Femicidio: El solitario camino de los familiares de las víctimas

Paula Valenzuela (33) recuerda el crimen de su hermana con pena y rabia. Hace un año, Soledad Valenzuela, de 29, fue encontrada asesinada en su casa en la comuna de Doñihue. De acuerdo a la investigación que llevó adelante la Fiscalía de Rancagua, se habría tratado del primer caso de femicidio no íntimo en el país, tras la entrada en vigencia de la Ley Gabriela en marzo del 2020. Así, el delito habría sido consumado por una pareja esporádica de Soledad que actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio oral.

Tras el femicidio de su hermana, la vida que llevaba Paula cambió radicalmente. Y es que, de manera inesperada, tuvo que asumir el cuidado y protección de los hijos de Soledad, de 13, 11 y 8 años. No solo tuvo que buscarles un colegio nuevo en Santiago -lejos de su ciudad de origen-, sino que asumir la custodia temporal de las mayores y destinar buena parte de sus recursos económicos a su subsistencia. “No he tenido el apoyo de nadie, y tampoco he recibido ayuda del Estado. A lo más, me asignaron un abogado para el tema del juicio del femicidio, pero ni eso, porque si no me preocupo de llamar yo, no sé nada del caso”, cuenta y agrega: “A nivel económico, antes no tenía una mala situación, tampoco excelente, pero vivía sola con mi hijo. Ahora, en cambio, he tenido que cambiar mi estilo de vida drásticamente porque nadie me ayuda. El papá de mis sobrinas no existe. He podido salir adelante solo con mis pegas y compatibilizando estudios, casa y trabajo”.

Actualmente, la situación en la que quedan los y las familiares de las mujeres que han sido víctimas de femicidio es, a lo menos, preocupante. “No hay programas integrales de atención en casos de femicidio que puedan venir a aminorar, dentro de lo que se puede, los impactos que tiene en una familia un asesinato como éste. No existen bonos ni reparación económica para los hijos tampoco. Además, alguien va a tener que hacerse cargo de las personas que estaban al cuidado de la mujer; asumir maternidades o paternidades que no estaban contempladas, y eso a costa de más precarización para las familias cuando ha habido negligencia del Estado”, analiza la abogada Paloma Galaz, especialista en materias de género y parte del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres. “A nivel estatal, existe un protocolo, donde se han ido integrando diversas instituciones con el tiempo, pero en cuanto a lo que tiene que ver con una oferta de reparación integral, en general, lo que existe es bastante precario”, puntualiza.

Esa oferta a la que alude Galaz es la que entrega el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), una red de coordinación conformada por diversas instituciones, entre las que se encuentran el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio Nacional de Menores, entre otros. El objetivo de la instancia, que comenzó a funcionar en 2009, es entregar apoyo psicológico, social y legal a los familiares de las víctimas. Así, se otorga tanto representación judicial, como atención terapéutica, mediante los Centros de Apoyo a Víctimas dependientes del Ministerio del Interior. Sin embargo, la abogada Paloma Galaz afirma que es un programa que, si bien funciona en lo básico, aún requiere de especialización en términos de reparación. “El Estado tiene que hacerse responsable, y no lo hace, o cree que lo hace con estas iniciativas pequeñas que obviamente aportan, pero no son una respuesta integral y eficaz, que es lo que exigen los estándares internacionales”, afirma.

Quienes quedan en una situación de mayor vulnerabilidad en estos casos son los niños, niñas y adolescentes (NNA) que son hijos de las mujeres que han sido víctimas de femicidio. Según datos de la Defensoría de la Niñez, publicados en su documento Seguimiento al cumplimiento de Compromisos del Estado, entre 2018 y 2019 hubo 515 NNA que fueron víctimas indirectas en casos de femicidio, y 107 que fueron testigos presenciales del asesinato de sus madres. “Hay que entender que las personas afectadas por la violencia de género son muchas, pero que la situación más grave y de mayor vulnerabilidad la viven los más pequeños. En general, la atención integral debería ser anterior, porque los hijos efectivamente quedan involucrados en estos círculos de violencia. Pero cuando la madre ya murió o sufrió un ataque grave, a manos del padre generalmente, ¿cómo se resuelve ese cuidado? ¿Con qué herramientas queda ese cuidador? En el mejor de los casos, los niños se quedan con sus abuelas. Pero también hay que pensar que ellas son mujeres que han perdido a sus hijas y que necesitan de apoyo”, analiza Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas.

Y no solo se trata de un apoyo psicológico robusto, sino también financiero. “Los niños y niñas de las víctimas quedan desamparados, porque se quedan con sus abuelos y muchos de ellos, viven con una sola pensión. Desde ahí, es difícil darles educación escolar o universitaria, con lo poco y nada que ganan. Como la mamá murió, y el papá está en la cárcel, nadie se hace responsable, entonces quedan a la deriva”, manifiesta Ana Fuentes, vocera de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Al respecto, en Argentina existe la denominada Ley Brisa, que comenzó a regir en 2018, justamente con la finalidad de otorgar una reparación económica para los hijos e hijas, víctimas indirectas en casos de femicidio, hasta los 21 años. “Es importante que el Estado pueda garantizar servicios mínimos a los niños sobrevivientes y eso incluye un conjunto de prestaciones, que no solo van por lo psicológico, sino que aluden a salud, vivienda, educación y justicia”, afirma Maturana. La directora de la Asociación de Magistrados y Magistradas y jueza de Familia de San Fernando, Natasha García, coincide: “Las compensaciones económicas se tienen que establecer desde un punto de vista integral, es decir, tienen que considerar las condiciones en las que quedan las familias”.

Una primera alternativa para poder solventar este problema, dicen desde la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, es que los bienes de la madre fallecida se traspasen legalmente hacia los hijos e hijas. Sin embargo, en la realidad, ocurre todo lo contrario y es el mismo victimario quien se queda con el dinero, que habitualmente es utilizado en su defensa particular. “Pasa que los femicidas venden las propiedades de la mujer o utilizan sus bienes para costear abogados. Porque, en esos casos, los bienes pasan a la persona viva, que puede ser el marido y papá de los niños, entonces queda todo para él. Esos recursos, deberían ser derivados a los hijos para que, en definitiva, los femicidas pierdan todo beneficio”, sostiene Ana Fuentes. Algo así le ocurrió a Paula Valenzuela que no pudo retirar los fondos de la AFP de su hermana porque legalmente le correspondían al marido, con quien ya estaba separada antes de su muerte. “Si hago el trámite, le darían la plata al papá de las niñas que lleva 11 años desaparecido. Además, en términos económicos, mi hermana tenía plata en el banco que tampoco puedo sacar porque también se la darían a él, que además tiene una denuncia por violencia intrafamiliar. Yo prefiero que se pierda, antes que la use él”.

Otro de los inconvenientes que acusan desde la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio tiene que ver con relación directa entre el padre -acusado de femicidio- y sus hijos. La abogada Camila Maturana lo explica así: “Cuando los casos están en investigación, no hay una regulación clara que defina que esos niños requieren de protección y que no deberían tener una relación directa con el padre. Puede, incluso, que ellos hayan quedado viviendo con él, que es un agresor. Eso sucede. También pasa que en situaciones de femicidio frustrado, los padres siguen manteniendo una relación con los hijos. Ahí no siempre es expedita la actuación de los Tribunales de Familia para proteger a los niños del contacto con el sujeto agresor. O los jueces determinan que es necesaria esa relación regular sin atender que esa violencia que se ejerció contra la madre, se puede ejercer con los hijos también”. Sin embargo, Natasha García afirma que -en cuanto se determina el delito de femicidio- los Tribunales de Familia, en general, suspenden ese régimen de relación directa.

Para dar respuesta a estas demandas, la diputada Karol Cariola -con el apoyo de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio- presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que busca proporcionar una reparación integral para víctimas de femicidio y sus familiares. La iniciativa -que aún se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión Mujeres y Equidad de Género- no solo contempla indemnización para las familias, sino también la suspensión de los derechos parentales y hereditarios de los victimarios, además del establecimiento de un fuero laboral durante la investigación judicial del delito.

Para que la reparación integral prospere, la abogada Paloma Galaz sostiene que es fundamental una inyección de recursos. No solo para implementar nuevas medidas, sino para mejorar las que ya se encuentran en marcha. “Actualmente, siguen habiendo nudos críticos. Por ejemplo, en temas de salud mental psiquiátrica, son los equipos los que han hecho coordinaciones con instituciones de salud para poder hacer derivaciones porque no son cuestiones que para el Estado, en su conjunto, sean prioritarias. Entonces acá debiesen haber recursos para que las familias tengan una reparación integral, en todos los ámbitos, aunque sabemos que nada va a reparar realmente. El dolor no va a desaparecer y la mujer no va a revivir. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar de brazos cruzados”.