La invisible realidad de mujeres en las cárceles de Tarapacá

La extrema aridez pareciera ser más que un elemento del paisaje en la región de Tarapacá. Aridez, sinónimo de sequedad, agostamiento, desolación y abandono.

Abandono, como el que viven muchas mujeres privadas de libertad en el país, sin embargo, en esta región, la situación es aún más notoria. La mayoría de ellas está detenida de manera preventiva por delitos asociados al tráfico. De las 551 encarceladas en la región, 343 son extranjeras –en general, provenientes de Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú–, sin redes de apoyo en el territorio nacional. Mujeres que se enfrentan a distintas dificultades.

Karina Reyes Gálvez, jefa de estudios de la Defensoría Penal Pública, comenta que en esos casos “es difícil la comunicación con familiares en su país de origen; no tienen recursos y, al no tener redes de apoyo, tampoco pueden postular a penas sustitutivas o a beneficios intrapenitenciarios”.

Una investigación llevada a cabo en 2019, por ejemplo, mostró que el acceso de esas mujeres extranjeras privadas de libertad a la justicia es limitado, porque prácticamente no existen contactos con los consulados de sus países, una instancia fundamental para la comunicación con sus familiares. “Los problemas se acentúan por la condición de lejanía y, muchas veces, de desconocimiento por parte de la familia, y por las propias diferencias institucionales entre un sistema judicial y otro”, añade el estudio.

Estos problemas afectan otras dimensiones del día a día de las reclusas. Ninguna de ellas –nacionales o extranjeras– tiene, por ejemplo, acceso garantizado a productos de higiene personal, ya que estos no son proporcionados por Gendarmería. Ante esa situación, lo más típico es que sean los familiares quienes se los provean al momento de las visitas o por medio de encomiendas.

“Si tenemos una interna chilena que tiene familiares o amigos que la van a ver a la cárcel, ellos pueden llevarles artículos de higiene personal, pero las internas extranjeras tienen dificultades con esto”, detalla Carlos Barreto, encargado regional de Derechos Humanos de Gendarmería.

Las regulaciones internacionales han hecho hincapié en la urgencia de contar con productos de higiene personal –desde champú, jabón y pasta de dientes hasta toallas sanitarias– al interior de las cárceles. “Deberán contar con los medios y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua”, sostienen las Reglas de Bangkok, normas para el tratamiento de reclusas a las cuales el Estado chileno se ha comprometido en cumplir, pero que en la práctica no ha hecho.

Los insumos de higiene personal han pasado a ser un privilegio al interior de las cárceles de Tarapacá. En muchos casos, solo se puede acceder a ellos por la solidaridad entre las mismas internas o por la buena voluntad de funcionarias de Gendarmería, quienes deben salir a buscar grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil para que suplan esa necesidad.

En esa situación se encuentran hoy. Ante la urgencia levantada por Gendarmería, la Red Acción Carcelaria (RAC) está haciendo una campaña de donación de 530 kits de higiene a las mujeres privadas de libertad en Tarapacá. Se trata de la tercera iniciativa de este tipo, desde 2020, en la región.

Los kits incluyen, entre otras cosas, toallas higiénicas, champú, bálsamo, desodorante, cepillo y pasta de dientes, papel higiénico, mascarillas y toallas húmedas.

Cataliza Rozas, directora ejecutiva de RAC, menciona que además de esos kits, se llevarán a cabo talleres de salud sexual y reproductiva en las cárceles de la región, con el fin de promover su autocuidado y autonomía. En su opinión, esto, sumado a los insumos de higiene personal permite “establecer un piso mínimo de dignidad que es fundamental para los procesos de reinserción, lo cual también se traduce en más seguridad”.

Pero siempre se necesita más apoyo, porque cada uno de los productos, en algún momento, se termina. Y se vuelven a necesitar nuevos. Lo que, a su vez, vuelve a dejar en evidencia el abandono en el que se encuentran las mujeres extranjeras privadas de libertad.

La falta de higiene afecta la integridad física y psíquica de las mujeres privadas de libertad.

En 2022, el departamento de Derechos Humanos de Gendarmería realizó, como proyecto piloto, la entrega de copitas menstruales a todas las internas que participaron de actividades de capacitación al respecto. Un año después, contestaron una encuesta y muchas contaron que siguen usándolas, aunque otras, por temas culturales y/o desconocimiento, no las utilizan.

Al momento de hacer esas actividades, los encargados de DD.HH. también pudieron acercarse más a la realidad de las mujeres. La falta de higiene suele ser una de las muchas caras de la crisis invisible de las reclusas y en general no se tienen datos al respecto, salvo por lo que dicen ellas mismas o los funcionarios.

“Pero como pasa con la generalidad de las personas privadas de libertad, se les pregunta poco sobre sus necesidades, lo que hace con que las esas mujeres vivan estas vulneraciones en silencio, impidiendo dar cabida a la experiencia cotidiana para avanzar en esta materia”, menciona la Red Acción Carcelaria.

Carlos Barreto reconoce que esto es así. “Muchas internas nos contaban que si es necesario pueden estar uno o dos días sin bañarse, pero que estar uno o dos días sin toallitas y sin productos de higiene era imposible”, recuerda. “Es algo que no se suele pensar, porque quienes vivimos fuera de la cárcel podemos comprar nuestros productos, sabemos cuánto nos dura un champú y salimos a comprarlos. Pero en el caso de ellas, particularmente de quienes son extranjeras, no pueden hacerlo”, agrega.

En ese sentido, el encargado de DD.HH. hace hincapié en que no se debe agraviar más la situación que ya significa la privación de libertad. “Esa es la pena. Cualquier otra cosa que agrave esa pena -como la falta de productos de higiene personal- debe ser motivo de preocupación”, concluye.