Hace un mes, el debate sobre el matrimonio igualitario volvió a entrar de lleno en la arena política. Y es que, en la última cuenta pública de su período, el presidente Sebastián Piñera anunció, de manera sorpresiva, que le pondría suma urgencia al proyecto de ley que reconoce y regula de manera legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una iniciativa que fue ingresada en 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet y que estaba durmiendo en la Cámara desde mayo de 2020, pese a la insistencia de activistas y organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ para que saliera adelante.
“Esta fue una cortina de humo de parte del presidente Piñera porque fue un tema que no se trabajó en cuatro años de mandato y, además, que no estaba en la pauta del discurso presidencial. Su sector político tampoco estaba informado del anuncio. Se nota que fue improvisación de su círculo cercano, que busca limpiar y lavar su imagen, con la instrumentalización de la lucha cuando tampoco hubo interés por escuchar lo que tenía por decir la comunidad”, analiza Rodrigo Mallea, abogado de la Universidad de Chile y vocero de Disidencias en Red.
A nivel jurídico, la única normativa vigente que reconoce el vínculo afectivo de dos personas del mismo sexo es el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que entró en vigencia en 2015. Sin embargo, esta legislación no garantiza los mismos derechos, beneficios y prestaciones sociales que establece el matrimonio. Así, en el proyecto actual se están discutiendo temáticas asociadas a la adopción, filiación, régimen patrimonial, entre otros. “El matrimonio igualitario es una señal potente por parte del Estado para que en Chile no existan parejas o hijos de primera o segunda categoría. Es un avance sustantivo en igualdad, dignidad, protección de familia y niños”, explica Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales. “Hay estudios que indican que el matrimonio igualitario es una acción que permite no solo disminuir la violencia en algún grado, sino que al mismo tiempo facilita la integración y goce de las familias del mismo sexo en la sociedad. Entonces, apoya un cambio cultural que empezó hace rato, aunque no va a eliminar la violencia o lesbicidio. Para eso hay que trabajar en otras leyes”, indica.
Así, la discusión sobre las demandas del movimiento LGBTIQ+ no se agota en el matrimonio igualitario, aunque -a nivel público- ha sido uno de los requerimientos más visibles de la comunidad. “Es un avance en la medida que se agregan temas adicionales, pero es una demanda que un sector pone como prioritaria, aunque otros pensamos que si bien es una libertad para la población LGBTIQ+, necesitamos igualdad de derechos y exigimos dignidad. Y para conseguir eso, tenemos que ir más allá del matrimonio. Hoy, un solo cambio legislativo no es suficiente, sino que se requiere una reforma estructural y contundente en el ordenamiento jurídico para saldar deudas históricas”, afirma Rodrigo Mallea.
La activista feminista y expresidenta de la FECh, Emilia Schneider, coincide con el diagnóstico y cree que discutir sobre el matrimonio igualitario debería ser un punto de partida para profundizar la discusión. “Me preocupa que el debate se encierre solo en el tema del matrimonio igualitario. Yo creo que nadie de la comunidad está en contra, no hay una oposición a ese avance, porque todes queremos una igualdad de derechos. El problema se da cuando todo el foco está puesto ahí y todos los sectores políticos se ponen la camiseta para mostrar compromiso, pero cuando llega la hora de discutir otros temas, ese compromiso no está. Lo que me preocupa es eso, que está discusión se use para instrumentalizar a nuestra comunidad, en vez de abrir un debate más de fondo en cuanto a nuestras necesidades”, afirma.
Que el matrimonio igualitario se haya instalado por sobre otras demandas de la comunidad -dice Emilia Schneider- tiene dos explicaciones: diferencias propias al interior del movimiento y una arraigada falta de consciencia a nivel cultural. “Dentro del movimiento, hay cierto machismo, en tanto vocerías de hombres han tenido la conducción. A nivel político, se escuchan solo algunas de las organizaciones más tradicionales, y no voces lesbofeministas y trans que hemos sido invisibilidadas. Por eso, es importante lo que está pasando hoy, que están emergiendo nuevos liderazgos que representan otros sectores de la comunidad LGBTIQ+ que han sido marginados”, continúa Schneider. “Además, somos una sociedad que recién se está despercudiendo del conservadurismo, entonces nos ha costado mirar la radical exclusión, violación de derechos y precarización en la que se tiene a la comunidad LGBTIQ+. Yo creo que no se ha querido mirar esas cosas y se han hecho propuestas en esa línea”, analiza.
Sin embargo, desde la Fundación Iguales afirman que ir trabajando en varios frentes de manera simultánea es fundamental para progresar en términos de inclusión. “Si pensamos en contexto país, podemos decir que lo más importante es trabajar con población LGBTIQ+ que pasa hambre, frío o sufre de violencia física o psicológica permanente. Eso debería ser relevante, pero no quiere decir que no podamos avanzar en otras cosas, como el matrimonio igualitario. Es lo que tenemos ahora y es importante para mucha gente, no solo por el hecho de casarse, sino porque no podemos aceptar que el Estado haga esa diferencia ni que se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señala Isabel Amor.
Más allá de las diferencias en las prioridades, todos coinciden en que existe una variedad de demandas en la comunidad LGBTIQ+ que necesitan ser escuchadas por la clase política. Una de las más importantes es la prevención y erradicación de la violencia y discriminación. Según datos publicados por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en su XIX Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, en 2020 los casos y denuncias por homofobia y transfobia aumentaron en un 14,7% en nuestro país. Al respecto, existe una iniciativa en el Congreso que busca modificar y perfeccionar la Ley Antidiscriminación, que entró en vigencia en 2012. “La llamada Ley Zamudio no ha cumplido el objetivo de efectivamente hacerse cargo de la discriminación y violencia que vive la comunidad. En ese sentido, lo que hay que hacer, además de establecer sanciones más claras, es tipificar la discriminación en materia de identidad con claridad, pero también establecer una institucionalidad de prevención de violencia y discriminación, que tenga políticas en materia educativa, comunicacional y de intervención comunitaria”, analiza Emilia Schneider.
Otra de las temáticas relevadas por la expresidenta de la FECh es la del cupo laboral trans. En esa línea, a fines de junio se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca que un 1% de los cupos en las instituciones públicas sean ocupados por personas trans o travestis, permitiendo ampliar así sus horizontes en el mundo del trabajo. “Eso es urgente porque en nuestra comunidad, las mujeres trans mayores se dedican -en su mayoría- al trabajo sexual por falta de oportunidades. Además, en cuanto a la pandemia, hay que tener un foco en la reactivación, porque se ha hecho la vista gorda respecto a la precarización en términos de despidos, que se han producido en los trabajos informales y precarios que tiene nuestra comunidad”.
Además de eso, los activistas y organizaciones explican que se deben garantizar derechos sociales en su amplio espectro, como educación, salud y seguridad social. “Se vienen luchas que hay que dar para mejorar derechos sociales. Para eso, hay que seguir impulsando mesas de trabajo que permitan mejorar la inclusión laboral, particularmente trans; además de impulsar iniciativas que permitan que el tránsito de niños, niñas y adolescentes sea lo más amable posible. Además, hay que lograr que en Chile exista una educación sexual integral laica, que tenga garantías y otorgue información de acuerdo a la edad, que permita cuidarse y hacer preguntas correspondientes en espacios seguros”, analiza Isabel Amor.
Para lograr todo eso, dice Rodrigo Mallea, es importante apuntar hacia un cambio estructural que posibilite la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en todos los espacios. “El Poder Ejecutivo nunca se ha preguntado qué hacer para avanzar hacia un país inclusivo. Existen algunas políticas aisladas, entonces hay que avanzar a un compromiso de voluntad política de todos los poderes del Estado. Y eso tiene que implicar, primero, un prepuesto para la generación de estudios y estadísticas de la comunidad LGBTIQ+ que permitan analizar la realidad que vivimos a diario”, manifiesta. “Una segunda forma tiene que ver con el entramado institucional, porque si vemos los ministerios, no hay ninguno que trabaje el tema de diversidad sexual. La política pública LGBTIQ+ requiere de financiamiento, personal formado, un contacto con la sociedad y escuchar a las organizaciones sociales; no solo un curso, capacitación o cuña. En resumen, necesitamos una institucionalidad donde podamos tocar las puertas. Quizás con eso, nuestra realidad cambiaría profundamente”.
