Urgentes definiciones en salud

El sistema de Isapres viene dando señales de que su situación financiera se torna cada vez más insostenible, ante lo cual el riesgo de un colapso se torna cada vez más patente. Por de pronto, es probable que este año las aseguradoras privadas anoten el peor ejercicio en toda su historia, considerando que 2021 ya había marcado un récord, con pérdidas que superaron los $137 mil millones.

Los controladores extranjeros de algunas de estas Isapres ya han activado los mecanismos de solución de controversias con el Estado chileno, lo que no hace más que confirmar el complejo escenario por el que actualmente atraviesa este sector, el que suma más de tres millones de beneficiarios.

Es fácil advertir los trastornos que se podrían desatar en el sistema de salud si las Isapres comienzan súbitamente a cerrar sus operaciones, generando una masiva migración hacia el sistema público, el que claramente no está preparado para recibir a esta cantidad de afiliados. En la red pública hay más de 1,7 millones de personas en lista de espera para una atención con especialista, donde el tiempo de espera puede llegar a tardar más de un año. Asimismo, más de 60 mil personas siguen aguardando para poder hacer efectiva alguna garantía GES, mientras que en cirugías hay del orden de 300 mil procedimientos pendientes.

Un cierre masivo de Isapres también generaría inevitables impactos sistémicos en toda la red de clínicas, considerando que parte importante de sus ingresos proviene precisamente de pacientes afiliados a las aseguradoras privadas, y se abriría una gran incógnita respecto de los más de $550 mil millones que las Isapres adeudan actualmente a las clínicas.

En ese orden de cosas, lo que finalmente está en riesgo aquí es la salud de millones de personas, y lo que cabría esperar es que la autoridad se esté anticipando a este posible escenario. Hasta aquí, sin embargo, no parece haber señales de que ello se esté abordando con la urgencia que ameritaría, y más bien se advierte un escenario de cierta pasividad, lo que claramente resulta preocupante.

Probablemente el debilitamiento de las Isapres es visto por algunos sectores como funcional al objetivo de terminar con el actual sistema y apuntar hacia otro, estructurado en torno a un gran asegurador público, sin perjuicio de que sigan existiendo prestadores privados. Más allá del modelo de salud que el país defina para el largo plazo, en lo inmediato ha llegado el momento de adoptar definiciones que no pueden seguir esperando, ante el escenario no descartable de que algunas aseguradoras decidan no continuar o deban declarar su insolvencia, sobre todo cuando aún resta por despejar de qué forma se aplicará un reciente fallo de la Corte Suprema, que obligó a utilizar un solo modelo de tabla de factores para calcular el costo de los planes y a la devolución de cualquier cobro en exceso producto de ello. Frente a ello, la autoridad de Salud debe definir cuál es el plan para su reemplazo o de qué forma esos millones de afiliados serán absorbidos por el sistema público. Sería profundamente irresponsable ir improvisando soluciones sobre la marcha, y la ciudadanía necesita certezas acerca de los beneficios que ya tiene y de la continuidad de los tratamientos en curso.