convocatoria, y no seguir fragmentando la representación al intentar homologar a estos con entidades de otra naturaleza.