Vacíos en la política nacional contra el delito

No parece estar en discusión que el tema de la delincuencia se ha instalado como la principal preocupación de la ciudadanía, un diagnóstico que fue refrendado la semana pasada por el propio Presidente de la República. En esa línea, la ministra del Interior ha señalado que antes de fin de año espera que se logre consensuar un acuerdo transversal en materia de seguridad, y para estos efectos se llevarán cabo diálogos con gobernadores, parlamentarios y alcaldes, entre otros estamentos.

Probablemente el gobierno pretende articular esta iniciativa en torno al Plan Nacional de Seguridad, que el Mandatario lanzó en junio, en el cual se proponen más de 30 iniciativas específicas, como el fortalecimiento institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos, entre otras.

Si bien es valioso que se propongan este tipo de iniciativas, es indispensable que esto se aterrice cuanto antes en una agenda concreta que se impulse de manera decidida, y no quede solo en grandes titulares. El país tiene una larga experiencia en materia de comisiones, ya sea para modernizar el trabajo de las policías o para combatir el delito -ya antes, en 2018, el gobierno del Presidente Piñera había convocado a un acuerdo nacional de carácter transversal para abordar la seguridad pública, que devino en 150 propuestas, entre ellas, la modernización y reforzamiento de las policías, el fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado, fiscalización y control de armas de fuego, entre otras-, pero pese al paso del tiempo las temáticas parecen seguir siendo las mismas, sin avances sustantivos.

Los datos son elocuentes: el crimen organizado ha expandido sus tentáculos de manera alarmante, lo que se ha traducido en la aparición de delitos antes muy ajenos a la realidad chilena, como ajusticiamientos, balaceras en plena vía pública o secuestros; delitos de alta connotación como “portonazos” o “encerronas” van en aumento, mientras que el número de homicidios escala en forma peligrosa, a lo que se añade la violencia de carácter terrorista en la Macrozona Sur. El propio subsecretario del Interior había señalado que el Estado de Derecho está puesto en jaque desde hace tiempo, diagnóstico refrendado por la vocera de la Corte Suprema.

Pese a lo elocuente de las cifras y de los diagnósticos, la modernización de las policías sigue aún como una materia pendiente -si bien es un avance que el gobierno haya desechado su predicamento de una “refundación” de Carabineros-; en el caso del sistema de inteligencia -aspecto clave para combatir el crimen organizado o los grupos que promueven la violencia política- ni siquiera se ha logrado aprobar la reforma que lleva varios años de tramitación legislativa, y parece un hecho que la persecución penal dista de lograr resultados satisfactorios. La discusión en el Congreso de un nuevo ministerio encargado de la seguridad pública avanza, pero sin la urgencia que requiere.

Pese a las múltiples propuestas e iniciativas que circulan, el país sigue careciendo de una política orgánica que combata el delito en toda su cadena, y es ahora responsabilidad del gobierno corregir esta falencia.