Pese a que hay más hombres que mujeres empleados formalmente, más del 51% de las denuncias laborales en 2020 fueron interpuestas por ellas. El principal motivo, vulneración a la protección de la maternidad y no respeto del fuero maternal (3.680 demandas), seguido con mucha distancia por acoso laboral (675) y acoso sexual (279), de acuerdo a lo informado por la Dirección del Trabajo en 2021.

La discriminación por maternidad hacia la mujer se evidencia en el mundo laboral, una situación que no parece mostrar grandes avances en la última década. Un estudio también de la Dirección del Trabajo, analizó todas las denuncias de discriminación laboral por sexo emitidas entre 2008 y 2011, revelando que en 1 de cada 3, la maternidad era mencionada como posible origen de la discriminación, específicamente, el período en que la trabajadora está amparada por el fuero maternal. De hecho, más del 70% de esas denuncias se produjo en el período en el que comunicó su embarazo al empleador.

Un aspecto que llama la atención es que casi en un quinto de las denuncias, los acosadores (19,6%) corresponden a “varios superiores”, lo que da cuenta de un ambiente de trabajo hostil hacia la maternidad y se conoce como acoso moral institucional (Inspección del Trabajo, 2011). Es decir, no es sólo enfrentarse a una experiencia discriminatoria por parte de una jefatura en particular cuya visión individual pudiera resultar en un trato denigrante, sino que nos da luces de un sesgo organizacional hacia la mujer madre.

Si las empresas al día de hoy han incorporado o no una perspectiva de maternidad para prevenir que se sigan repitiendo estas prácticas de discriminación institucionalizadas, es difícil de determinar en tanto dependa únicamente de la voluntad del empleador. Ciertamente hay empresas que han integrado a su código interno medidas de protección y garantías para las trabajadoras que anuncian un embarazo más allá de lo que dispone la ley, pero las cifras reveladas por la Dirección del Trabajo nos muestran que no es suficiente.

Esa gruesa cifra de denuncias por discrimación a la maternidad, debiera al menos obligar a una acuciosa evaluación por parte de los Ministerios del Trabajo y de la Mujer y Equidad de Género, con el fin de generar propuestas legislativas que resulten en sanciones más efectivas y en programas de incentivo a la conciliación de maternidad y trabajo, que avancen en la erradicación de este tipo de discriminación. La transparencia en las empresas y los códigos que tengan para sus colaboradores son claves en este sentido.

Una sociedad próspera será aquella que reconozca en la maternidad un real valor social y vele por su ejercicio sin discriminación y sin perder de vista que hacerlo es combatir activamente no sólo las brechas de género sino también procurar mayor protección para los niños y niñas del país.