Violento año en liceos emblemáticos

Existe la posibilidad de que este año el número de hechos violentos en los llamados liceos emblemáticos supere el total registrado en 2022, un período que ya fue particularmente violento. El catastro a comienzos de octubre indicaba que ya se habían registrado 133 eventos de esta naturaleza -el año pasado se contabilizaron 170-, todo lo cual resulta especialmente lamentable, porque quiere decir que estamos en presencia de un fenómeno que no da señales de ir atenuándose, a pesar del enorme daño que hechos de este tipo producen en los alumnos, las familias y en la educación pública en general.

Las escenas de “overoles blancos” lanzando bombas molotov, estudiantes agrediendo a profesores o incluso rociándolos con bencina -como ocurrió hace algunos meses en el Liceo de Aplicación-, los amedrentamientos y el daño al mobiliario o al transporte público son escenas que se vuelven cada vez más cotidianas, sin que la autoridad haya sido capaz de ponerles freno. El propio ministro de Educación reconocía hace un tiempo que “el Estado ha fracasado consistentemente durante muchos años, hoy se han traspasado límites en cómo se ejerce la violencia por parte de algunos grupos, donde evidentemente se permea desde afuera a las comunidades educativas, y donde estamos hablando de delitos, ya ni siquiera las asocio a manifestaciones políticas por parte de los estudiantes”, llamando la atención de lo sorprendente que resulta que, ante un escenario así, a lo largo del tiempo no se hayan tomado medidas mucho más activas.

La frecuencia de estos hechos no debe hacer perder de vista la gravedad que revisten algunos de los delitos denunciados. Tal como lo indica un reportaje que publicó este medio, uno de los casos que se investiga es lo ocurrido en el marco de una toma en el Instituto Nacional, donde un grupo de manifestantes llegó al extremo de lanzar una bomba de ruido a un grupo de docentes, lo que dejó algunos lesionados.

En otro hecho, esta vez en el Liceo de Aplicación, se indaga acerca de la existencia de grupos que se dedican a identificar a estudiantes que no participan de las movilizaciones, para luego tomar represalias. Por petición del propio establecimiento la causa judicial se maneja bajo reserva, considerando el peligro concreto para la integridad física y psíquica que estos grupos representan para las autoridades del liceo.

Es inevitable preguntarse cómo se ha podido llegar a estos niveles de violencia, que a estas alturas ya parecen incontrolables. Es cierto que los mayores hechos de violencia tienden a concentrarse en el Internado Nacional Barros Arana, en el Liceo de Aplicación y en el Instituto Nacional, pero ello no debe llevar a minimizar el fenómeno de la violencia en los establecimientos públicos. Es valorable que esta vez existan investigaciones en curso y las autoridades hayan manifestado su condena, pero es un hecho que esta no fue la actitud que se vio en el pasado. Sectores que hoy están en el gobierno alentaron y brindaron su respaldo a este tipo de movilizaciones, en una actitud irresponsable que hoy les ha terminado rebotando.

Ahora que parece haber un diagnóstico más compartido sobre la gravedad de estos actos de violencia y la necesidad de neutralizarlos, es hora de que las autoridades indiquen qué cursos de acción concretos se tomarán para impedir que continúen ocurriendo hechos de este tipo.