Una propuesta que va en la dirección equivocada
Un alza del impuesto a las empresas, como propone la CPC, afecta a una base mayor de contribuyentes que el impuesto a los altos patrimonios propuesto por el gobierno. En lugar de transar impuestos, el camino debería ser insistir en una mayor eficiencia en el gasto público.
Este martes, 7 de marzo, se reanudará la tramitación de la reforma tributaria en el Congreso, con la discusión en la Sala de la Cámara de Diputados. Un debate que se anticipa complejo y previo al cual el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) señaló en una entrevista a este diario que “una de esas alternativas que plantean como sector es reemplazar el impuesto al patrimonio por un alza de un punto al impuesto a las grandes empresas”.
La propuesta de la CPC viene a introducir más ruido a una ya compleja discusión sobre la iniciativa presentada por el gobierno (que teóricamente recaudará 3,6 puntos del PIB) y que contiene, entre otros aspectos, una rebaja a la tasa corporativa de 27% a 25% y la introducción de un nuevo impuesto al patrimonio o a la riqueza, también conocido como una versión del “impuesto a los súper ricos”. Iniciativa que, según el gobierno, contribuye a aumentar la progresividad del sistema tributario y tiene un impacto acotado en el retorno al capital.
Durante los últimos 20 años, la tasa corporativa se ha aumentado en forma significativa. Mientras en 2000 era de 15%, hoy alcanza a 27%. Los países de la OCDE en igual período redujeron ese tributo desde una tasa de 32% a 23%. La razón es clara, el impuesto corporativo tiene un efecto negativo importante en la inversión privada. Por ello, la tendencia de los países que lo han entendido así ha sido a rebajarla. Un estudio publicado por el CEP (Cordero y Vergara, 2020), por ejemplo, estimó que a nivel agregado y de empresas, el aumento de solo un punto porcentual en el impuesto corporativo tendría un efecto negativo sobre la inversión de alrededor de 0,1 puntos del PIB en el corto plazo y de entre 0,24 y 0,65 puntos porcentuales en el largo plazo. Y dado el elevado nivel de la tasa de impuesto corporativo en nuestro país, reducirlo va en la dirección correcta.
En ese escenario, proponer reemplazar la propuesta incluida en el proyecto del gobierno por un aumento a la tasa corporativa resulta no solo un retroceso, sino que genera un impacto mayor en la economía. Si bien la evidencia empírica es clara en demostrar que tanto subir la tasa de impuesto corporativo como introducir un nuevo impuesto al patrimonio afectan la inversión y el crecimiento económico, el aumento del impuesto corporativo repercute en una base mucho más amplia de contribuyentes directa e indirectamente que el impuesto a los altos patrimonios, que se centra en un grupo más acotado.
A lo anterior se agrega que la alternativa planteada por la CPC, con los datos públicos disponibles, es desigual en términos de recaudación, ya que el gravamen al patrimonio teóricamente recaudaría 2,5 veces más que el punto adicional de impuesto corporativo que se propone. En consecuencia, como señaló recientemente el Ejecutivo, cualquier diferencia en recaudación debería ser compensada, lo que podría llevar a un mayor incremento del impuesto corporativo y/o al alza de otros tributos para no afectar la recaudación teórica que aspira a lograr la reforma tributaria presentada por el gobierno.
Es correcto señalar que nuestro país necesita un pacto fiscal, que asegure que el Estado pueda contar con los ingresos permanentes para financiar gastos sociales permanentes, asegurando la responsabilidad fiscal de largo plazo. Pero cabe esperar que antes de comenzar a transar impuestos, lo que se requiere es apuntar a una revisión profunda del gasto público, tal como lo planteó la propia CPC, en noviembre de 2021 en Icare, al aludir al informe del BID que estimó en US$ 5.000 millones (1,8 puntos del PIB) el margen que ofrece un gasto más eficiente de los recursos aportados por todos los chilenos. También señaló en esa ocasión las opciones que entrega una reducción de la evasión, la elusión y las exenciones injustificadas. Ambas medidas sumarían en conjunto el total de la recaudación teórica de la reforma tributaria propuesta (3,6 puntos del PIB). Y, por cierto, de faltar recursos, se debería apuntar a una carga tributaria a las personas y empresas que promueva el crecimiento y la inversión en el largo plazo y no lo contrario.
