¿Cómo abordamos la crisis de los cuidados ahora?

En Chile, hasta el momento, no existe una ley que establezca que el cuidado es un derecho que se adquiere desde que nacemos hasta que morimos. En Latinoamérica, de hecho, solo Uruguay cuenta con un sistema nacional de cuidados que reconoce que se trata tanto de un derecho como de una función social garantizada, lo que facilita que se genere un modelo de responsabilidad compartida entre familias, Estado, comunidad y sector privado.

El escenario local, en cambio, es muy distinto; existe el programa Chile Cuida, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet que busca acompañar y apoyar a las personas en situación de dependencia y sus cuidadores, pero en términos generales, las labores de cuidado –tan fundamentales en el desarrollo integral de las sociedades y que corresponden, junto al trabajo doméstico, a un 20% del PIB ampliado– han sido materia omitida a nivel constitucional y más bien se las ha relegado al espacio privado. No han sido ni reconocidas ni valoradas, y siguen recayendo casi exclusivamente en las mujeres.

Es por eso que desde las organizaciones feministas se ha trabajado arduamente para evidenciar que lo que estamos enfrentando hoy es una profunda crisis de los cuidados, cuyas afectadas, a todo nivel, han sido y siguen siendo las mujeres. Situación que se vio aun más agudizada tras la pandemia.

Y es que las cifras así lo demuestran; el estudio Covid-19 and the Gender Gap in Work Hours, publicado al principio de la crisis sanitaria en el medio especializado Gender, Work & Organization, rápidamente dio cuenta de que en parejas heterosexuales con hijos menores de 13 años, en las que ambos tenían un trabajo de condiciones similares, fueron las madres las que tuvieron que reducir sus jornadas laborales cuatro a cinco veces más que los padres, aumentando así en un 20 a 50% la brecha de género en la cantidad de horas dedicadas al trabajo remunerado.

En Chile, el estudio Radiografía al hombre cero, realizado por el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales en conjunto con ONU Mujeres y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, reveló, entre otros datos sorprendentes, que durante los primeros meses de pandemia, el 71% de los hombres le había dedicado 0 horas semanales al acompañamiento de sus hijos e hijas en tareas escolares.

Antes de la pandemia, las cifras eran igualmente preocupantes: según la encuesta CASEN realizada en 2017, un 19,4% de las mujeres chilenas mayores de 15 años se encontraba fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado o quehaceres domésticos mientras que solo un 0,6% de los hombres estaban inactivos por esos motivos. Si a esto le sumamos que los informes internacionales dan cuenta de que las mujeres y niñas mayores de 15 años alrededor del mundo le dedican 12.500 millones de horas diarias al trabajo de cuidado sin remuneración, lo que equivale –según los cálculos de un informe de Oxfam Internacional del 2020– a un valor monetario de 10.8 mil millones de dólares al año, se vuelve ineludible hacer de éste un tema central en el debate constituyente.

Ejemplo de eso es que fueron más de 14 las iniciativas sobre cuidados presentadas en la Convención Constitucional, cinco de las cuales fueron recogidas a través de los mecanismos de participación ciudadana. Finalmente, y reconociendo la importancia de esta materia, se planteó en en el Artículo 49 de la propuesta de texto que ‘el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad (…)’. A su vez, en el artículo 50 que ‘toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad’.

Si bien la propuesta de texto de un derecho fundamental fue rechazada, el tema está puesto sobre la mesa y las especialistas concuerdan en que no hay vuelta atrás. A su vez, el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, contempla la creación de un sistema nacional de cuidados que aúna a todos los agentes de la sociedad para que los cuidados, tanto de niños como de personas mayores, sea una responsabilidad compartida de toda la sociedad. ¿Qué hay que hacer, desde las distintas esferas –activismos, organizaciones de la sociedad civil y políticas públicas– para no retroceder en esto?

Responde Mariela Serey J, fundadora y asesora de la Asociación Yo Cuido

“La pandemia evidenció que las mujeres se hacen cargo del cuidado por el solo hecho de ser mujeres. De hecho, desde la asociación hicimos un estudio junto a la Fundación Mamá Terapeuta que evidenció que las cuidadoras son en su gran mayoría mujeres que viven junto a las personas que cuidan y que tienen entre 30 y 39 años. Un 30,7% de ellas había tomado la decisión de cuidar porque ‘no había nadie más’. Con respecto a la situación laboral, un 77,8% dijo haber dejado su trabajo al momento de asumir el cuidado. Con eso entendemos que la mayoría no cuenta con apoyo y que todo esto es en desmedro de su propia vida.

Cuando hablamos de corresponsabilidad social, entonces, se trata de derrumbar las cuatro paredes del hogar. Lo que hay que lograr es hacer partícipe activamente a los otros actores, tanto al Estado como la sociedad, los privados y la familia completa. Esto permitiría avanzar en la anhelada igualdad y es un paso para ejercer los demás derechos. ¿Cómo logramos esto? Primero, trabajando en políticas públicas; hay que armar redes locales de apoyo y cuidado, y un sistema nacional de cuidados que articule a todos los actores involucrados, incluyendo el sector privado, para que se dé paso a mecanismos de redistribución. Y segundo, avanzar en lo social, educando en terreno, creando campañas en los medios y evidenciando que todos y todas somos interdependientes y que la única forma de avanzar es cuidándonos.

Se trata, en definitiva, de un cambio de paradigma que nos permite avanzar desde un modelo individualista extremo a uno colectivo basado en una corresponsabilidad social. Todos estos conceptos que logramos dejar escritos en la propuesta de Constitución no se pueden perder para el futuro”.

Responde María Inés Salamanca, especialista en Alianzas Estratégicas de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe

“La temática de los cuidados ha sido parte de la agenda de género durante muchos años y ha sido impulsada por organizaciones internacionales y de la sociedad civil en distintos países. ONU Mujeres, en particular, se ha preocupado de definir con anticipación la estrategia de las 4R, entendiendo lo necesario que es reconocer, redistribuir, reducir y recompensar el trabajo de cuidados no remunerados que históricamente ha recaído en las mujeres, para así permitir que la responsabilidad de tal sea valorado y asumido entre el Estado, el sector privado, la comunidad y los hogares, entre hombres y mujeres. Y en este sentido, parte de la tarea ha sido visibilizar el tema y apoyar en el diseño de políticas públicas.

La experiencia internacional nos muestra que la inversión en sistemas de cuidados de calidad, no sólo permite romper con los círculos de pobreza, desigualdad y exclusión, sino que incluso transforma ese círculo en uno virtuoso que genera retornos económicos y sociales, a través del llamado ‘triple dividendo’, que postula que si se invierte en los cuidados y se los pone al centro de las respuestas, es toda la sociedad la que se beneficia. Y es que una inversión en un sistema de cuidados contribuye directamente al bienestar de las personas; si se articula con políticas laborales, permite la creación directa e indirecta de empleos formales y facilita la participación de mujeres al mundo laboral (el triple dividendo siendo en capital humano, en empleos y en participación de las mujeres en el mundo laboral).

Con la pandemia se evidenció aun más de qué manera la falta de reconocimiento y valorización de los cuidados impacta en la vida de las mujeres; la sobrecarga que implica y las barreras que genera para su autonomía. En ese sentido, independiente de que la propuesta de nueva Constitución –que reconocía el trabajo doméstico y consagraba el cuidado como un derecho– haya sido rechazada, esta temática se ha instalado en la agenda pública de los Estados, en gran parte gracias al trabajo de las organizaciones feministas, lo que ha llevado a que los propios gobiernos incorporen cada vez más políticas públicas pertinentes. En el caso de Chile, desde antes del proceso constituyente, el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric ya proponía la creación de un sistema nacional de cuidados con enfoque de género.

Los países de América Latina y el Caribe se reunirán en noviembre en la XV Conferencia Regional de la Mujer y el tema central es La sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. Este encuentro tiene como objetivo fortalecer el llamado y las acciones para evitar retrocesos en materia de igualdad de género y autonomía de las mujeres en el actual escenario global de crisis y también avanzar hacia una sociedad del cuidado en la región, que ponga la sostenibilidad de la vida humana y del planeta en el centro”.