El auge de los criminalistas privados

Paula 1190. Sábado 2 de enero de 2016.

El perito criminalista Jaime Brieba (50) recorre paso a paso un terreno baldío en Panguipulli en el km 3 del camino hacia Los Lagos, donde unos niños hace un año encontraron muerto a Jonathan Martínez, "El gatito", de 25 años. Las hojas crujen bajo los pies de Brieba y él trata de imaginar cómo podría haber rodado hasta ahí el cuerpo, con el cuello cortado hasta la oreja, de espaldas, dando un giro en el aire hasta quedar con su cara inerte, mirando a Panguipulli desde lo alto, tras una pelea de borrachos en una cancha de fútbol el 21 de septiembre de 2014.

—Lo tiraron, como si lo volcaran desde una carretilla. No queda otra, afirma.

Desde esa mañana de 2014, ni la fiscal de Panguipulli ni el Servicio de Inteligencia Policial SIP de Carabineros han encontrado culpables. La madre del joven –a fuerza de kermeses y completadas– contrató los servicios de Brieba para saber la verdad y, de ser posible, encontrar a los culpables.

Y aunque el tiempo ha pasado y las vacas parecen haber cambiado el "sitio del suceso", Brieba aún tiene la esperanza de encontrar alguna pista.

–En otro caso, en Chonchi, ¡después de cuatro años! todavía encontramos huellas, asegura Brieba cuando investigaba lo que se informó como un ahogamiento accidental en el año 2011. A comienzos de año escarbó en el mar, revisó el cuerpo, la carpeta investigativa, encontró contradicciones por todos lados. Tras seis meses, dio vuelta el caso: era un asesinato con torturas. Fue removida la fiscal de Castro, carabineros de Chonchi acusados de obstrucción a la justicia y demostró la adulteración de la autopsia y un parte policial. Hoy hay un querellado por homicidio y secuestro, y el caso va a juicio oral pronto.

Así que en Panguipulli Brieba tiene todavía la esperanza de encontrar algo. La madre de "El Gatito" también.

En los tres días que visitó la ciudad pronto cercó a dos sospechosos principales: "El Sordo" y "El Conejo", de la misma población. Pero le faltaban las pruebas concretas para conectarlos al crimen.

—Todos los pequeños restos pueden servir para entender la mecánica de los hechos, dice Brieba.

En el terreno donde estuvo el cuerpo, encuentra una tarjeta cuenta rut. Para tomarla se coloca guantes quirúrgicos y la echa en una bolsita hermética rotulada: evidencia. Después sabrían que no tenía nada que ver en la historia. Pero así opera el investigador privado en la escena del crimen. Todo le sirve. No descarta nada.

Desde que se aprobó la Reforma Procesal Penal en 2002, los artículos 314 al 322 establecieron qué son los peritos privados y sus atribuciones en los juicios orales. "Personas que por su conocimiento en alguna arte, ciencia y oficio permitan comprender elementos relevantes para una causa". Y define que son privados: "todos los peritos que no son de una institución pública".

Tras 141 años del antiguo Código Penal chileno de 1874, esa reforma permitió que por primera vez investigadores privados pudieran investigar un crimen.

Pero irrumpir en el monopolio que por tanto tiempo han tenido la policía civil y Carabineros, no ha sido fácil. Genera celos, roces, suspicacias y permanentes disputas de autoridad con el Ministerio Público.

Al día siguiente que llegó Brieba a levantar pruebas a Panguipulli, un auto merodeaba las cabañas donde alojaba junto al perito Roberto Donoso y el fotógrafo Marcos Lertora, con quienes trabaja el caso. Por la tarde, un suboficial de Carabineros entrevistó a la madre de "El Gatito", Adelina Valdebenito, con una supuesta orden de la fiscal. Pero la entrevista no versó sobre el crimen, sino sobre Brieba: qué pistas tenía, qué le había comentado, cómo lo financia y qué pretende.

En otro momento, Brieba se encuentra cara a cara con el suboficial y le dice.

–Todos queremos lo mismo: aclarar la verdad. Y tenemos la potestad de la ley para investigar, usted sabe. Así que ojo. Ojo.

El carabinero sonríe y levanta los brazos como diciendo: "vengo mandado".

Jaime Brieba investiga en Panguipulli el caso de un joven que apareció muerto hace un año. Aún no hay culpables.

LAS HUELLAS DE PULGAR

La Fiscalía tiene la carga de la prueba. Según la ley, debe demostrar que el acusado es culpable, que hasta ese momento se presume inocente. Para ello Carabineros y PDI son los que investigan.

–La Defensoría, como no tiene potestad para pedir investigar a las policías en caso de dudas, recurre a criminalistas privados, dice el jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Francisco Geisse. La Defensoría pidió 629 peritajes criminalísticos privados el 2014. El año anterior, 425.

El mismo 2014 la Fiscalía encargó 58.939 peritajes a la PDI y a Carabineros. Lo que indica una notoria sobrecarga, que podría influir en investigaciones mal hechas y presunciones de culpabilidad apuradas, según los defensores.

–Lamentablemente en Chile, por herencia del sistema antiguo, por la presión de los medios y la campaña de inseguridad, hay más una presunción de culpabilidad antes que de inocencia –dice Geisse–. Sin embargo, no podemos volver a periciar todos los casos. Solo cuando hay indicios claros que puede haber otra hipótesis del caso, la defensa contrarresta la versión de la Fiscalía con un perito privado que revise el caso. También lo pueden hacer los propios imputados o víctimas en forma particular y, aunque son pocos casos, van en aumento.

De los 2.800 juicios criminales que se iniciaron el año pasado, en un 20% se usaron peritajes criminalísticos privados. La Defensoría Penal Pública gastó 927 millones en demostrar que la verdad, no era lo que parecía. Y en un 90% ganó el caso.

Jaime Brieba ya tenía 40 años cuando estudió criminalística. Mientras egresaba en 2008, se abocó a investigar el caso de Gervasio con ayuda de la hermana y uno de los hijos del cantante. Era su caballito de batalla para hacerse conocido en medio de la crisis de la carrera.

Eso ocurrió en el caso de un tiroteo que tomó el perito privado Francisco Pulgar en octubre de 2011. Cuatro jóvenes fueron detenidos por la PDI tras un tiroteo en Puente Alto. La policía los redujo a tiros tras huir de la detención. Uno recibió un disparo en la espalda, otro en un brazo y, un tercero, un tiro en la cabeza que lo dejó parapléjico.

–Pero ellos sostenían una versión que nadie creía: decían que habían sido bajados del auto y tiroteados cuando estaban tendidos en el suelo, dice Pulgar, quien desde 2009 es perito criminalístico en Santiago.

La Defensoría Penal de Puente Alto llamó a Pulgar en 2012 para chequear la versión. Pulgar incluso obtuvo del juez una autorización para entrar al cuartel de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto a periciar la patrulla que había recibido los disparos de los jóvenes.

–Eso fue un hecho histórico, dice Pulgar, que hoy suma un centenar de juicios en los que ha aportado peritajes criminalísticos. Pero no se lo hicieron fácil. Le pusieron todo tipo de trabas. Lo rodearon de policías, dice. Le obstaculizaron la salida.

Aún así, Pulgar tomó las fotos de la patrulla, reconstruyó las trayectorias de las balas con un láser y midió todos los ángulos posibles. Con muñecos de plumavit reconstruyó las trayectorias de los disparos que recibieron los jóvenes en su cuerpo. Aplicó todo el procedimiento científico. Y después de dos meses, elevó su informe.

–Cuando se terminaba el año para investigar –dice Pulgar– la misma Fiscalía de la Zona Sur dio un vuelco al caso y en vez de formalizar a los supuestos delincuentes, procesó a los tres detectives por intento de homicidio.

Pulgar determinó que tres oficiales de la PDI balearon a los jóvenes a mansalva. Uno dentro del auto cuando eran perseguidos; el otro, cuando estaba ya tendido en el suelo recibió el tiro en el brazo, la bala rebotó en el pavimento y se incrustó en la cabeza del tercero.

A comienzos de noviembre, dos funcionarios de la PDI fueron condenados a 15 y 12 años de presidio. Dice Pulgar:

–Uno no se siente orgulloso de mandar preso a un policía. Lo que da orgullo es haber sido capaz de aportar a demostrar la verdad. ¡Una persona se juega años en la cárcel, el otro joven quedó en silla de ruedas! Alguien tenía que investigar.

Porque no siempre la policía tiene la razón, aunque en Chile cueste todavía admitirlo, pese a que en miles de casos las policías logran rápidamente llegar a culpables con certeza.

–En unos pocos (caso Hagan, Hijitus de la Aurora, Haeger) una investigación defectuosa arruina casi toda posibilidad de justicia. O sacan conclusiones apresuradas, –dice Pulgar.

A mediados de noviembre, Pulgar perició el caso del joven Ignacio Pastene de 19 años, que supuestamente se suicidó lanzándose desde el sexto piso de un edificio en Huérfanos con San Martín, tras una riña en agosto de 2012. El departamento todavía tiene la cerradura rota, las ventanas flojas, solo las manchas de sangre en la pared fueron pintadas.

Esa noche hubo una pelea en el living, luego la pelea continuó en la calle. Ignacio, que pesaba 60 kilos y media 1,68, fue masacrado por su oponente de 1,80 y 80 kg y practicante de karate. Le fracturó la nariz. Luego Ignacio se encerró en su departamento. El oponente derribó la puerta y entonces, según Carabineros, sorpresivamente, Ignacio se lanzó al vacío.

–¡Pero no cayó derecho hacia abajo, sino hacia un costado! Desplazado 3 metros de la ruta que habría tenido un suicida. Con un papel higiénico en la mano con el que retenía la sangre de su nariz, –anota Pulgar.

Pulgar se asoma peligrosamente por la ventana del departamento y marca las líneas de caída. Y demuestra con un voluntario cómo habrían sido los movimientos que mejor explican lo imposible.

–Para mí lo que explica todos los detalles es que fue empujado en el contexto de un forcejeo, dice.

En un notebook muestra los detalles, la diagonal desde la puerta que pateó el imputado. Una animación en 3D, fotos, videos. Lleva meses trabajando el caso. Sin embargo, todo su material no fue aceptado por la fiscal, sin dar ninguna razón.

La hermana de Ignacio, Yenny Sotomayor, contrató a Pulgar después de pasar por dos supuestos peritos, uno de ellos un ex detective, "que solo querían sacar plata". Cuenta cómo la policía y la fiscal llegaron a la tesis del suicidio.

–Cuando llegamos esa noche que mi hermano murió, un capitán de Carabineros se demoró media hora en decirle a la televisión que fue suicidio. ¡Media hora! Y llamó por teléfono al fiscal con la conclusión hecha. Todo el mundo lo oyó. Desde entonces nadie los saca de esa tesis. ¡Pero se pueden haber equivocado, por qué no lo admiten! En la policía nadie admite un error. Lo mismo la Fiscalía. ¡No saben el daño que le hacen a la justicia! Yo antes creía que se hacían bien las cosas. Pero no, ¡media hora de investigación le dedicaron a la vida de mi hermano!

Como gran triunfo la familia de Ignacio logró que se ampliara en 45 días la investigación. Pero hasta el cierre de este artículo la fiscal no había ordenado ninguna nueva diligencia.

Pulgar se siente vigilado. No sale a fiestas. No bebe. No trasnocha. Sabe que cualquier traspié puede ser usado en su contra para desacreditar su aporte en un juicio.

LA VERDAD RELATIVA

Según las estadísticas de la Fiscalía Regional Metropolitana del Ministerio Público (que publicó Ciper en 2014) el 90% de los robos terminan en el archivo provisional por falta de pruebas.

–Ese dato por sí solo debería ser un escándalo en cualquier parte del mundo, dice Francisco Pulgar. –Algo no funciona o funciona muy mal. En Chile no faltan policías, sino especialistas que hagan mejores investigaciones.

Luego de implantada la Reforma Procesal Penal, que incluye la figura de peritos privados, todos pensaron que con ese vacío investigativo, se abría una gran posibilidad de trabajo. La carrera explotó en universidades e institutos. En 2006 había 40 mil estudiantes de criminalística. Pero luego que se evidenciara el escaso campo laboral y la falta de acreditación de algunos planteles, se terminó cerrando la carrera en todo Chile con demandas civiles contra las universidades y denuncias por publicidad engañosa. Fue un acabose.

En 2009 se produjo una estampida de estudiantes. Muy pocos criminalistas se titularon y menos aún son los que hoy ejercen. Brieba se quedó con 5 compañeros en la Universidad Santo Tomás a terminar la carrera antes que cerrara.

A Francisco Pulgar (52), que estudiaba Criminalística en la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem), cuando optó por terminar en vez de cambiarse, muchos lo tildaron de loco. Egresó en 2009 y tras ello, cerraron la carrera.

"Cuando llegamos esa noche en que mi hermano murió, un capitán de Carabineros se demoró media hora en decirle a la televisión que fue suicidio. ¡Media hora!, alega Yenny Sotomayor, quien contrató a Francisco Pulgar para encontrar pruebas de que su hermano fue asesinado.

Actualmente, solo el desconocido Instituto Profesional de Chile ofrece la carrera de Perito Criminalístico y la Universidad Central un magíster de balística. Ambos suman 60 vacantes y apenas 21 titulados en 2014.

–Fue súper difícil superar toda esa crisis, dice Jaime Brieba. –Pero yo tenía tan claro lo que quería hacer… que me lancé igual. ¡Esto es lo que quería ser!

Antes había sido cocinero internacional, pero siempre leía novelitas de detectives, se intrigaba por los casos que veía en las noticias.

Pulgar también lo sentía como su vocación. Antes fue enfermero militar, después administrador de edificios. Siempre quiso investigar, pero era imposible retroceder el tiempo e ingresar a la policía.

Cuando se tituló en 2009, montó la empresa Servicio de Atención a Víctimas, Criminalística SAV con vehículos y oficina. Pero no era su año: ocurrió el terremoto de 2010, se separó y con la polémica por las carreras de Criminalística, se arruinó y prácticamente solo le quedó la lupa y sus casacas tipo comando.

Pero insistió. La Defensoría Penal Pública de Santiago le dio a investigar un robo en un almacén.

–Un caso picante, un choreo de alimentos. Pero se demostró que el cuchillo era del almacenero y que el robo no era tal, cuenta.

Seis años después es uno de los más respetados peritos privados criminalísticos de Chile. Después, demostró que el auxiliar del jardín Hijitus de Vitacura no podría haber abusado de 77 niños, según contaban supuestamente los menores. No coincidía ni los objetos ni el tiempo.

Hoy lleva una docena de casos por encargo de la Defensoría Penal Pública: un ciclista atropellado por un juez. Un atropello en Concón. El caso del sindicalista Juan Pablo Jiménez, muerto de un tiro en la cabeza en San Joaquín, y la búsqueda del guía Kurt Martinson, desaparecido en San Pedro de Atacama. En este caso, recientemente encontró en el desierto un hueso de cráneo que podría aportar nuevos antecedentes.

Jaime Brieba ya tenía 40 años cuando estudió Criminalística. Mientras egresaba en 2008, se abocó a investigar el caso de Gervasio con ayuda de la hermana y uno de los hijos del cantante. Era su caballito de batalla para hacerse conocido en medio de la crisis de la carrera.

–Pensaba: si lo resuelvo tendré trabajo, si no, chao, de vuelta a la cocina, dice hoy.

Durante tres años buscó videos originales, fotos y revisó una y otra vez las pericias policiales. Gracias a sus informes sobre los nudos y la posición del cuerpo, demostró lo innegable: Gervasio había sido colgado después de muerto. 24 años después la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la causa como homicidio y en marzo de este año exhumaron el cadáver del cantante, muerto en 1990. Fue la demostración final, donde el forense Luis Ravanal evidenció que el hueso de la laringe estaba fracturado, como en los casos de ahorcamiento, pero sin hemorragia alrededor. Porque había muerto antes.

Brieba se hizo conocido gracias a ese caso, fundó ICP, Investigación Criminalística Privada. Lo comenzaron a llamar de otros lugares de Chile.

–Me di cuenta que había campo laboral. Mucha gente en Chile tenía dudas de las investigaciones policiales que cerraron sus casos a la rápida, pero contradecir a la policías o incluso acusarlas, llegado el caso, no es nada fácil, asegura Brieba.

Ahora va contra la Armada.

Recientemente tomó el caso del Sargento de la Armada Cristian Vega, que aparentemente se suicidó en el cuarto de armas de la Academia de Guerra de Valparaíso en octubre de 2011. El Laboratorio de Criminalística Lacrim de la PDI determinó un suicidio. Lo ratificó el fiscal y luego un juez militar de Valparaíso (marino también).

Ahora lo contrató la madre del sargento, porque hay demasiados detalles faltantes, imágenes de cámaras, balas en lugares imposibles y manchas de sangre contradictorias que la PDI no habría investigado o no quiso profundizar.

–Uno sabe que irse en contra de la policía y la Justicia Militar es difícil, pero no imposible, dice Brieba y confía en que reabrirá el caso. Si no, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la madre del marino.

Ahora en Panguipulli va por el mismo camino: no dejar ninguna pista sin recorrer.

–No puede haber un asesinato sin culpables. No debe. Aunque sea pobre, aunque sea como haya sido el joven. No es sano para el país, dice Brieba.

Pero no todos lo entienden del mismo modo, aún.

Carabineros de Panguipulli le sigue los pasos a Brieba. Si entrevista a un poblador, llegan detrás. Salimos de la casa de la madre del joven asesinado y un suboficial llega a visitarla.

Pulgar también se siente vigilado. No sale a fiestas. No bebe. No trasnocha. Las cosas delicadas solo las habla en persona por si le pinchan el teléfono. Sabe que cualquier traspié puede ser usado en su contra para desacreditar su aporte en un juicio.

Brieba, en Panguipulli, recibe el llamado de una mujer que necesita un investigador privado:

–Sí, sí –dice– pero no, gracias. Yo no persigo maridos infieles, gracias.

Pulgar recibe un mail de una persona que sufrió un robo en San Felipe y lleva meses esperando que pericien el lugar. Pulgar le dice a un asistente suyo también criminalista:

–¿Cuánto cobras por levantar unas huellas? ¿200?

Para bien o para mal, la percepción de falta de justicia, le está abriendo campo al investigador privado.