Es la segunda vez que la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia realizan este ejercicio de fiscalización ciudadana. Se trata del segundo Monitoreo Social al Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Salud Sexual y Reproductiva, que esta vez se realizó junto a seis organizaciones desde Arica a la región de los Lagos. En el primer monitoreo (en 2019), a poco más de un año de implementada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (IVE), ya se develó la ausencia de información a las mujeres y la comunidad; una preocupante falta de información y capacitación del propio personal de salud; la objeción de conciencia como un obstáculo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; y, finalmente, la afectación del derecho de decisión de quienes estuvieran enfrentando un embarazo en alguna de las causales permitidas por ley.

“Para la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y para quienes formamos parte de ella, era muy importante dar continuidad al proceso de control social que hemos estado elaborando y desarrollando en materia de monitoreo de la implementación de la ley, y de la Salud Sexual y Salud Reproductiva en general. Estábamos en un momento de crisis en 2020 y entendíamos que la prioridad era responder a la emergencia, sin embargo, lo que nos entrega el monitoreo son opiniones muy generalizadas entre los equipos de salud y las propias usuarias en cuanto a que los primeros meses, al menos, fueron de bastante caos y en general fue un año sin información clara para las usuarias. Tampoco hubo directrices adecuadas desde las autoridades de salud para los centros de atención”, explica Débora Solís, directora ejecutiva de Aprofa.

De hecho, recién en junio del 2020 se conocieron las orientaciones para el manejo de casos Covid en gestantes, donde se indicó que en situación de riesgo vital materno, se puede constituir la primera causal en el embarazo de mujeres con Covid positivo y con patologías respiratorias severas, y en octubre se adoptan las orientaciones técnicas de continuidad de atención en salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia.

Los resultados esta vez muestran que el contexto de pandemia agregó dificultades por la insuficiencia o disminución del personal que, junto a las deficiencias que subsisten en la implementación, ha impactado en el acceso a la IVE. De hecho, el número de casos en 2020 fue 22% menor al atendido en 2019.

“La ausencia de información sobre la Ley de Aborto en Tres Causales resulta ser muy compleja en un año en donde el aumento de violencia y violencia sexual al interior de las familias aumentó contra las mujeres y las niñas, fundamentalmente en meses de la pandemia en donde todas y todos tuvimos que estar encerrados. En las entrevistas, las mujeres refieren que conocen la ley de tres causales por una búsqueda propia que ellas realizan o por alguna organización feminista o de mujeres en sus propias localidades, y no como un resultado de lo que le corresponde al Ministerio de Salud hacer, que tiene que ver con difundir las políticas de salud”, agrega Solís.

Otro asunto que aparece en el informe, es que en la red asistencial, la objeción de conciencia se mantiene como una barrera para acceder al aborto legal, así como la obstrucción de profesionales que no se declaran objetores, pero que tramitan pidiendo mayores evaluaciones de las necesarias, felicitan a las mujeres por sus embarazos o hacen comentarios religiosos con la intención de cambiar su decisión.

En el caso de la atención de salud sexual y reproductiva, los déficit previos a la crisis sanitaria se han agudizado debido a la discontinuidad en las atenciones, la orientación de no ir a un establecimiento de salud salvo situaciones de emergencia o sospecha de Covid, así como el temor al contagio de las propias mujeres que evitaron acercarse a los consultorios.

La atención de salud estuvo centrada en las gestantes –control prenatal y parto– y el o la recién nacida. Luego de semanas se retomó la entrega de anticonceptivos, no sin dificultades, tal como mostró la tardía información sobre lotes de anticonceptivos defectuosos que fueron distribuidos en la red asistencial. Las demás prestaciones como papanicolaous, mamografías, y manejo de infecciones de transmisión sexual, se suspendieron y sólo se han ido retomando recientemente. El personal de salud expresa temor respecto del impacto de estas postergaciones sobre la mortalidad y enfermedades de las mujeres, por ejemplo, cánceres no detectados a tiempo.

Según el informe, un grupo particularmente afectado es el de adolescentes y jóvenes: Cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, faltaron estrategias para mantener el contacto y la información con esta población, con consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados. “Además, el proceso de monitoreo de la ley el año 2020 incorporó un especial foco en algunos grupos de población que nos parecían relevantes de poder mirar por nuestra propia presunción de que podían ser grupos que estuvieran especialmente marginados de las políticas públicas en salud. Es así como llegamos a las mujeres y personas gestantes que viven con algún tipo de discapacidad. Y lo que encontramos fue que, efectivamente, hay una noción infantilizadora, en muchos casos se les concibe como seres asexuados, por lo tanto, se les excluye no solo de la información, sino que también, de la atención en salud. Pero además, los propios equipos de salud refieren que no tienen las competencias ni los conocimientos para poder entregar una atención en salud que permita ser satisfactoria para este grupo de personas. En el caso de la población LGTBIQ+ y fundamentalmente la población lésbica, lo que nos encontramos es que hay un grupo muy reducido de servicios de salud que tienen algún tipo de especialización o hábito de atención, que entregan información pertinente para mujeres que tienen sexo con mujeres y para personas trans. Las usuarias declaran mayoritariamente maltrato en la atención, fundamentalmente en población joven, adolescente o durante el parto”, cuenta Débora Solís.

Finalmente, una de las conclusiones relevantes en este monitoreo, es que efectivamente en los lugares en los que esto funcionó, en los que hubo información y en donde hubo atención de implementación de la ley, esto dependió fundamentalmente de los equipos de salud de los territorios y de las mismas mujeres en esos equipos de salud. “Cuestión que es muy meritoria y en donde se agradece profundamente las voluntades de los profesionales que tienen interés y compromiso de resguardar el acceso a la Salud Sexual y Reproductiva desde el enfoque de derecho, sin embargo, no podemos olvidar que esto tiene que ver con una política pública, por lo tanto, es una responsabilidad que el Ministerio de Salud tiene que garantizar”, concluye la directora ejecutiva de Aprofa.