Veto en Ingreso Familiar de Emergencia
Al poner un excesivo acento en los cuestionamientos al monto del beneficio, se pierde la visión de conjunto del importante esfuerzo fiscal en marcha para apoyar a los segmentos más vulnerables.
La Cámara de Diputados dio su aprobación al veto que envió el Presidente de la República al proyecto despachado por el Congreso sobre Ingreso Familiar de Emergencia, tendiente a corregir una serie de deficiencias con que fue despachada la iniciativa desde el Congreso. Durante su tramitación legislativa, los parlamentarios de oposición eliminaron el monto del beneficio así como otros aspectos esenciales para su operatividad, por estimar insuficiente la cuantía de los pagos así como por el hecho de que el monto a pagar fuera decreciente. El veto presidencial restituyó estos aspectos e incluso amplió los beneficiarios -incorporando hogares en que haya adultos mayores sobre 70 años también en situación de vulnerabilidad-, por lo que ahora cabe esperar que el Senado dé también su consentimiento. Contar cuanto antes con esta norma es fundamental, ya que apunta a asegurar ingresos durante tres meses a los sectores socioeconómicos más vulnerables, los que previsiblemente verán resentida en forma dramática su calidad de vida a raíz de la pandemia del coronavirus.
Es evidente que frente a una situación de emergencia, y para la cual ha sido necesario ir improvisando soluciones de un alcance insospechado, siempre habrá visiones disímiles sobre el alcance y cuantía de los recursos con que el Estado deberá ir en apoyo de los sectores más afectados. Sin embargo, al poner un excesivo énfasis en el monto de la ayuda por familia que contempla el ingreso de emergencia -que inicialmente parte en $65 mil mensuales hasta $494 mil, dependiendo del número de integrantes del grupo familiar-, se ha perdido la visión de conjunto, dejando la impresión de que se trata de una propuesta deliberadamente mezquina, producto de la falta de voluntad del Ejecutivo.
El Estado deberá monitorear muy de cerca la evolución de la crisis, y tal como se ha señalado, la posibilidad de extender los beneficios o pensar en herramientas adicionales sigue estando dentro de las posibilidades. La dificultad para determinar razonablemente el tiempo que durará la emergencia hace que el Estado deba ser cuidadoso en la forma como utilizará los recursos, determinando con precisión a sus beneficiarios y promoviendo fórmulas fiscalmente sustentables. Ello también hace explicable que se apele a criterios de gradualidad. Conviene recordar que ya en su forma original, el Ingreso Familiar de Emergencia considera recursos por algo más de US$ 800 millones, y con las extensiones que el Ejecutivo incluyó en el veto se agregan algo más de US$ 30 millones. Estos montos por sí mismos ya representan una parte sustancial del total de recursos que el Estado destina anualmente en subsidios monetarios a las familias más vulnerables.
Se pierde de vista que ya se han despachado los proyectos de ley que crean el subsidio Covid, aquel que busca proteger a los trabajadores independientes, la posibilidad de que trabajadores con contrato se acojan al seguro de cesantía sin perder su vínculo laboral y los cuantiosos programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Mirado en una perspectiva más amplia, no cabe desestimar el esfuerzo fiscal que ello implica, y la inconveniencia de presentarlo como algo exiguo.
