Venezuela, un fracaso del sistema interamericano

El 5 de marzo pasado se cumplieron diez años de la muerte de Hugo Chávez e igual periodo desde la llegada al poder de Nicolás Maduro. Una década donde Venezuela aceleró su colapso político, económico y social que se venía gestando desde la llegada del chavismo al poder, con la promesa de dejar atrás los vicios de una desprestigiada clase política. Sólo durante los últimos diez años, la que fuera hasta comienzos de este siglo la cuarta economía de la región, detrás de Brasil, México y Argentina, cayó al décimo tercer lugar, detrás de Guatemala, Panamá y Costa Rica y levemente por encima de Bolivia. Un desplome que fue de la mano de una consistente restricción de libertades individuales, pérdida de garantías democráticas, violación de los derechos humanos y éxodo masivo de sus habitantes.

Sólo en la última década cerca de 7 millones de venezolanos, un cuarto de la población del país, se han ido, generando una crisis migratoria inédita para América Latina, comparada a nivel mundial sólo con lo sucedido en Siria. La inseguridad y la crisis económica que llevó la inflación a alcanzar en 2017 un 1.370%, y a acumular en los primeros seis años de gobierno de Maduro un récord de 5.000.000 %, la mayor hiperinflación en la historia del continente, explica en gran medida el éxodo. Y si bien en el último tiempo el gobierno ha dado muestra de un mayor pragmatismo, favoreciendo un leve repunte de la economía y conteniendo el alza de precios, en el plano político los cambios siguen pendientes. La oposición, cuyo triunfo electoral en las legislativas de 2015 fue muy luego neutralizado por la dictadura, aspira ahora a elegir un candidato único para las elecciones de 2024, pero para ello se requiere que el gobierno levante las restricciones que aún pesan sobre la mayoría de las eventuales cartas presidenciales.

Pero más allá de los dramáticos alcances humanos de la tragedia venezolana, que ya se extiende por casi 25 años, el caso de ese país da cuenta, además, de un profundo fracaso de todo el sistema interamericano para responder a tiempo ante las evidentes señales de desmoronamiento de la estructura democrática del país. Hace poco más de 21 años la Organización de Estados Americanos aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo primero señala que “Los habitantes de las Américas tienen el derecho a la democracia y los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”. Sin embargo, en el caso venezolano, la OEA fue incapaz de garantizar que ello sucediera y la comunidad internacional fue testigo de la dramática y evidente deriva autoritaria que vivió el país, con el copamiento por parte del régimen de sus principales instituciones.

Más allá de los esfuerzos que deben seguir haciéndose para que Venezuela recupere la senda democrática perdida y se logre avanzar hacia un acuerdo entre gobierno y oposición que dé garantías para unas elecciones libres el próximo año, la situación venezolana deber ser un llamado de alerta para la comunidad interamericana a la luz de lo que actualmente está sucediendo en varios países del continente. La estrategia de llegar al poder por vía democrática y luego ir copando paulatinamente los distintos espacios de poder para eliminar todo contrapeso, seguida por Chávez primero y Maduro después, se viene observado con preocupación en otros países de la región. Es de esperar que esta vez el sistema interamericano sea capaz de responder a tiempo.