Fallas en anticonceptivos, ¿una cuarta causal de aborto?

Hace unas semanas, el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile propuso discutir una cuarta causal de aborto a propósito de una nueva falla en la potencia de los principios activos de los anticonceptivos Marilow, que se suman a otras cinco fallas reportadas desde 2020 de los fármacos Anulette CD, Minigest-15 y Minigest-20 y Serenata, siendo varios de ellos repartidos en el servicio público a miles de usuarias. Según calcula la Corporación Miles, sólo con la primera de las fallas en los anticonceptivos Anulette CD, alrededor de 240 mujeres quedaron embarazadas sin desearlo.

Si bien es muy pronto para calcular el impacto que los, al menos siete lotes de pastillas defectuosas de Marilow tuvo, parece urgente instalar el diálogo para que quienes fueron afectadas tengan algún tipo de reparación y para que las miles de usuarias de pastillas anticonceptivas tengan la seguridad de que el método anticonceptivo que elijan realmente esté funcionando. Una de las formas de hacerlo, es a través de la ley. Ya sea añadiendo una cuarta causal de aborto por falla farmacológica, interpretando ampliamente una de las causales de aborto ya existentes en la legislación actual, o fortaleciendo la farmacovigilancia.

Desde la Cámara Baja, la diputada y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Francisca Bello (CS), asegura que éste es un tema prioritario para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas, específicamente con la farmacovigilancia.

Y es que, según Javiera Canales, abogada y directora ejecutiva de la Corporación Miles, organización que defiende y promueve los derechos reproductivos de las personas, los entes reguladores de los fármacos que se reparten en el país actualmente no tienen las herramientas ni la capacidad para llevar un registro. “La farmacovigilancia para nosotros es una preocupación muy presente. Con el caso de Anulette nos enteramos de que en Chile hay una nula vigilancia porque el Instituto de Salud Pública (ISP) no tiene las facultades necesarias. Los laboratorios privados incluso tienen que autodenunciarse. En los servicios de atención pública tampoco hay un sistema informático adecuado para llevar el registro de los números de serie de los medicamentos, y no solo de los anticonceptivos, sino que de todos, incluso de las leches maternas que se entregan, algo muy grave, porque no se puede llevar a cabo ninguna trazabilidad en el caso de que el producto esté defectuoso”, explica.

Como parte de las acciones que se han tomado para evitar que estas fallas se sigan repitiendo, la diputada y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género asegura que “hemos oficiado al Instituto de Salud Pública (ISP) para preguntar sobre el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de dichas fallas, que ya son seis, y nos hemos reunido con varios colegios y organizaciones sociales para abarcar de manera más completa el acceso universal de anticonceptivos, tanto de corta como de larga duración”.

Actualmente, la legislación chilena admite tres causales para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo: el peligro para la vida de la mujer, la inviabilidad fetal de carácter letal y un embarazo por violación. Si bien proponer una cuarta causal sí es una opción, solicitar una interpretación amplia de la primera causal es una estrategia que no requiere nuevas legislaciones y que, teóricamente, sí ha funcionado.

“Esa es una estrategia que en Miles estamos utilizando desde el año 2021, cuando llevamos un caso ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por el caso de Anulette. Ahí se resolvió que el Servicio de Atención Primaria tenía que evaluar a la mujer afectada para determinar si eventualmente podía constituir o no la primera causal, pero como el proceso fue tan extenuante y agotador para ella, a las 10 semanas (y cuando ya tenía más de 24 semanas de embarazo), desistió.

Es probable que si se abre esta posibilidad de causal, el debate se centre nuevamente en elementos que revictimizan o culpan a las mujeres, como por ejemplo, demostrando que el embarazo se produjo por un error en el uso y no por una falla en la pastilla misma.

La ley habla del riesgo de vida para la madre y la guía técnica de acompañamiento de la mujer que interrumpe el embarazo habla de riesgo de vida inminente y no inminente. Lamentablemente los servicios de salud interpretan muy restrictivamente las leyes, porque nadie los ha capacitado ni tampoco hay una mirada amplia de lo que significa la vida y lo que significa el impacto en los proyectos de vida. Si tuviéramos un consenso entre el Ejecutivo y los servicios de salud evidentemente no se requeriría un litigio y someter a una mujer a plazos extensos de tramitación de un juicio”, asegura la directora ejecutiva de la Corporación Miles.

Respecto a legislar, la diputada Bello cree que con unión y articulación suficiente, podrían empujar una ley que responda a estas fallas. Sin embargo, el debate en torno a la despenalización del aborto no es fácil. “Siempre existe el discurso conservador, que hoy está permeando más que nunca en las instituciones. Existe en el Congreso una fuerza, como lo es el Partido Republicano, que quiere hacer retroceder muchos de los avances que mencionamos, esa es su agenda. Es probable que si se abre esta posibilidad de causal, el debate se centre nuevamente en elementos que revictimizan o culpan a las mujeres, como por ejemplo, demostrando que el embarazo se produjo por un error en el uso y no por una falla en la pastilla misma. Cualquier cosa que ponga en el centro la responsabilidad de la mujer y no el abandono o negligencia del Estado o los privados”, dice la diputada.

La gravedad de este asunto explica Macarena Filún, encargada del Departamento de Género del Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos, es que “frente a falla de calidad de los anticonceptivos, en Chile se está obligando a cientos de mujeres que los utilizan para la planificación familiar a asumir toda la responsabilidad, contradiciendo lo que la propia Organización Mundial de la Salud indica”.

Y no es para menos: el impacto que esta y otras fallas tuvieron en las vidas de miles de mujeres es importante, trascendental e irreparable. Como en la vida de Karina (20), que antes de terminar cuarto medio, a los 18 años y mientras se protegía con las pastillas anticonceptivas Anulette CD, tuvo que postergar sus estudios universitarios y ponerse a trabajar hasta el día de hoy en la panadería de su papá para poder tener el tiempo y el dinero para cuidar a su hija Paula.

O en la vida de María Eugenia (32), que tenía muy claro que no quería tener hijos y que soñaba con desarrollarse profesionalmente, viajar, armar un proyecto de vida e ir en busca de oportunidades en el extranjero junto a su marido. Sueños que se vieron postergados por una maternidad que nunca quiso, pero que hoy abraza.