Violencia en los estadios

Los hechos de vandalismo ocurridos hace algunos días en el Estadio Ester Roa de Concepción, en el marco de una nueva versión del clásico universitario de fútbol profesional y que significó su suspensión, se suman a una serie de eventos acaecidos en los últimos años que dan cuenta de cómo la violencia se ha apoderado de estos espectáculos. El lanzamiento de elementos contundentes, bengalas y la explosión de bombas de ruido, que incluso generaron lesionados, hacen patente la inseguridad que arriesgan enfrentar las familias que concurren al evento, los mismos deportistas, funcionarios del recinto y miembros de la prensa. Resulta evidente que se ha entrado en un complejo círculo vicioso, pues mientras los responsables de estos eventos -particularmente los clubes deportivos- no se tomen en serio su propia responsabilidad y adopten medidas para contener esta violencia, el público asistente no aumentará, los auspicios serán menores y con ello se afecta esta actividad deportiva como un todo.

A la luz de los antecedentes, parece evidente que las normas y reformas legales que se han dictado desde 1994 -hoy Ley sobre derechos y deberes en espectáculos de fútbol profesional, en donde entre otros aspectos se establecen multas y penas para quienes incumplen las obligaciones- como asimismo la gestión de la entidad encargada de su implementación, Estadio Seguro, han sido insuficientes para detener la violencia y controlar las llamadas “barras bravas”. Por lo mismo cabe evaluar si acaso esta institucionalidad ha quedado definitivamente superada y si ha llegado el momento de reemplazarla.

Es inexplicable la vulnerabilidad que siguen presentando los controles de acceso, lo que posibilita, por una parte, que se ingresen elementos prohibidos potencialmente dañinos para la integridad física de los asistentes, como asimismo personas que tienen impedimento de hacerlo por conductas ya sancionadas en los mismos espectáculos deportivos, lo que hace necesario hacer efectivas las responsabilidades de los clubes si han omitido la adecuada observación de sus deberes. Y si bien los niveles de agresividad demostrados por quienes forman parte de esos grupos son un importante desafío para la seguridad privada que la organización de los eventos debe proveer de acuerdo con la ley, es fundamental por parte de los responsables abordar adecuadamente el estándar de la preparación, certificación y cantidad de quienes cumplirán esa función con la correspondiente fiscalización de parte de la autoridad.

Aun cuando la ley contempla multas importantes para las entidades organizadoras del evento que pueden llegar a 1.000 UTM por falta, todo parece indicar que ello ya no es suficiente disuasivo para tomarse en serio las responsabilidades que la ley mandata, por lo que no cabe descartar que el costo por los incumplimientos deba aumentarse. También resulta necesario avanzar en otras medidas, como mejorar el empadronamiento de las barras y disponer de mejores sistemas de cámaras, lo cual debería facilitar la persecución penal por parte de la Fiscalía y evitar que continúe la impunidad de los violentistas. La vuelta de Carabineros al interior de los recintos, como han sugerido algunos, debería ser la última de las opciones, atendida la gran demanda por razones de orden público y por la naturaleza privada del espectáculo.