Visiones del gobierno frente a la crisis de las Isapres

Resta poco más de un mes para que se cumpla el plazo establecido por la Corte Suprema para que se ejecute el fallo dictado en 2022 sobre tabla de factores en Isapres, que entre otros aspectos considera que todos los montos cobrados en exceso a los afiliados producto de la aplicación de tablas distintas de aquella establecida por la autoridad a partir de abril de 2020, sean restituidos. Se trata de una cantidad considerable, que de acuerdo con los cálculos de la autoridad superaría los US$ 1.100 millones, monto que la industria ha considerado impagable y con claro riesgo de que se produzca un colapso.

Distintas voces han coincidido en que la “ley corta” presentada por el Ejecutivo -con el fin de poder hacer operativo el fallo del máximo tribunal- no constituye una solución efectiva para evitar una crisis sistémica. De hecho, la única alternativa que parecía asegurar una fórmula que compatibilizara la supervivencia del sistema con el pago de la deuda era la llamada “mutualización”, la cual fue incluida por senadores de oposición, propuesta que fue recusada por el oficialismo ante el Tribunal Constitucional (TC), entre otras razones por estimar que los senadores invadieron atribuciones exclusivas del Ejecutivo, lo que fue refrendado por la mayoría del TC.

Si bien el tribunal no se pronunció sobre el fondo, de modo que la mutualización podría ser reincorporada si el Ejecutivo la patrocinara, tal posibilidad por lo visto se ha descartado. Así, de momento se mantiene como fórmula de salida a esta crisis que cada Isapre proponga ante la autoridad un plan de pago -otras voces han sugerido que se explore la posibilidad de que las Isapres puedan emitir a los afiliados títulos como bonos o acciones-, siendo evidente que ello no es una solución viable.

Este cuadro exige un sentido de urgencia máximo, pero es justamente lo que parece no estar ocurriendo en sectores del gobierno -sobre todo cuando los plazos se agotan-, más allá de la voluntad declarada por el Ejecutivo de no dejar caer al sistema Isapres y de estabilizarlo. En una reciente entrevista concedida a este medio por el director de Fonasa, queda bien ilustrado que frente a esta crisis hay “dos almas” en el gobierno, lo que claramente no favorece avanzar en una solución efectiva.

Desde luego, el funcionario desdramatiza la posibilidad de que pueda quebrar una Isapre, y cree que Fonasa está preparado para absorber una llegada masiva de afiliados provenientes de Isapres, gracias a las reformas que se contemplan en la Ley Corta para reforzar el seguro público. Incluso asegura que muchas personas ahora están prefiriendo Fonasa. Es efectivo que en el último tiempo del orden de un millón de personas ha migrado al seguro público, pero posiblemente una parte importante corresponde a afiliados jóvenes y sanos. La gran incógnita es qué ocurrirá con los pacientes crónicos, de tercera edad y que utilizan medicamentos de alto costo, respecto de los cuales no es seguro que puedan mantener las mismas coberturas que hoy tienen en sus Isapres. Más de 600 mil afiliados de las aseguradoras privadas tienen un tratamiento en curso, en tanto que la deuda que las Isapres mantienen con las clínicas supera ya los $900 mil millones. De modo que si el sistema comienza a colapsar el problema será a gran escala y con serio riesgo de afectar el bienestar de miles de afiliados, resultando voluntarista suponer que con unos cuantos cambios al seguro público bastaría para contener estos efectos.