Violencia en la Macrozona Sur

El Congreso, a petición del Presidente de la República, renovó por vigésima segunda vez consecutiva el estado de excepción constitucional en La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, el mismo día en que en la madrugada tuvieron lugar una serie de graves atentados incendiarios en tres regiones, entre ellos, la destrucción de maquinaria en una empresa de Panguipulli, el intento de destrucción de una capilla y la quema de una casa patronal, además del ataque a un bus que transportaba trabajadores forestales. La ministra del Interior calificó los hechos de “muy graves”, haciendo ver que probablemente se trata de una actuación coordinada.

Estos violentos acontecimientos vuelven a recordar la grave situación de inseguridad que se vive en la Macrozona Sur, con atentados de carácter terrorista que suponen una gravísima amenaza para la integridad de la población así como para las diversas actividades productivas, particularmente aquellas relacionadas con el quehacer forestal.

La presencia de tropas militares gracias al estado de excepción ha sido sin duda un apoyo fundamental, y el propio gobierno, durante la exposición que hizo ante los parlamentarios, dio cuenta de una serie de antecedentes que lo respaldan. Al respecto, se indicó que desde el 18 de mayo de 2022 y hasta el 16 de abril de 2023, los eventos han disminuido un 30% con respecto al mismo período del año anterior en las provincias bajo el decreto; asimismo los ataques incendiarios disminuyeron en un 21%. Con todo, la ministra del Interior señaló que atendida la realidad que se vive no es posible retirar el estado de excepción, y de hecho indicó que en los últimos quince días se ha visto un recrudecimiento de la violencia. La Multigremial de La Araucanía ha reportado que el pasado mes de marzo ha sido el más violento de los últimos 15 meses.

La Araucanía y las zonas aledañas llevan años padeciendo la violencia terrorista, con miles de atentados que se han traducido en la destrucción de viviendas, escuelas, iglesias, maquinarias y el asesinato de numerosas personas, crímenes muchos de ellos que siguen en la impunidad. Una realidad así resulta intolerable, lo que debe ser objeto de medidas mucho más de fondo, ante lo insostenible de todo esto.

Con la nueva prórroga del estado de emergencia el despliegue de las Fuerzas Armadas está a punto de cumplir un año bajo la actual administración, y si bien su presencia ha sido un apoyo fundamental, a estas alturas ya no resulta suficiente para contener a grupos que operan en vastos territorios, y que cuentan con un alto nivel de preparación. Es tiempo de que el país asimile las implicancias de consentir que zonas completas estén bajo amenaza permanente de grupos que propagan la violencia, así como las consecuencias de estar entre las 20 naciones más impactadas por el terrorismo, de acuerdo con un reciente reporte del Instituto de Economía y Paz, con sede en Australia. La Macrozona Sur, además de militares, requiere de mayores refuerzos policiales, equipamiento de última tecnología y un urgente mejoramiento de las capacidades de inteligencia, para anticiparse a los hechos y desactivar a estos grupos.