Ana Cristina González, médica y doctora en Bioética, destacada por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo: “Llevamos más de cien años discutiendo sobre aborto en el marco del derecho penal, hay que salir de ahí y regularlo en el ámbito sanitario”

“Para finalmente legalizar el aborto en Colombia a pesar de la influencia de la derecha religiosa del país, Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velásquez tuvieron que pensar estratégicamente desde el principio. Fueron directo al lugar que era el obstáculo, la Corte Constitucional. También sabían la importancia de tener un movimiento social de amplia base, que impulsara a las mujeres de todo el país a usar pañuelos verdes (que se han convertido en un símbolo en toda la región del apoyo al acceso al aborto) y reclamar enérgicamente sus derechos. Me gustaría mucho conocer a estas mujeres, estrecharles la mano y darles un abrazo. Son brillantes”, dice la reseña de Revista Time donde Ana Cristina González, médica y doctora en Bioética, es destacada como una de las 100 personas más influyentes del mundo este 2022.

Hace algunas semanas estuvo en Chile debido a que Ana Cristina es parte de Causa Abierta, un espacio periódico de reflexión y análisis de casos emblemáticos de vulneración a Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina. En esa oportunidad se presentaron tres casos emblemáticos, ocurridos en Chile, Brasil y Ecuador, por parte de diferentes organizaciones feministas de la región.

El primer caso, de Brasil, dio cuenta de la mortalidad materna durante Covid 19. Hablaron del derecho a la vida, el derecho a la salud y la igualdad. ¿Cómo se refleja eso en el resto de América Latina?

El caso de Brasil nos muestra de manera muy cruda la forma en que con la pandemia se vieron afectadas muchas dimensiones de la vida humana, pero además el acceso a los servicios de salud reproductiva, con un impacto y efectos muy grandes sobre la salud materna, y el resultado de eso es un incremento en las tasas de mortalidad materna. En general se habla de un retroceso de una década.

Los indicadores de mortalidad materna reflejan muy bien las desigualdades entre los grupos de mujeres; no todas las mujeres se mueren como resultado de una falta de atención o acceso a los servicios, esa mortalidad recae de manera muy brutal sobre ciertos grupos que son las mujeres indígenas o –en el caso de Brasil– las mujeres negras, que a su vez son mujeres cuyas vidas están asociadas a otros tipos de vulnerabilidad.

Luego vino el caso de Ecuador, o de Celia, una mujer que sufrió violencia sexual, no tuvo acceso al aborto, además de violencia institucional. Este es un caso emblemático, pero ¿demuestra lo que viven muchas mujeres en Latinoamérica?

––Celia es una mujer indígena de 42 años que vive con su padre y sus tres hijos de 10, 7 y 2 meses, en condiciones extrema pobreza y con trabajo precario y ocasional. Sus dos primeros hijos fueron concebidos en relaciones consensuales. A los 32 años tuvo a su primer hijo, su pareja la abandonó y ella, después del parto, solicitó una ligadura, pero en el servicio de salud le solicitaron la autorización de su pareja, lo que la llevó a desistir. Nunca más busco anticoncepción pues sentía vergüenza de ir al centro de salud y le asustaba ser cuestionada por no estar casada. A los 35 años con una nueva pareja, quedó embarazada de su segundo hijo y aunque esta vez no quería continuar con el embarazo, su padre la convenció de hacerlo y tuvo su parto en casa. En el mes de junio del año 2021 fue víctima de violencia sexual por parte de un vecino de la comunidad y nuevamente quedó embarazada. No supo de su embarazo hasta la semana 20 cuando acudió al centro de salud por sentir un malestar que había atribuido al COVID-19. Allí solicitó acceder a un aborto por violación, pero el centro de salud demoró tres semanas en determinar si podía o no ofrecer el servicio de aborto por violación y decidió finalmente negarlo pues ya estaba de 23 semanas de gestación––.

Ya sabíamos por otras experiencias de pandemias o de endemias que la salud reproductiva es la más frágil y susceptible de ser vulnerada. Y esto genera efectos en cascada en la vida de las mujeres, pues cuando una mujer no tiene acceso a los métodos anticonceptivos el resultado puede ser un embarazo no deseado, y si en ese embarazo no tienes acceso a un aborto, pues entonces tienes una maternidad no deseada o incluso a mortalidad materna. Y en el campo de la salud reproductiva, justamente uno de los problemas más importantes es lo que llamamos los efectos en cascada, y el caso de Celia te permite ver eso.

Y por otro lado es una dimensión que es altamente dependiente del tiempo, es decir, si no actúas en un momento determinado, las consecuencias pueden ser cada vez más grandes y nefastas.

En su caso, ni siquiera cuando fue violada pudo detener ese embarazo...

Acá entra otro elemento importante y es que en Ecuador hubo recientemente un logro que fue la conquista de la causal violación, que es un logro pequeño pero significativo. Pero pese a que conquistaron esa causal, la Ley tiene tantas restricciones que al final de los días, no va a servir para proteger a la mayoría de las mujeres que son víctimas de violación y que requieren un aborto, porque las mujeres víctimas de violación se demoran más en detectar y en actuar frente a un embarazo por miedo al agresor, porque no se dieron cuenta de que estaban embarazadas, o por el trauma mismo. De tal manera que en esa Ley, con todos los requisitos que quedaron contemplados, va a ser prácticamente imposible para todas las mujeres acceder a un aborto.

Lo que se ha estudiado es que en caso de violación, el solo plazo de las 12 semanas, va a llevar a que casi el 80% de las mujeres que requieren un aborto por violación queden fuera de la causal y ese porcentaje se incrementa cuando se consideran distintas vulnerabilidades de las mujeres y las personas gestantes.

¿Esto da cuenta de que no basta con una Ley?

Hay barreras generales asociadas al tipo de régimen legal que adoptan los países, tanto Chile como Ecuador y como fue Colombia hasta febrero de este año –en esa fecha cambiaron a una despenalización hasta la semana 24–, en los que hay causales. Estas barreras son, primero, la interpretación. Pues si hay una causal, alguien tiene que determinar si esa causal se cumple o no. No basta que esa mujer perciba ese embarazo como un riesgo para su salud, sino que tiene que haber un tercero que certifique si ese riesgo existe. En el caso de violación esos criterios varían, y más que de interpretación, son de aplicación, entonces por ejemplo en Colombia, cuando teníamos esa causal –todavía la tienen pero ahora hasta la semana 24– bastaba con la denuncia, pero en Ecuador pusieron una serie de requisitos judiciales: pruebas, confirmación, etc. A esto se le suma la imposición de plazos en las causales, entonces ya tienen una limitación legal que es la causal, si a eso además le pongo plazos, estoy haciendo una doble o triple limitación a tu posibilidad.

Pero además hay un conjunto de barreras y accesos que son muchas y muy potentes que tienen que ver con la falta de información sobre esos modelos, y sobre todo con el estigma que está asociado a que, a pesar de las causales, el aborto sigue siendo un delito y mientras lo sea en los códigos penales, es decir, que haya amenaza de cárcel para las mujeres y los prestadores, dichas barreras se mantendrán.

Y hay un ejemplo que es brutal en eso y es el sub manejo del dolor, cuando las mujeres abortan por una de las causales, logran pasar las barreras legales, pero se encuentran con un profesional de salud que tiene ese estigma y entonces decide “castigar” a la mujer y no darle medicación para el dolor posterior al aborto. Este es un ejemplo del espectro de barreras que abarcan desde el modelo mismo, hasta el momento de la atención.

¿La raíz del problema, entonces, es seguir viendo el aborto como un delito?

El desafío que tenemos en este tiempo, es un cambio de paradigma: llevamos más de cien años discutiendo sobre el aborto en el marco del derecho penal, hay que salir de ahí y regularlo en el ámbito sanitario. Por supuesto que van a haber barreras y resistencias, pero en la medida en que esto deje de ser visto como un delito, vamos a avanzar un poco más.

¿Cómo lograron vencer todas estas barreras en Colombia y que el aborto sea despenalizado hasta la semana 24?

Lo que hicimos fue vencer dos resistencias importantes. Cuando comenzamos con la idea de que hay que sacar el delito de aborto del código penal que, dicho sea de paso no lo logramos completamente, lo primero fue vencer la idea de que “no era el momento”. Estábamos en un gobierno conservador y teníamos en ese momento una crítica de la derecha contra la Corte Constitucional. Hubo gente que nos dijo que no nos metieramos en esa demanda en ese momento porque el resultado podría haber sido que la derecha intentara tumbar la Corte. A las mujeres siempre nos asustan con el hecho de que pelear por nosotras puede desestabilizar el sistema. Nuestra respuesta fue que el momento no es nunca, que lo teníamos que construir y crear. Y el desafío que nos pusimos antes de la demanda fue abrir la conversación pública en nuestros propios términos, y para eso, tuvimos que construir muchos argumentos y muy diversos para que muchas personas se involucraron desde distintos lugares en la conversación. Y lo otro es que uno no se pone estas metas por el objetivo concreto sino que desde la convicción de la necesidad de una transformación profunda, y cuando te metes en eso, no hay deadline. Causa Justa se lanzó en el 2020, comenzamos a trabajar en el 2017, sin embargo la mesa arrancó con esta idea en 1998, es decir han pasado casi 25 años. Cosa que me di cuenta cuando lo logramos, yo no venía contando esos años.

“Para mover un país se necesita resistencia y creencias infinitas y un compromiso apasionado. Y esta mujer los tiene a raudales”, dice la revista Time, al momento de nombrarte una de las personas más influyentes de este año. ¿Estás de acuerdo con esa descripción?

Para mí como activista y feminista lo más importante siempre ha sido el trabajo colectivo. Estos logros que son muy grandes y difíciles no se dan de manera individual sino que son el resultado de una acumulación política de muchos años y al mismo tiempo de un movimiento. Nosotras impulsamos un movimiento que se conformó a partir de todas las organizaciones que veníamos trabajando este tema en Colombia y creo que es muy importante ese trabajo colectivo, no solo para lograrlo sino que también para sostenerlo. Lo más desafiante es que más personas, de más orillas, no solamente las mujeres y feministas se involucren en la conversación y estén convencidas de que no es lo mismo vivir en una sociedad que protege la dignidad de las mujeres, a una en la que no. Que eso nos hace mal a todos, no solamente a las mujeres.