Venezuela: dictadura inocultable

Venezuela se aproxima a cumplir tres semanas desde que tuvieron lugar las elecciones presidenciales, en las que el Presidente Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral -ente manejado por el chavismo-, un resultado que ha sido abiertamente cuestionado por la oposición venezolana -también por buena parte de la comunidad internacional-, acusando que tuvo lugar un grotesco fraude por parte del régimen. Ello resulta evidente cuando Maduro se ha negado pertinazmente a exhibir las actas electorales, con un desglose de resultados mesa por mesa, ejercicio que sí ha hecho la oposición y donde el triunfo de Edmundo González resulta apabullante.

Son varios países los que ya han reconocido a González como el legítimo ganador -entre ellos el gobierno de Estados Unidos-, mientras que la Unión Europea sigue a la espera de poder hacer una verificación independiente de las actas antes de reconocer el triunfo, postura a la que también se han sumado Brasil, Colombia y México, países que buscan con Venezuela una salida negociada a esta crisis. El gobierno del Presidente Boric desde un inicio se negó a reconocer los resultados hasta que no exista una verificación independiente, aunque ha crecido la presión interna para que pronto reconozca el triunfo de González.

Lo cierto es que Maduro no da ninguna señal de retroceder frente a la usurpación de estos resultados; por el contrario, ha endurecido su política de represión hacia disidentes y medios de comunicación hasta niveles inauditos, confirmando así lo que ya era evidente desde hace tiempo: el régimen simplemente se ha convertido en una dictadura despiadada, y utilizará todos los recursos que tenga a su disposición para sofocar cualquier intento de interponerse en sus planes.

Desde que tuvieron lugar las elecciones -el 28 de julio- han estallado masivas protestas en Caracas y otras ciudades, lo que ha tenido como respuesta el fallecimiento de alrededor de 20 personas, además de registrarse la detención de más de 2 mil personas -algo de lo que el propio régimen se ha ufanado-, en condiciones que han sido cuestionadas fuertemente por organismos internacionales, al carecer los detenidos de garantías esenciales. Tal es el caso de los múltiples casos en que se desconoce el lugar de detención.

El propio Maduro ha amenazado con encarcelar a María Corina Machado -la principal líder opositora- así como al propio González, desplegando una masiva campaña en la que pretende denunciar un complot internacional del “fascismo” en contra de Venezuela. Esto se ha visto reflejado en graves violaciones a la libertad de expresión y hacia la prensa libre, lo que se ha traducido en el arresto de más de una decena de periodistas -algunos acusados por cargos de “terrorismo”, según denunció la SIP-, el cierre de múltiples medios de comunicación que no son afines al régimen y ahora los intentos de controlar por ley las redes sociales -basándose en la amenaza que representa el “odio”-, algo que no le resultará difícil pues el chavismo controla la Asamblea Nacional. A ello se suman normas en tramitación para regular a las ONG y sancionar el “fascismo”. Para muchos venezolanos la única forma de acceder a información libre de censura y manipulación del gobierno es a través de las plataformas informativas alternativas, ahora en peligro.

Las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela vienen siendo denunciadas desde hace años y en forma sistemática por diversos organismos internacionales, de modo que lo que hoy estamos viendo es simplemente la confirmación de un régimen dictatorial que ya no hace nada por ocultarlo.