Urgencia de un plan de reactivación educativa

Han pasado más de dos años desde marzo de 2021, cuando comenzaron a abrirse gradualmente algunas escuelas y colegios tras el prolongado cierre educativo en Chile, uno de los más extensos del mundo. Sin embargo, aún no se cuenta con un plan sólido y definitivo de reactivación educativa, a pesar de los numerosos antecedentes que demuestran el impacto negativo de la pandemia en el ámbito educacional.

La crisis sanitaria causó una pérdida del bienestar mental que se ha traducido en una convivencia escolar deteriorada y una mayor dificultad en el aprendizaje de los estudiantes. Además, se ha producido una pérdida de aprendizaje de más de un año escolar y 50 mil alumnos han salido del sistema, junto con cientos de miles con inasistencia grave. Estos efectos no solo se limitan al corto plazo, sino que tendrán consecuencias a largo plazo: sin un escenario de mitigación significativo, podrían provocar una disminución del 5,5% del PIB hasta finales del siglo debido al perjuicio en el capital humano, cuyo costo equivaldría a más del 300% del PIB actual (CEP, 2023).

Debido a la falta de un plan integral, el Presidente de la República convocó a 23 representantes del sector educativo, político, de la sociedad civil y de organismos internacionales con el propósito de enriquecer las acciones de un futuro plan. El compromiso es dar a conocer el informe final próximamente. Varios expertos han depositado su confianza en este trabajo de dos meses y medio. Se espera que no solo se presente un diagnóstico, pues la evidencia ya está a la vista, como el estudio referido que, además, recopila experiencias mitigatorias que otros países han puesto en práctica. Lo que se espera urgentemente es que el plan recientemente presentado por el Mineduc en la Comisión de Educación del Senado se fortalezca significativamente.

Resulta fundamental que dicho plan incluya herramientas de medición integrales, obligatorias y periódicas, para poder determinar la situación actual de cada sala de clase, en cada escuela del país, y establecer una meta clara y conocida para cerrar la brecha educativa. Se echa de menos la capacidad de enfocarse en las acciones más urgentes, de aplicación inmediata y distinguirlas de las medidas de largo plazo, en lugar de hacer una lista extensa de medidas sin los recursos financieros necesarios para hacerla posible en una escala adecuada. En ello claramente ha faltado voluntad política. Estos recursos no se pudieron obtener en el pasado, ni en el presente año, pero se espera que se obtengan en el futuro. Como ejemplo, el gasto anualizado para estos objetivos varía desde el 0,04% del PIB en el Reino Unido hasta el 0,37% en los Países Bajos, mientras que en Chile actualmente es solo del 0,008% del PIB.

Más allá de que en el último mes se han logrado recuperar ciertos niveles de asistencia, el balance general hasta aquí sigue siendo poco alentador. El país está atrasado en esta tarea, y el tiempo para abordar este problema urgente se ha agotado. Cada día que pasa sin un plan contundente, más estudiantes sufren las consecuencias del cierre educacional. Es hora de que se tomen medidas ambiciosas y concretas para enfrentar este desafío, y en tal sentido cabe esperar que el informe no decepcione y sea efectivamente el primer paso para una reactivación educativa efectiva y duradera.